Hace ya alrededor de tres meses que en Bahía Blanca, en Don Bosco al 4000, cientos de familias ocuparon terrenos abandonados ante la creciente crisis habitacional que deja a miles sin techo. Se trata de una situación de absoluta vulnerabilidad a partir de la cual poder pensar una auténtica medida de bioseguridad frente a la pandemia resulta utópico, partiendo de ni siquiera contar con un hogar desde donde hacer la cuarentena. Esto pone en jaque los discursos que apelan a la responsabilidad individual como única manera de hacer frente a la pandemia, que niegan las desigualdades sociales y no brindan salidas de fondo a una crisis social que se agudiza, a la vez que deslegitiman espacios políticos que históricamente han sido el escenario donde los sectores desposeídos han visibilizado sus luchas, [como las calles.
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Son estos sectores, que vienen cargando en sus espaldas con los altísimos niveles de desocupación que la situación sanitaria deja al desnudo y con un descenso brutal de sus condiciones de vida que no hizo más que profundizarse, los que dejan en claro que la desigualdad estructural no se soluciona con migajas. Las respuestas de los gobiernos nacional, provincial y municipal van en plena concordancia: únicamente criminalización y amenazas con quitarles las asignaciones sociales, que en este contexto constituyen prácticamente su única -aunque ínfima- fuente de ingresos.
A nivel nacional, el fenómeno de las tomas de terrenos ociosos deja en evidencia el costado más crudo de la crisis, donde son quienes menos tienen y que, en consecuencia, nada les queda por perder, quienes se ponen en pie para reclamar el derecho elemental de la vivienda digna. Tras un primer intento de desalojo por la fuerza, en que en plena extorsión de la policía bonaerense igualmente se la puso a la cabeza de la represión en las tomas y la aparición de los medios que quieren forjar un sentido común que criminaliza a los que menos tienen, el gobierno de Alberto Fernández responde con negociaciones que no solucionan en ningún sentido el problema de vivienda.
En nuestra ciudad la situación no es distinta; hace poco mas de una semana el fiscal Ulpiano Martínez ordenó la detención de cinco habitantes de la toma. Quienes formamos parte de la exigencia de justicia por el reciente crimen de Facundo Astudillo Castro reconocemos fácilmente a este fiscal, amigo de genocidas en perpetuo ataque a los derechos humanos.
La juventud que se puso a la cabeza de la lucha por Facundo y que lleva consigo una tradición de organización por los derechos fundamentales de los sectores históricamente golpeados no puede quedar al margen de una situación tal. Somos quienes trabajamos y estudiamos, muchas veces viniendo desde afuera de Bahía Blanca, y nos enfrentamos a diario con las enormes dificultades que conlleva encontrar un lugar para alquilar, que sea mínimamente accesible y, sobre todo hoy, ante la particularidad de la cursada virtual, que cuente con las condiciones que necesitamos para no tener que dejar la carrera.
En los últimos años nos enfrentamos con la certeza de saber que, a diferencia de generaciones pasadas, poder acceder a una vivienda propia está cada vez más cerca de resultarnos imposible, y que, al seguir creciendo el número de familias que quedan por debajo de la línea de pobreza, es una ilusión lejana para cientos de miles. Asimismo, somos conscientes de cuánto se agudiza esta situación para las mujeres, que además de verse perjudicadas por la doble carga de trabajo y una honda brecha salarial, muchas de ellas iniciaron esta cuarentena encerradas con sus agresores y sin tener un lugar donde ir.
Para quienes estudiamos, resulta una tarea central que el tránsito por la universidad no implique un aislamiento de la realidad por fuera de sus paredes, tal y como parece ser la pretensión del régimen académico que nos impone ritmos imposibles de cursada al tiempo que la crisis se descarga directamente sobre nosotres y nuestras familias.
Les estudiantes tenemos que definir una posición política sobre el problema de la vivienda cada vez más acuciante. Debemos empezar a discutir seriamente qué salida a la crisis de la vivienda vamos a ayudar a construir, con que programa y con qué aliados. El gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof está lejos de ser un aliado, sino más bien un cómplice de los poderes económicos que impiden la garantía de los derechos más mínimos.
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La gran mayoría de les estudiantes se verán afectados por la crisis habitacional, los títulos universitarios no serán una garantía de tener una vivienda estable, si permitimos que la situación siga deteriorándose. Nuestra garantía para una vivienda digna está en la organización, los métodos democráticos, movilización y el encuentro con los aliados correctos, les trabajadores, la juventud, las mujeres y sectores precarios.
Hablar de una universidad al servicio de las grandes mayorías es comprometerse con los sectores más empobrecidos, que hoy se organizan por demandas básicas para poder vivir. Lo central es trazar lazos profundos de solidaridad, y dirigir nuestras fuerzas a poner en agenda el reclamo de la vivienda digna. Necesitamos una política específica para resolver el problema de fondo y luchar contra la represión. En función de ello, los centros de estudiantes, que durante años hicieron del trabajo barrial un punto fuerte en su política, deben tener como prioridad acompañar todas las exigencias de quienes no se resignan a las paupérrimas condiciones que este sistema les ofrece.
Consideramos sumamente necesario poner en pie una campaña conjunta que rodee de solidaridad el reclamo por una viviendo digna y que articule a todas las organizaciones estudiantiles de nuestra ciudad. Entendemos que si ganan las familias de las tomas, ganamos todes los que pagamos el precio de esta crisis. Ante las respuestas represivas del gobierno, que buscan quebrar la voluntad de lucha y organizacion, exigimos el inmediato cese de persecusiones, amenazas y detenciones porque la lucha por la vivienda es un derecho elemental, no un delito.
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