Todos los días vemos actitudes beligerantes en sectores de la clase dominante y actitudes retadoras del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de las “mañaneras”. Para todos es evidente el clima de polarización política que existe en el país.

A sólo dos años de llegar a Palacio Nacional, y en medio de una gran crisis sanitaria y económica, el partido de gobierno con más hegemonía en los últimos años atraviesa fuertes cuestionamientos de sectores de la patronal y de la oposición partidista, que pintan una situación caótica y pronósticos todavía más alarmantes para los cuatro años que restan del sexenio. Y, aunque con menos repercusión, también se muestra el descontento de sectores populares disconformes con los recortes presupuestales y la falta de solución a sus demandas.

Sin embargo, la fuerza que aún mantiene el gobierno en su base electoral “dura” -con un ligero desgaste en relación a cómo inició su mandato- es constatada hasta por analistas no afines a su proyecto político. Lo que lleva a que los actores políticos de extrema derecha, abonen más a la polarización con una política que muestra rasgos extremistas. Por ejemplo, diciendo que el presidente López Obrador (quien tiene muy buenas relaciones y acuerdos económicos con los principales empresarios del país como Carlos Slim, Salinas Pliego, Alberto Bailléres, Vázquez Raña y otros), es “comunista” y debe renunciar en noviembre.

Justo cuando el supuesto comunista acaba de declarar, mediante en un vídeo en su cuenta de Twitter: “Estamos a favor de los hombres de negocios y de las ganancias razonables; estamos en contra de la corrupción”. Y es que la relación con parte de la élite empresarial del país -como el Plan de Infraestructura anunciado recientemente- busca reanimar la economía a partir de entrega de importantes concesiones de obras públicas al capital privado. Esto al mismo tiempo que subordina la economía nacional a las exigencias de los Estados Unidos.

Es una polarización que busca concitar el descontento de sectores empresariales y de la clase media conservadora, alentada por los intelectuales ligados a los anteriores gobiernos; intentando además sumar a sectores populares a este descontento.

Sin embargo, este incipiente destituyentismo no puede compararse con la fuerza de movimientos de derecha como el que enfrenta Nicolás Maduro en Venezuela, que es dialoguista con la oposición patronal y represivo con los trabajadores y sus organizaciones. O cómo el que existe en Brasil que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff; que llevó a la cárcel al ex gobernante Lula y posteriormente lo inhabilitó para participar en las siguientes elecciones presidenciales.

La fuerza de AMLO producto de un hartazgo histórico

Para explicarnos la fortaleza del presidente López Obrador, basada fundamentalmente en la crisis y desprestigio de los partidos patronales tradicionales y en el apoyo mayoritario de la población, habría que entender que su arribo al gobierno al frente de Morena no se trata de una situación coyuntural.

Esta es el resultado de la construcción de un movimiento opositor de centroizquierda iniciado hace más de 30 años. La misma tiene sus bases en la crisis política del priato mostrada en 1988, con el fraude del PRI contra Cuauhtémoc Cárdenas que polarizó y movilizó a una población hasta ese entonces relativamente pasiva políticamente, la cual veía en Cárdenas la posibilidad de un cambio histórico en el país.

El marco de fondo fue la crisis del “Estado de Bienestar” minado por el neoliberalismo que profundizó el ataque a la seguridad social y que fue erosionando la base social del otrora omnipotente régimen priísta. Este consentimiento social se fue deteriorando conforme los planes impuestos por el consenso de Washington subordinaban más el país al imperialismo.

A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el autoritarismo profundizó el hartazgo de las masas populares, cuyo punto máximo -y a la vez detonante de una mayor crisis interna en el gobierno y el régimen del PRI- fue la demostración de la dura realidad del país con el alzamiento de las masas campesinas e indígenas conducidas por el EZLN en enero de 1994. Esto hizo más evidente todo lo que significaba la política económica y laboral del priato, entreguista y autoritaria, volviendo muy impopular al gobierno de Salinas de Gortari.

Sobre esas bases, el descontento popular –que se expresó distorsionadamente en el avance del PRD conquistando el gobierno de la capital del país en 1997, el centro neurálgico del sistema político- fue horadando y desgastando esa muralla ideológica y política.

Posteriormente, la centroizquierda se fue integrando al régimen y reprodujo muchos de los rasgos del PRI, e incluso forjó alianzas con el derechista PAN. Como resultado, el espacio vacante a la izquierda de los llamados partidos neoliberales, fue ocupado por López Obrador.

Éste, sin ser un radical dentro del PRD (del cual fue su presidente de 1996 a 1999), ante la derechización de la dirección de ese partido fortaleció su imagen como centroizquierdista y adquirió gran peso como caudillo de masas. Su fuerza provino también de un discurso opositor al sistema político (una retórica que no se proponía romper realmente con el mismo) el cual despertaba expectativas democráticas en esas masas. Y a la par alentaba la ilusión de ser partícipes en la modificación de las formas políticas de ese régimen y de lograr la recuperación de las conquistas que el neoliberalismo les había arrebatado.

Lo que la oposición burguesa hoy busca poner en cuestión es el hecho de que para la mayoría de la población, la 4T es su gobierno, es decir una conquista que no cederán fácilmente a pesar de los “errores” cometidos por su presidente.

Es que AMLO logró aprovechar el descontento acumulado de millones que, además estaban desilusionados del proyecto de centroizquierda que para ellos representó el PRD, donde la integración del sol azteca al Pacto por México fortaleció esa desilusión. En los años previos se generó la confianza en esas masas para que rompieran esa resignación pasiva ante las formas de gobierno establecidas a partir de la nueva configuración del Estado surgido como producto de la revolución mexicana. No por nada, el PRI que monopolizó y usufructo los colores de la bandera mexicana, imponiendo en la conciencia de las masas la ideología del “nacionalismo revolucionario” y presentándose como los “gobiernos emanados de la revolución”, tenía el voto asegurado de la población. Mismo que era reforzado con las prácticas fraudulentas propias del sistema político.

Esa sujeción histórica de la conciencia de las masas a los “herederos” de la revolución (donde el rol del ala izquierda de la revolución representada por Zapata y Villa es presentado como algo episódico por la historiografía oficial), fue profundizada por la política social del “Estado Benefactor”, forjando una muralla alrededor del sistema político imperante desde la mitad del siglo XX.

Con esto queremos decir que, el “tsunami” electoral del 2018 expresó un trastrocamiento de ese sentido común que la ideología del “nacionalismo revolucionario” impuso en las masas pasivas. Y surgieron nuevas de pensar, que se expresaron fuertemente a partir de la crisis que abrió la masacre de Iguala en 2014, de un sector mayoritario de la población que, llegó a conclusiones de las cuales no es fácil retroceder. Lo planteado a partir de eso es que las mismas hagan la experiencia con su gobierno y comprueben que los cambios formales democráticos y de asistencia social, pero sobre todo la política contra la corrupción que es el punto fuerte López Obrador (y que permite hoy renacer el encono de las masas en contra de los ex presidentes), no sólo no son suficientes, sino que se da en un contexto donde se mantienen políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.

Mientras tanto, y al no existir una alternativa política visible ante la población trabajadora, AMLO tiene más margen para enfrentar a la “clase política” y resolver las contradicciones que viene enfrentando con ésta y con los empresarios, con quienes viene teniendo fuertes roces y también pactos. Las expectativas de las masas en el gobierno sirven de atenuante a López Obrador ante las contradicciones que enfrenta en distintos flancos.

Sin embargo, la crisis sanitaria (su errático manejo) y económica abren una dinámica de desgaste para el gobierno que, pese a que AMLO lo soslaya, es un elemento que puede acortar el margen político de maniobra de la 4T. Sobre todo si la pandemia muestra un rebrote y la caída del PIB repercute de forma más profunda en las masas trabajadoras.

A esto responde la beligerancia y la actitud hasta retadora de López Obrador con la oposición burguesa, como en el caso del FRENA, donde los alienta a crecer para obligarlo a dejar el poder, así como el desdén hacia los reclamos de los trabajadores, movimientos de ejidatarios, ambientalistas y las mujeres.

Los dilemas de la oposición partidaria

Los partidos opositores a la 4T enfrentan varios problemas para remontar su crisis y arrebatarle posiciones significativas al gobierno y en el Congreso de la Unión (además de muchos congresos estatales). Por un lado, está el desprestigio que, lejos de atenuarse se profundiza al calor del conocimiento de importantes hechos de corrupción en los gobiernos de décadas anteriores.

Incluso, cada día se descubren desfalcos, lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y muchos negocios del anterior gobierno perredista en la capital; todo esto aprovechando los puestos de poder.

Otro problema es la dificultad que tienen para lograr un bloque opositor capaz de enfrentar fuertemente al Morena y sus aliados en las elecciones del próximo año. Además, con el desprestigio de sus dirigentes –y la división entre ellos mismos-, no hay una figura o “guía moral” que pueda encabezar una alianza de este tipo, o que sea aceptable por sectores importantes de las masas trabajadoras. Su base social es una clase media conservadora dividida entre mantenerse en los márgenes políticos de la derecha o correrse más a la ultraderecha, lo cual la haría más marginal.

Además enfrenta la división del panismo en sus dos vertientes: la representada por el partido tradicional y el ala de los ex panistas encabezada por Felipe Calderón y Margarita Zavala que apuestan a que se le otorgue el registro legal a México Libre como partido político. Lo que, de realizarse, dividiría más aún el voto de los conservadores azules.

La apuesta del PAN está en su carta “más fuerte” que es Javier Corral (el gobernador de Chihuahua) quien no logra formar un amplio movimiento opositor, aunque busca posicionarse encabezando la demanda de los agricultores que rechazan que López obrador cumpla el tratado de entrega a los Estados Unidos. Que dicho sea de paso, es evidente que no lucha por democracia y por la defensa de la soberanía nacional, sino que utiliza el conflicto con fines electorales.

Por otro lado, la oposición en el gobierno tampoco logró impedir la aprobación a la desaparición de los 19 fideicomisos que el gobierno señala como fuente de desvío de dinero y aprovechamiento por los funcionarios que venían manejando dichos fideicomisos.

El hecho de que tengan más protagonismo los sectores de ultraderecha como FRENA (aunque no tengan una propuesta coherente alternativa a la 4T), muestra la falta de credibilidad y fortaleza de los partidos patronales que ha gobernado el país en las últimas décadas. Y es que no es fácil superar su desprestigio producido por la corrupción, represión y autoritarismo con que actuaron cuando estuvieron en el poder.

Sin embargo, producto de la impotencia y la desesperación no puede descartarse un acuerdo multipartidario -mezclando colores y programa- para presentarse en algunos estados donde se elegirán gubernaturas. Estas alianzas implicarían un gran salto en el cambio de las bases fundacionales de cada partido, que ya antes han unido sus programas y banderas para apoyar candidaturas comunes.

AMLO: por un apoyo más activo y beligerante

La “marcha del millón” a la que AMLO convoca para mostrar el músculo a sus detractores de derecha (y también a los movimientos sociales desilusionados por sus rasgos neoliberales reaccionarios) tiene un gran contenido simbólico.

Siguiendo la lógica de su discurso de la “transformación”, el presidente pretende que se exprese en la calle la legitimidad de su gobierno y la fuerza social que lo llevó al poder. Esto, ante la política “destituyente” que levantan sectores del empresariado, e incluso ante supuestas amenazas golpistas.

López Obrador busca, subliminalmente, equiparar esta cruzada institucional y civil con la “Marcha de la Lealtad” que encabezó el presidente Francisco l. Madero el 9 de febrero de 1913, acompañado por sectores leales del ejército y parte su gabinete, en respuesta a la sublevación de los generales que se tomaron momentáneamente el Palacio Nacional ese mismo día.

De esta manera, al igual que lo hizo con la propuesta de una consulta para enjuiciar a los ex presidentes, impone una dinámica plebiscitaria que reafirme el consenso otorgado por las masas a la Cuarta Transformación. Es decir, mostrar que la hegemonía de la 4T y su proyecto político transexenal no es fácil de horadar.

Esta política ofensiva de López Obrador tiene un mayor alcance, pues dadas sus tendencias centralizadoras y de control del escenario político, tiende a fortalecerlo de tal manera que también lo posicione mejor entre los movimientos de trabajadores, sociales, ambientalistas y de mujeres que él señala como “conservadores”. Dando entender así que a su izquierda no existe nada.

Sin embargo, sería incorrecto pensar que la polarización señalada en este artículo expresa la disputa entre un proyecto capitalista y otro distinto (o antineoliberal).

Ninguno está por no darle prioridad a la política macroeconómica o a fortalecer el rol del Estado ante los mercados financieros (especuladores), ni por dejar de pagar la deuda externa o romper la subordinación al imperialismo.

Menos aun se puede pensar que es una pugna entre capitalistas entreguistas y un gobierno nacionalista. La entrega de la soberanía nacional al crear la Guardia Nacional para que frene el tránsito de migrantes centroamericanos a Estados Unidos (actuando como una extensión de la Border Patrol), muestra que el gobierno de López Obrador no tiene nada del nacionalismo de Lázaro Cárdenas en los años treinta.

Pero tampoco se trata de una guerra total entre el gobierno y sus adversarios. El recurso político de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes fue una respuesta a las presiones que por derecha ejercieron los adversarios de la 4T. AMLO, que conoce bien la historia del enfrentamiento entre los conservadores y liberales del siglo XIX, igual que Juárez no quiere el total exterminio de los vencidos.

Busca así, cambiar la relación de fuerzas entre vencedores y vencidos para imponer nuevas reglas del juego político en los asuntos del Estado. Y en donde la clase dominante no perderá su dominio sobre la clase explotada. Por ello hace alianzas políticas con sectores conservadores e integró a su gobierno a gente que se formó en el priato, como Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Bartlett, entre otros.

De esta manera, AMLO construye acuerdos que fortalezcan su posición en las elecciones del 2021 y el referéndum de revocación de mandato en ese mismo año.

La crisis del Morena: la pata coja de la 4T

Lejos de soslayar la crisis existente en el partido de gobierno, ésta puede adquirir una dinámica que afecte gravemente el proyecto político de López Obrador. Que el INE haya tenido que intervenir en la elección de su dirigencia (al igual que pasó en el PRD del cual provienen estas corrientes internas del Morena), dice mucho del tipo de partido que se pretende representante de un cambio democrático en la vida política nacional. Esta es la más fuerte contradicción que enfrenta la 4T y a la que apuestan tanto la oposición patronal como la partidista.

La pugna abierta entre el coordinador del Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado y el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, expresa dos proyectos de conducción y de orientación del partido en el poder, así como posicionamientos con miras a la sucesión presidencial.

Es conocido que Delgado es el operador político del sector encabezado por Marcelo Ebrard con posiciones más de derecha, ligado al gobierno de Donald Trump. Es decir, un pro imperialista que se dice progre. Durante su paso por el gobierno de la Ciudad de México, mostró no solamente el que utilizó el mismo para hacer negocios, sino su carácter represivo y autoritario.

Por su parte, Muñoz Ledo expresa la oposición en muchos aspectos a la política de Ebrard, y aunque es uno de los ideólogos del constitucionalismo y del régimen democrático burgués, está ligado a sectores empresariales como la tan cuestionada empresaria ex presidenta del Morena, Yeidckol Polevnsky.

Sin embargo, ninguno de ellos -como tampoco López Obrador- es antineoliberal, ni liberal en el sentido de lo que está corriente del pensamiento expresó a mitades del siglo XIX.

Si ya de por sí la heterogeneidad de este partido-movimiento preanunciaba futuras fricciones internas, la lucha por aprovechar este aparato millonario de control político para disputar las candidaturas morenistas a las elecciones intermedias del 2021 y a las presidenciales del 2024, contribuirá más al polarizado escenario político nacional.

Dado el pragmatismo de López Obrador, cualquier triunfador en esta contienda interna, es funcional a su visión política.

Lamentablemente, las nuevas formas de pensar mostradas con el hartazgo de los partidos en las elecciones del 2018 (que mostraron un aspecto progresivo), intentarán ser instrumentalizadas en las próximas elecciones al servicio de la disputa entre dos sectores que no busca cambiar las condiciones de explotación, opresión y miseria de las masas populares y las comunidades indígenas.

Esto hace necesario que construir una alternativa política independiente y anticapitalista, que bajo una perspectiva socialista, enfrente la ilusión en un capitalismo con rostro humano, y que apueste a agrupar bajo su bandera a la clase obrera y los sectores oprimidos, tras un programa que enfrente las distintas variantes capitalistas y se proponga un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.