Seguramente Juan Ameri nunca imaginó que su momento de mayor estrellato coincidiría con el de su ocaso. Dos veces fallido candidato a concejal en Salta, encontró un lugar en la Cámara de Diputados gracias a la renuncia de quienes lo precedían en la lista sábana. Ventajas de la rosca política. Este viernes por la madrugada, tras haber protagonizado el escándalo parlamentario del año, renunció.
En las horas previas, atendiendo a una suerte de cadena nacional, Sergio Massa sobreactuó su indignación en defensa de las instituciones. “El diputado desprestigió a la clase política toda”, repitió a quien quisiera oír. Su preocupación no resulta infundada.
Alrededor del mundo, la casta política que gestiona el Estado capitalista sufre un creciente cuestionamiento. La emergencia de los llamados “populismos” y el despliegue del discurso antipolítica encuentran sus raíces en las constantes concesiones ante el gran poder económico. Hechas, siempre, en detrimento del interés de las grandes mayorías.
En estas tierras, es la derecha empresaria la que hace bandera del tema. El PRO y Cambiemos nacieron apelando a un relato ideológico que oponía “gestión eficiente” a “política”. Ese discurso se revitalizó en los meses de pandemia. La respuesta peronista fue, palabras más palabras menos, una defensa corporativa de la casta política. No viene mal recordar que ambos espacios rechazan desde siempre discutir el proyecto del Frente de Izquierda que propone acotar el ingreso de funcionarios y legisladores a lo que cobra un trabajador.
Hay escándalos… y escándalos
El pudor que recorrió la Cámara Baja opera con potentes restricciones. No emerge, por ejemplo, a la hora de analizar la dramática situación que viven millones jubilados y jubiladas, recordada en el recinto por Nicolás del Caño (PTS-FIT), durante la opacada discusión sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Tampoco se presenta, por ejemplo, ante la canalización de recursos estatales hacia el gran empresariado. Sin su propio Ameri y con mucho menos rating, el Senado retomó el miércoles el debate sobre la Ley de Economía del Conocimiento, una norma que debería provocar un verdadero escándalo: envuelve beneficios fiscales para algunas de las personas más ricas del país. Léase Marcos Galperin de Mercado Libre.
En ese contexto, no sorprende el intenso lobby patronal contra del impuesto a las grandes fortunas que este viernes logró dictamen en la Cámara Baja. Daniel Funes de Rioja, eterno apóstol de las causas de su clase, se despachó en los medios afirmando que $ 200 millones de pesos “no constituye una gran fortuna”. Después de la capitulación oficialista ante los vaciadores de Vicentin, el gran capital siente cierto aire de impunidad.
Esas tensiones tienen como trasfondo una crisis social, económica y sanitaria que no cesa de acrecentarse. El gran capital busca imponer su agenda e intereses. El oficialismo responde con efusivos discursos y moderadas medidas. De conjunto, en los meses de pandemia, el fiel de la balanza se inclina en favor del gran empresariado.
Agreguemos: la negociación abierta con el FMI anticipa una mayor agudeza de los problemas estructurales del país. Una continuidad de la subordinación estructural a las grandes potencias imperialistas. Las restricciones a la compra de dólares solo vienen a ilustrar la continuidad de esa dependencia, cuyo nombre técnico es restricción externa.
Enfrentar ese destino de decadencia implicaría un programa radicalmente opuesto. Una perspectiva que, a la sagrada defensa de la propiedad privada -agitada por la derecha y aceptada por el oficialismo- oponga un programa de ataque a los intereses del capital, empezando por el desconocimiento soberano de la deuda pública, como paso necesario a enfrentar el poder de los grandes monopolios sobre la vida nacional.
Antes de que Ameri copara las pantallas, la agenda nacional asistía a la ampliación de la llamada grieta. De un lado y del otro, palabras fuertes en reemplazo de los llamados dialoguistas.
En la semana que termina, el presidente lanzó dardos venenosos contra “los medios”. La gran corporación periodística se defendió con una aclaración que funciona como confesión: no hace “periodismo militante o periodismo de guerra”.
En otro terreno, el de la casta judicial, la oposición derechista encontró en la defensa de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli una bandera para flamear. Aunque raleada, una manifestación ocupó la puerta de los tribunales federales el miércoles, continuando la presión mediática ejercida contra la Corte Suprema.
La novela de los tres jueces parece tener poco encanto más allá de las minorías intensas. Pero son éstas las que apuran la marcha hacia 2021. La política nacional, constituida en base a coaliciones inestables, pero más o menos permanentes, se nutre más de los halcones que de las palomas.
Sin embargo, los extremos no progresan en el vacío. La grieta se nutre de la creciente fractura social, aquella que se contabiliza en el escalofriante número de desocupados y desocupadas. O en los datos dramáticos de la pobreza y la desigualdad.
O en la emergencia de un reclamo -tan potente como postergado- en relación a la vivienda. Las cien hectáreas ocupadas por miles de familias en Guernica son la radiografía de una crisis que se arrastra y profundiza hace décadas. Son la confesión de la impotencia de todas las coaliciones políticas burguesas para garantizar un derecho que ofrece rango en su misma Constitución.
Esa desatención no es resultado de la desidia. No se trata de “errores”, sino de la decisión consciente de privilegiar los negocios del gran capital en el sector inmobiliario. Por estas horas, la presión del Gobierno de Kicillof sobre los ocupantes de tierras en el sur del conurbano se direcciona a garantizar la futura construcción de lujosos countries.
La única salida progresiva y realista a la crisis habitacional que allí se evidencia pasa por declarar esas tierras de utilidad pública, en función de su expropiación para desarrollar un plan de vivienda. La única fuerza política que hoy sostiene esta perspectiva es el Frente de Izquierda.
“Fue un líder nacional y popular, trabajador entre los trabajadores, patriota convencido. Por todo eso hoy recordamos y homenajeamos a José Ignacio Rucci, trabajador por la concordia, la justicia y la dignidad”.
Las palabras elogiosas las pronunció el diputado macrista Francisco Sánchez, del PRO neuquino. Fue también este jueves, horas antes de que Juan Ameri eclipsara a sus pares. Lo novedoso del asunto es que el jerarca sindical asesinado el 25 de septiembre de 1973 fue reivindicado por todos los bloques mayoritarios, con matices menores.
Demás está decir que esas alabanzas se basan en el ocultamiento o en la ignorancia directa de la historia nacional. El líder metalúrgico ocupó un lugar destacada en la derecha peronista que preparó y ejecutó la Masacre de Ezeiza contra la izquierda de su propio movimiento y la amplia vanguardia obrera y juvenil que luchaba por una sociedad distinta al capitalismo.
Tal vez el recordatorio de aquel burócrata puede ser leído como un reconocimiento -consciente o no- al papel que cumple la dirigencia sindical por estos días. Los garantes de la “concordia” se hallan en la cúpula de todas las centrales gremiales. La casta política burguesa -oficialista y opositora- le debe gratitud.
Mientras la derecha, con total impunidad y prepotencia, toma las calles para imponer su programa -cosa que logra con relativo éxito- las organizaciones de la clase trabajadora le atan a ésta las manos a la hora de responder los recurrentes ataques patronales.
La urgencia, frente a la creciente crisis social, pasa por imponer una perspectiva distinta, donde los reclamos de la clase trabajadora y el pueblo pobre también bajen a las calles para pelear agenda. Las centrales sindicales deben abandonar la monstruosa tregua que sostienen y girar hacia esa perspectiva. Culminando en el Obelisco, ese es el camino que planteó la jornada nacional de lucha del pasado 17 de septiembre.
