Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, venían denunciando que la Agencia Federal de Inteligencia macrista los estaba espiando mientras reclamaban por conocer qué pasó con los tripulantes del ARA San Juan.
Fue la interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño, quien presentó este miércoles, a primera hora, una denuncia ante la Justicia federal de Mar del Plata. Por eso mismo Caamaño solicitó que citen a indagatoria al expresidente Mauricio Macri y a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Según se conoció, los informes del espionaje datan entre enero y junio de 2018, se realizó un seguimiento sistemático, con fotografías tomadas a actividades realizadas por familiares y a sus referentes, en lugares como la Base Naval de Mar del Plata o en el Consejo Deliberante.
Isabel Polo, hermana del cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, sostuvo: “Esto me deja claro que desde el gobierno que se fue nunca se quiso rescatar (a los tripulantes), porque en vez de ocupar su tiempo y presupuesto en buscarlos, lo gastaron marcándonos a nosotros como si fuéramos un peligro latente”.
Por la tarde, desde la Casa Rosada, el ministro Agustín Rossi y Cristina Caamaño brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas.
Ambos funcionarios respondieron las preguntas, sin aportar muchos más datos de los que ya habían circulado en la prensa. Uno de los periodistas consultó, si ante el espionaje ilegal que había sufrido la familia de Santiago Maldonado, no cabía la posibilidad de que se encontrara en los edificios de la AFI material sobre esto. Caamaño sorprendió con la respuesta, sostuvo que no se podía descartar que un día abran una computadora y se encuentren con más materiales.
Es probable que esta respuesta desconcertará a más de uno. Es legitimo esperar, que una interventora de la AFI, que denuncia el megaespionaje macrista, respondiera que estaban dispuesto a buscar en todos los edificios del organismo los archivos de los espionajes ilegales, sin orden judicial, pero también todos aquellos que son sensible a las víctimas del último golpe militar, que todavía no saben dónde están enterrados sus familiares, y que hay más de 400 personas que continúan expropiada.
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