Ayer se conoció la noticia de la llegada de contenedores con todo el equipamiento importado para el hospital de alta complejidad de Villa Dolores. Promesas de campaña del Gobernador Schiaretti. Después de 9 meses de pandemia el pueblo de Traslasierra recibe esta tan esperada noticia, aunque no hay especificaciones de qué equipamiento se estaría recibiendo. La semana pasada, dábamos cuenta del nuevo brote que se esta dando en el valle de Traslasierra.
El encargado de dar a conocer la novedad, fue, cuando no, el legislador Oscar González. Sin embargo en una entrevista en Radio Verdad, un medio local, declaró que “no hay más médicos, no hay más terapistas” y que “todo el recurso humano está contratado, no es cuestión de dinero”. Vamos a tomarnos unos minutos para analizar estas declaraciones.
Respecto a la falta de personal, son sobradas las denuncias de los profesionales de salud de la sobrecarga laboral, de las malas condiciones de trabajo y la falta de personal.
Parece que el legislador, quién además es médico, se está desayunando con esto, por lo visto no tomó nota de estos constantes reclamos, acaso ¿El doctor estará ignorando los profesionales recibidos que tienen que trabajar en apps como Rappi? ¿Preparar a los estudiantes avanzados para hacer frente a la pandemia no se le cruzó en todo este tiempo? ¿O habrá estado pensando en todas las enfermeras que se reciben por año en Traslasierra y deben realizar trabajos de cuidados privados o no ejercer directamente?
Lo que sí está claro con esta declaración es que se niega a aceptar la responsabilidad de ese sector conocido de políticos cuya prioridad no es la salud, ni la educación, ni el bienestar del pueblo sino la ganancia de un pequeño sector a costa de la gran mayoría.
Plantear que se tiene a la totalidad de profesionales de la salud contratados constata la precarización laboral que sufren los trabajadores de salud, con contratos basuras cada 3 o 6 meses y como monotributistas. Aquellos que se encuentran en primera línea, sobreexplotados, mal pagos, sin poder tener licencias o reemplazos no merecen ser objeto de la burla del legislador.
En los últimos días, el Valle estalló de casos de Covid-19. Y el plan de tratamiento para esta situación es responsabilizar individualmente al conjunto de la población.
Esta posición de los gobiernos nacional y provincial muestra que no hay un plan sanitario serio para cuidar la vida de los trabajadores que permita realizar la cantidad de testeos necesarios para actuar rápido antes de que se sigan propagando los contagios en la zona.
La cifra de contagios y muertes aumenta diariamente. El Hospital de Mina Clavero, referente para Covid, se encuentra al borde del colapso y en aquél, el acondicionamiento fue mínimo, contando hoy con solo 8 respiradores. Traslasierra no es la excepción de lo que pasa a nivel nacional. Hace unos días que Argentina se encuentra en el podio de los países con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes.
Toda esta situación podría haber sido evitada si se hubiera tenido en cuenta la voz de los trabajadores, aquellos que están en la primera línea, son quienes verdaderamente saben cuáles son las condiciones del sistema sanitario y que se necesita. Pero esa no fue la respuesta de los gobiernos, llamarlos esenciales no alcanza.
La Argentina lleva 8 meses de cuarenta con la promesa de parte de los gobiernos nacional y provincial de fortalecer el sistema de salud. Ello no sólo no sucedió en la medida de las necesidades del conjunto de la población, sino que llevamos décadas de desmantelamiento del sistema de salud. Hoy se encuentra fragmentado, descentralizado y desfinanciado por políticas públicas en materia de salud sostenidas por todos los gobiernos nacional y provincial desde los 90 hasta la actualidad.
Esas políticas en detrimento de lo público beneficiaron directamente al sector privado. En Traslasierra vemos como los centros del primer nivel de atención están desjerarquizados, prevaleciendo una mirada completamente hospitalocéntrica.
Hoy la crisis sanitaria cala más profundamente pues a la hora de controlar una epidemia, estas políticas de precarización en el sistema de salud impiden que se garantice la atención individual de la población, no permiten cubrir el servicio de salud de manera comunitaria y territorial para llegar a cada pueblo y a cada familia que necesite ser atendida por síntomas de COVID 19.
Hoy el personal de salud está precarizado, con salarios por debajo de la canasta familiar, con varios empleos trasladándose de un lugar de trabajo al otro sin tiempos de descanso y sin licencias a quienes se encuentran en la población de riesgo.
Es urgente atender las demandas del personal de salud y del conjunto de la población que necesita atención médica. Para ello hay que aumentar la utilización de testeos para frenar los contagios, centralizar el sistema de salud y de todos los recursos disponibles tanto del sistema público, como del privado y de obras sociales, bajo la órbita del Estado y con control de trabajadores y la comunidad, con compensación salarial para evitar el pluriempleo. | 
