Los centros de pruebas donde se realizan los test de coronavirus en Francia están saturados hasta el punto de que una veintena de ellos se han declarado en huelga desde el martes para exigir recursos adicionales. A su vez la circulación del virus en el transporte público, las escuelas y universidades tienden a crecer con el regreso al trabajo y el comienzo del año escolar, especialmente porque no se han establecido medios para evaluar de manera efectiva a la población, proporcionar máscaras gratis y permitir el cumplimiento de las reglas distanciamiento social. La alta tasa de transmisión del virus en Europa es motivo de preocupación para la OMS.
El ministro de Salud francés, Olivier Véran, dio una declaración el jueves pasado intentando llevar serenidad y apoyar la estrategia sanitaria del Gobierno. Ante la evidente escalada de casos le pasó la responsabilidad a los gobiernos regionales y dijo que confiaba en que los prefectos tomarán medidas locales "para detener la circulación del virus y limitar su impacto en el sistema de salud", al mismo tiempo que anunciaba que no pensaban cerrar las escuelas y centros de estudio a la primera alerta.
El diario L’Obs lo interpretó a su manera titulando: "Las clases ya no estarán cerradas para un solo estudiante que haya dado positivo".
A pesar del intento del ministro de llamar a la calma, las escuelas están particularmente expuestas a la circulación del virus, mientras que las máscaras que el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición del personal de las escuelas primarias y secundarias, son en muchos casos ineficaces.
La política del Gobierno es mantener las escuelas abiertas el mayor tiempo posible para permitir que los padres y madres sigan trabajando, independientemente de los riesgos. Responde así a las demandas de los grandes empresarios expresadas por la voz del presidente de Medef (cámara empresarial), Geoffroy Roux de Bézieux, quien declaró el 13 de septiembre en FranceInfo: "Debemos lograr vivir con esta pandemia" y amenazó con que un reconfinamiento produciría "un colapso de la economía" hasta el punto de que “no habrá más dinero para pagar la seguridad social”.
En cuanto a los test, la única solución que permite romper las cadenas de contaminación según la OMS junto al uso de una máscara, Jean Castex se jactó la semana pasada de que "somos el tercer país de Europa que más pruebas realiza". Sin embargo, cualquiera que haya intentado hacerse la prueba en los últimos días habrá notado que las colas frente a los laboratorios son muchas veces interminables, cuando los centros médicos simplemente no suspenden las citas por falta de capacidad para continuar con las pruebas. Los propios resultados tardan varios días o incluso una semana, durante los cuales los trabajadores no pueden dejar de trabajar, aunque hayan estado en contacto con una persona contagiada.
"Nuestra plataforma técnica es capaz de hacer 1.500 pruebas por día y estamos en 5.000", le dijo a Le Figaro un asistente de laboratorio, delegado sindical de la CFDT en la empresa Biofusion, uno de los 21 laboratorios en huelga en toda Francia, donde el personal pide aumento salarial, bonos extraordinarios y recursos adicionales a expensas de los grupos farmacéuticos privados que recaudan miles de millones. Porque eso es lo que el Gobierno se niega a hacer: poner los recursos al servicio del sistema de salud afectando los intereses de las grandes empresas privadas.
“Estaremos listos”, había dicho en julio el presidente Emmanuel Macron en referencia a una segunda ola de la epidemia. Sin embargo, desde entonces, nada ha cambiado, y la situación actual es aún peor que la previa. Mientras que la OMS alerta sobre el nivel de transmisión del virus en Europa, y que el repunte de la pandemia entre contagios y muertes en las últimas 24 horas han alcanzado un nivel récord desde mayo, el Gobierno se sigue centrando en medidas represivas, como las 45.000 multas de 135 € repartidas por el incumplimiento del uso de máscara. Peor aún, contra el consejo de la OMS, Jean Castex anunció la reducción del período de cuarentena de quincena a siete días. Mientras que las medidas de distanciamiento social impuestas brutalmente por la policía están hoy respaldadas por una ofensiva de seguridad en los barrios obreros teñida de una fuerte dosis de islamofobia, como la prohibición de fumar narguile en algunos lugares públicos, como los decidió en Saint-Denis el alcalde del Partido Socialista, en nombre de "la lucha contra la propagación del virus".
Está claro que todo en el discurso del Gobierno busca responsabilizar por la propagación de la epidemia a las personas, en particular los pobres, mientras que no se disponen todos los medios para garantizar fondos en el sistema de salud pública y condiciones seguras en el transporte público, escuelas o universidades. Al mismo tiempo, Emmanuel Macron anuncia un plan de estímulo de 100 mil millones para distribuir beneficios a las grandes empresas.
En este sentido, el enojo del personal de la salud que se expresó durante la Ségur de la Santé (ronda de consultas del Gobierno con el personal sanitario) o en las actuales huelgas en los laboratorios, y las protestas de los trabajadores de la educación, muestran la bronca acumulada por los trabajadores en Francia.
Al igual que durante la primera ola de la epidemia, esta segunda demuestra una vez más que el Gobierno y la gestión capitalista de la crisis no permitirían detener la catástrofe. La solución sólo puede venir desde los propios trabajadores exigiendo que se destinen recursos adicionales a la salud, mascarillas gratuitas, centros de pruebas en escuelas, universidades, transporte y lugares de trabajo. Asimismo, la gestión catastrófica por parte de los laboratorios muestra que para un plan de testeo racional, los grupos privados de salud deben ser nacionalizados de manera urgente y sin indemnización, bajo el control del sus trabajadores y en el marco de un sistema de testeo y detección único, centralizado y público a escala nacional. Esto es esencial para que a diferencia de la primera ola, esta vez nuestras vidas sí valgan más que sus ganancias.
El fracaso de la reciente jornada de huelga intersectorial convocada por la CGT el jueves 17 de septiembre mostró los límites de las acciones aisladas y sin continuidad, y la ausencia de un plan de lucha coordinado para construir un movimiento huelguístico capaz de doblegar al Gobierno. Nuevamente muestra la necesidad de un programa que articule las demandas para superar la crisis social junto a las demandas relacionadas con la crisis del sistema de salud, sin concesiones ni mesas de diálogo con el Gobierno y los empresarios, como vienen sosteniendo las burocracias sindicales. Esta es la única manera de que los trabajadores y sectores populares no paguen las consecuencias del colapso del sistema de salud pública y la crisis de la economía capitalista. |
