La ley de Presupuesto es la columna vertebral de la propuesta de cada gobierno, en tanto se dejan ver los aspectos programáticos que lo guían y el rumbo que le pretenden dar al país en los 5 años de gobierno.
Anteriormente, y casi inmediatamente de asumir, Lacalle Pou había presentado la Ley de Urgente Consideración (LUC); un conjunto de medidas que abarcaban diversas áreas en las que ya se veía claramente la orientación que le daría a su mandato.
Más allá de las demagógicas declaraciones que realizara durante la campaña electoral, con ambas leyes y en pocos meses de gestión, la Coalición Muliticolor muestra que la derecha vuelve con sus recetas de siempre: ajuste fiscal y recortes presupuestales que afectan centralmente a los trabajadores y sectores populares.
Como venimos señalando desde La Izquierda Diario el programa del gobierno se asienta en tres ejes, el déficit fiscal, la baja del salario y la política represiva; la ley de presupuesto precisamente apunta a disminuir el déficit achicando el Estado y especialmente en algunas áreas.
Las proyecciones que presenta el gobierno consideran los escenarios económicos nacionales e internacionales más favorables para sus pronósticos:
Si bien se prevé un déficit fiscal de 6,5% del PBI para este año, producto del impacto del Covid 19, las metas fiscales apuntan a una reducción hacia el final del periodo, así como una mejora del PBI de 2,3 puntos hacia finales del quinquenio basado en las expectativas de un importante dinamismo económico, una reducción del gasto del gobierno central y del BPS del 1,6% y una mejora estimada en el resultado de las empresas públicas de un 0,7%.
La disminución del gasto se lograría a partir de una baja en las remuneraciones y las pasividades del 0,6% y el 0,5% del PBI respectivamente así como un 0,4% de las transferencias y 1% de los gastos de funcionamiento.
Algunos economistas han señalado que las proyecciones que maneja el gobierno no son realistas; recientemente Gabriela Mordecki ha señalado a Brecha que “el presupuesto exige proyecciones, pero las que eligió el gobierno no son realistas, porque no recogen las relaciones entre las principales variables de la economía o las recoge de forma parcial. No mira lo que pasó para pensar qué va a suceder. Hay varias inconsistencias”.
En relación a como afecta la Ley de Presupuesto a los diferentes sectores del Estado podemos ver la profundidad del ajuste en algunas áreas claves:
Educación:
La propuesta que presenta el gobierno es incluso más restrictiva que la que elaboraron desde la ANEP la cual solicitaba un aumento del 3% de presupuesto destinado fundamentalmente a la construcción de nuevos locales (bajo modalidad PPP) y para políticas de innovación educativa.
La propuesta elaborada por ANEP estaba “acotada a la situación nacional” al decir del presidente del Codicen Robert Silva, es decir que se alineaba con el planteo restrictivo que maneja el gobierno, y fue incluso criticada por el consejero docente representante de la lista del PIT-CNT en ANEP quien señaló que la propuesta seguía las recomendaciones del Poder Ejecutivo de ajuste fiscal y traería recortes en diferentes áreas de ANEP así como una rebaja salarial para los trabajadores del organismo.
El presupuesto que se promueve desde el gobierno implica un descenso en el porcentaje del PBI que corresponde a la educación al pasar del 3,9% al 3,49 % en 2025 y generará un recorte del gasto en áreas como el boleto estudiantil, los recursos humanos y la alimentación escolar, continuando lo que se venía anunciando desde la Ley de Urgente Consideración.
La ley de presupuesto que se quiere aprobar traerá recortes de grupos y pérdidas de horas docentes (los planes del gobierno apuntan a una reducción cercana al 15% ya que se eliminarán entre 40mil y 50mil horas) lo que redundará en grupos superpoblados y un empeoramiento de las condiciones de aprendizaje. Asimismo esto produce un deterioro en las condiciones laborales de docentes y funcionarios.
A su vez se profundizan las políticas privatizadoras incorporando técnicas ideas y prácticas del sector privado continuando con la mercantilización de la educación.
En relación a la UdelaR el planteo inicial del gobierno implicaba que no habría aumento presupuestal y promovía restricciones sobre su autonomía financiera ( por ejemplo no se pueden transferir fondos de inversión para el ejercicio presupuestal siguiente; la necesidad de autorización del MEF y la OPP para realizar transposiciones de créditos de sueldos a inversiones o a gastos; la imposibilidad de mantener en unidades indexadas ciertos fondos de desarrollo edilicio hasta que sea el momento de ejecutarlos o de recibir donaciones especiales como el resto de las universidades).
Finalmente en estos últimos días se ha anunciado un mínimo aumento para la Universidad, centralmente para los cargos de dedicación total y algunos servicios en el interior, pero absolutamente insuficiente y muy lejos del pedido del 49% que había solicitado la propia Udelar.
El presidente recientemente ha dicho que la Universidad tendrá que optar y que “estamos administrando la escasez”; aunque en realidad lo que no dice es que la falta de dinero para las necesidades populares tienen que ver con la orientación de una política económica que prioriza el salvataje de las empresas y garantizarles mantener sus grandes ganancias, en base a exoneraciones impositivas, subsidios y privilegios.
En relación a la ley integral de lucha contra la violencia de género el texto del Poder Ejecutivo no preveía dinero para la creación de más juzgados especializados en temas de género.
En estos últimos días, y ante los reclamos que se escucharon por la falta de recursos, el gobierno intenta reasignar algunas partidas y ha prometido que se abrirán 3 Juzgados especializados en violencia de género; una respuesta totalmente insuficiente para dar una respuesta profunda a esta grave problemática.
Al respecto la Intersocial Feminista ha manifestado que "Dicho anuncio....encubre que mientras se crean estos 3 nuevos juzgados, los multimateria se eliminan", lo que significa una "amputación grave de la Ley Integral contra la Violencia de Género Nº 19.580".
Salud:
El proyecto presentado por el gobierno prevé un aumento del presupuesto para algunas propuestas puntuales (crear un hospital en el Cerro; atender la Ley de Salud Mental y abordar el uso problemático de sustancias, y fortalecer el primer nivel de atención, la atención domiciliaria y la telemedicina) sin embargo en el resto del sistema de salud pública el presupuesto que se maneja no tendrá cambios con respecto a 2019.
La crisis económica y la pandemia del coronavirus generará un aumento de los usuarios de ASSE (seguramente más de 100mil personas) por lo cual en la práctica el dinero destinado por persona será menor (se estima que pasará de 2600 a 2400 pesos o sea un 8% menos).
Los trabajadores han señalado que la propuesta del gobierno implica además la caída del salario real y el freno al crecimiento del número de profesionales con alta dedicación.
Achicar el Estado y plata para reprimir
El contraste con los sectores del Estado que si tendrían aumento presupuesta muestra cuales son las prioridades del gobierno.
El Ministerio del Interior está autorizado a contratar hasta 1000 policías retirados y en el Ministerio de Defensa los rubros asignados serán destinados para el aumento del salario del personal subalterno y para el personal que realiza funciones de control fronterizo.
Mientras tanto los empleados públicos tendrán una perdida salarial en 2021 ya que el aumento que recibirán se determinará restándole a la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) de 2020 el centro del rango meta fijado para este año.
La ley de presupuesto a su vez habilita a declarar exedentarios a funcionarios públicos, lo cual junto a las disposiciones de la LUC que impiden la total renovación de cargos de aquellos que se jubilan, impactará en una reducción de la plantilla.
Enfrentar el ajuste antipopular
El presupuesto que presentó el gobierno, como antes la Ley de Urgente Consideración, son parte de una política de ajuste antipopular que pretende llevar adelante el gobierno multicolor en estos próximos 5 años.
La oposición frenteamplista solo se ha limitado a algunas declaraciones mientras busca por la vía de la negociación algunas reformas mínimas pero deja pasar lo fundamental del plan de gobierno.
Son los trabajadores y los sectores populares los que podrán poner un verdadero freno a la política del gobierno.
El PIT-CNT no ha estado a la altura y tampoco se plantea seriamente enfrentar al gobierno. Solo la movilización con un plan de lucha discutido democráticamente en las bases y que tome todas las demandas de los sectores populares podrá hacer frente a los planes del gobierno de la derecha.
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