El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 -cuando ganó el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales-, le dio amplio margen político para definir las reglas del juego de su gobierno que, por los cambios que realiza contra gran parte de los “usos y costumbres” del sistema político mexicano, denominaría la Cuarta Transformación en continuidad con las transformaciones previas -independencia, revolución y reforma-.

Para diferenciarse de lo que ha llamado la “mafia del poder” que por décadas ha gobernado el país tenía que mostrar algunos cambios que justificaran la idea de la “transformación”.

AMLO, como el enfant terrible del sistema que lo procreó, no iba a destruir esas instituciones que han garantizado la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, y han permitido una gran concentración de capitales en las manos de unos cuantos, provocando una gran desigualdad social.

Pero algo debía cambiar en la forma para que en el fondo todo siguiera igual. Por lo que, a diferencia de los gobiernos abiertamente neoliberales, otorgó ciertas concesiones formales a las masas y modificó las formas de acordar entre el gobierno y los empresarios. Es decir, un cambio en la regla del juego donde la prepotencia empresarial ya no se expresaría en los Pinos cómo antes.

Esta nueva forma de la política afectó también los negocios y privilegios de los llamados intelectuales orgánicos que se beneficiaron del poder, al tiempo que aparecían como los publicistas -y justificadores ideológicos- de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.

Estas acciones de la 4-T que acabaron con una parte de los muchos privilegios de estos sectores de la derecha, más las formas confrontativas del presidente (que bajo otros rubros también afectó a lxs trabajadorxs), crearon mucha polarización y cuestionamiento reaccionarios a su gobierno.

Con tantos elementos a su favor para poner en la picota a los que se enriquecieron y entregaron el país a los capitales trasnacionales, empezó a hacer propaganda señalando a los causantes del actual desastre nacional.

Pero no bastó, el ataque por derecha se recrudeció y los medios (escribanos adictos al poder) y la intelligenza orgánica que ha sido el soporte ideológico de las decisiones del Estado y del carácter capitalista del mismo, empezaron a levantar una ofensiva destituyente. Lo cual refleja la ideología de estos sectores que, a dos años de un gobierno elegido con una enorme ventaja de votos sobre los partidos contendientes, y con una importante legitimidad, ya piden su renuncia. Incluso, buscan crear, de manera muy forzada, un ambiente parecido al que rodeó a gobernantes como el venezolano Hugo Chávez; los más ultraderechistas (como FRENA) hasta tildan de “comunista” al presidente López Obrador.

Los fines de la consulta

El objetivo de AMLO al impulsarla es fortalecer su figura para revertir el desgaste a que lo han sometido, tanto los aspectos más reaccionarios de su política, como de sus roces con ciertos sectores empresariales a los que busca imponer una nueva relación de fuerzas. Esto en un contexto adverso de fuerte deterioro económico.

Pero no apunta solamente a fortalecer su base social y a atenuar el impacto de su evidente subordinación al gobierno estadounidense de Donald Trump, sino a impulsar una nueva política de masas en base una supuesta “democracia participativa”.

El fallo de la Corte sobre la consulta es un hecho histórico que tiene un gran impacto en la conciencia de masas y llevar a muchos a pensar que eso muestra un cambio de régimen político.

Pero su objetivo presumiblemente no sería meter a la cárcel a los ex presidentes; es exponerlos, recrear en la conciencia histórica las atrocidades de todo tipo que cometieron los gobiernos de los partidos tradicionales durante y después del priato. Con una mayor estigmatización de esos partidos que fueron duramente rechazados por el electorado en el 2018, López Obrador pasa a la ofensiva intentando que no se recompongan de su crisis de representación y lleguen más expuestos a las elecciones del 2021.

Con la bandera de la lucha contra la corrupción, se erige como el “justo” ante esta población burlada, frustrada e impotente por la impunidad con que la sometieron los gobiernos pre y neoliberales -la Matanza de Tlatelolco, la “guerra sucia” en los 70-80s, el fraude electoral de 1988, el desmantelamiento del “Estado benefactor”, de devaluación del peso en 1994, el Pacto por México, el escándalo de Odebrecht, etc.-. Y aunque su propuesta de consulta haya sido reformulada por el fallo de la Corte, permite a grandes sectores de masas sentir que se erigen en jueces de los que tanto las burlaron impunemente. Como si con la 4T la población trabajadora gozara el reino de la democracia.

Si bien es una maniobra táctica, en cierto modo expresa algo de estratégico, pues aunque AMLO sabe de la complejidad del proceso para meter a la cárcel a algún ex presidente, se monta sobre las aspiraciones de las masas para abonar en su proyecto transexenal.

Al mismo tiempo, este regalo de participación democrática a los ciudadanos -hacerles creer que en ellos está la decisión de enjuiciar a los malos presidentes-, le sirve como atenuante -con todo lo que haya que relativizar- ante la situación económica que, pese a ligeros repuntes en algunas áreas productivas, no es a la recomposición en lo inmediato. Su discurso y algunas acciones con relación al caso de los normalistas de Ayotzinapa -cuyas críticas de “los padres” son menos fuertes ahora-, es parte de este intento de ilusionar a importantes sectores de masas. Así, López Obrador actúa como el alter ego de los sin voz.

La consulta, aunque no sea vinculatoria, actúa también como una forma de referéndum a su gobierno. Por eso AMLO pretendía que se realizara el mismo día de las elecciones intermedias del próximo año.

Una Corte relegitimada

Este fallo le lava la cara a una Suprema Corte siempre tan subordinada al Poder Ejecutivo y convalidadora de la política y los negocios de los gobernantes. Sus altísimos sueldos y canonjías, son una recompensa a sus jurídicos servicios.

Y es que, pese a las presiones ejercidas por AMLO sobre la Corte, y el contar con el ministro presidente como Arturo Zaldívar a su favor, la votación de seis ministros aprobando la constitucionalidad de la consulta y cinco en contra, mostró un fallo muy dividido. A lo que se sumó que los ministros cambiaran la formulación de las preguntas de la consulta propuesta por López Obrador, donde ocho votaron a favor y tres en contra.

Por más reclamos de los medios, los partidos de oposición y la intelectualidad de derecha, no se le puede acusar a López Obrador de subordinar al Poder Judicial. Se muestra sí, una Corte más favorable a los tiempos de un “nuevo régimen”, el de la Cuarta Transformación. En términos generales podemos decir que con su fallo la Corte “salvó el honor”.

Sin embargo, contra el estridentismo derechoso y la polarización de FRENA, este fallo le permite a la Corte verse más cercana a algunas demandas populares. Es decir, esta “democracia participativa” ultralimitada y circunscripta a lo que el gobierno quiere fortalece al poder judicial, uno de los pilares del sistema republicano.

En este contexto y ante el golpe de la crisis sanitaria y económica contra las mayorías es fundamental la movilización del pueblo trabajador, independiente de los partidos del congreso y del gobierno, para conquistar sus justas aspiraciones de juicio y castigo para los responsables de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y para los saqueadores del país.

No. No es La Corte del Rey Arturo (Zaldívar), aunque es una corte más favorable a la 4T.