Foto: Anahí Cárdena (@anahicardena)
En este tiempo a nivel nacional hubieron 4 millones de despidos, razón por la cual las familias tienen que elegir entre pagar el alquiler o comer, es en este contexto que proliferan las tomas y los asentamientos populares también en Río Negro. Ante esta realidad, el gobierno nacional decidió privilegiar al FMI y le bajó las retenciones al campo, en el 2021 sólo en intereses de deuda se destinará 9 veces más dinero a pagar una deuda fraudulenta, que a vivienda.
En la provincia, los privilegiados de siempre siguen siendo los negociados inmobiliarios y turísticos mientras 60 mil personas no tienen vivienda. Arabela Carreras y los municipios de todos los colores políticos responden al unísono al reclamo por vivienda con desalojos y persecución. En el municipio de Fiske Menuko llegaron incluso a justificar el despido de un trabajador municipal por haber sido visto en una toma. ¿Acaso no sabe Maria Emilia Soria que el derecho a la vivienda no está garantizado? En Bariloche se suman cada vez más familias a los asentamientos populares al compás de la desigualdad creciente, y al reclamo del lof Lafken Winkul Mapu ningún gobierno da respuesta favorable. Mientras tanto los Lewis se apropian de lagos y tierras con el aval de todo el arco político gobernante, y no solo no se lo judicializa ni desaloja sino que se lo premia con la exención de impuestos.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad junto a decenas de organizaciones y con la colaboración de estudiantes y trabajadores, hemos impulsado colectas, nos hemos hecho presentes en las tomas mas perseguidas judicialmente y que enfrentan amenazas de represión. Junto a la asamblea Ni Una Menos de Cipolletti, desde Pan y Rosas y la Agrupación docente 9 de Abril hemos impulsado una campaña por #NiUnaMenosSinVivienda y #NiUnaInfanciaSinVivienda. En contraste, las burocracias sindicales no solo se niegan a poner las organizaciones obreras al servicio de la solidaridad sino que ni siquiera se han expresado contra la represión y los desalojos. Así, alimentan la división impuesta por el Estado y las patronales entre la clase obrera sindicalizada y los sectores sin representación sindical.
En este sentido la funcionalidad de las centrales sindicales, permite a los gobiernos el avance de la criminalización de los sectores más postergados como es el caso reciente de las familias del asentamiento La Alameda en Cipolletti donde la justicia armó una causa contra varias personas de la toma incluyendo a niñes de 4 años y menores de 16. ¿Cuál es el delito que se les imputa? El de ser pobres, el de no ser parte de ninguna familia de renombre, propietarias de grandes extensiones del territorio en Argentina. El grave intento de desalojo perpetrado en el asentamiento 21 de septiembre en Cipolletti, es una demostración de la necesidad urgente de rodear de solidaridad a las familias en lucha.
Nos negamos a que las organizaciones sindicales le den la espalda a las familias que como consecuencia de la política de todos los gobiernos de privilegiar al FMI, a las multinacionales, terratenientes y empresarios, son arrojadas a vivir en la miseria. Ahí están las infancias pobres y las que no van a tener un plato de comida en la mesa a fin de año según las cifras de UNICEF. ¿Cómo puede ser que UnTER no se pronuncie e impulse una campaña solidaria cuando el hambre y la falta de un techo recaen sobre los pibes de nuestras escuelas? A su vez, en medio de las operaciones mediáticas y políticas para generar un sentido común contra los más pobres, cualquier conducción que se reclame clasista y antiburocrática debería tender a unir por abajo los reclamos que por arriba, las burocracias dividen. No se trata sólo de pronunciarse como agrupaciones sindicales o fuerzas políticas, sino de pelear porque la solidaridad activa parta de concebir las seccionales y las centrales como herramienta de unión de las filas obreras en general y con nuestra comunidad educativa en particular. No basta con que formemos parte de multisectoriales y nos pronunciemos como agrupaciones u organizaciones políticas si no ponemos la organización sindical, en el caso de conducir alguna, o peleamos para organizar la solidaridad activa y tomar partido como trabajadores de la educación desde nuestra herramienta sindical. En este sentido se podría en las seccionales recuperadas, no sólo pronunciarse y exigir respuesta a los gobiernos, sino organizar delegaciones para hacerse presentes en las tomas, impulsar distintas comisiones para llevar adelante campañas contra el desalojo y la represión, así como abrir los locales sindicales y las escuelas para recibir las colectas.
Sigue la escalada criminalizadora y estigmatizante en todo el país, hay que rodear de solidaridad a las infancias y las familias que pelean por un techo. Desde la 9 de Abril daremos esta pelea en cada instancia de debate sindical, impulsando acciones, petitorios en contra de la represión y los desalojos, colectas y jornadas lúdico-pedagógicas en las tomas como cualquier otra iniciativa que procure unir los reclamos de los trabajadores docentes con los de los sectores más postergados. |
