La violencia en México es el pan de cada día, presente con mayor o menor intensidad según el lugar en el que se transite o se viva.
Desde diciembre de 2019 -fecha en que se dio a conocer la presencia del COVID 19 en China- a la fecha, Integralia ha contabilizado 87 masacres en el país.
La consultora, a través de su cuenta de Twitter, reveló este lunes que tan sólo entre junio y septiembre, se registraron 44, dando a conocer que los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en México han incrementado a pesar del confinamiento y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En los últimos cuatro meses han muerto 27 personas en Irapuato, Guanajuato; 25 personas en Zacatecas, Zacatecas; 23 personas en Coatzacoalcos, Veracruz; 19 personas en Uruapan, Michoacán; 10 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y 10 personas en Caborca, Sonora.
De acuerdo con Integralia, Guanajuato es la entidad federativa donde se ha concentrado el mayor número de masacres en los últimos dos años: 31 registradas, lo cual equivale a 35% del total.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, reveló el pasado 7 de octubre cifras que ayudan a dimensionar la realidad a la que se enfrentan principalmente quienes viven en comunidades y barrios marginales, marcadas por la profunda desigualdad económica y social, así como por la degradación y el abuso del sistema policial y de justicia.
En sólo 23 meses —de diciembre de 2018 a septiembre de 2020— las autoridades periciales han hallado más de 1,257 fosas clandestinas en México, las cuales contenían 1,957 cuerpos. De ellos, sólo 806 han sido identificados y 449 entregados a sus familiares.
El informe hace énfasis en que diez municipios concentran el 41% de las fosas clandestinas halladas en lo que va del gobierno de AMLO, siendo el primero de ellos Tecomán, Colima, que está disputado por los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y la Nueva Familia Michoacana, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados.
Detrás se encuentran Úrsulo Galván, Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos; Ahome, Sinaloa, con 63 y 100; Acapulco, Guerrero, con 61 y 33; y Mazatlán, Sinaloa, con 48 y 101.
La lista sigue con los municipios Playa Vicente, Veracruz, con 45 fosas y 2 cuerpos; Puerto Peñasco, Sonora, con 35 y 52; Manzanillo, Colima, con 33 y 38; Cajeme, Sonora, con 30 y 45; y Juárez, Chihuahua, con 30 y 28.
En tanto, los estados con mayor número de fosas son Veracruz, con 190; Sinaloa, con 153; Colima, con 149; Guerrero, con 123; y Zacatecas, con 112.
Por otro lado, Jalisco encabeza la lista de las entidades con más cuerpos desenterrados, de acuerdo con los informes del gobierno, en el estado —bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación— se han exhumado 605 cuerpos; Sinaloa, cuna de uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, reportó 253 cuerpos; Colima, con 232; Sonora, con 143; y Michoacán, con 113.
Por último, Alejandro Encinas precisó que el número de fosas y cuerpos hallados en lo que va del sexenio representa el 30.7 y 28.3%, respectivamente, de la cantidad histórica registrada desde 2006. “En estos dos últimos años hemos localizado el 30.7 por ciento de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3% de los cuerpos que se han exhumado en su totalidad, de 2006 a la fecha”, aseguró.
¿Quiénes somos masacrados?
Cabe señalar que los escenarios de brutalidad y violencia se han visto recrudecidos a lo largo de la pandemia debido a la militarización y a las dificultades económicas y laborales que han golpeado a la clase trabajadora con un aumento de la precarización laboral, que se expresa en horarios extendidos de trabajo, oleadas de despidos, recortes salariales y que llevan a los trabajadores a exponer sus vidas en empleos cada vez más riesgosos y sin menos garantías en cuanto a derechos laborales.
Por otro lado, las mismas condiciones paupérrimas de las comunidades periféricas, así como el acceso restringido a derechos básicos como la educación, la vivienda y la salud, hacen de la juventud precarizada la carne de cañón para los cárteles del narcotráfico en nuestro país.
Lo que esto deja ver es que la estrategia que dio origen a la llamada "Guerra contra el narco" continúa cobrándose las vidas de quienes somos el grueso de la población: mujeres, estudiantes, jóvenes, trabajadores y miembros de la comunidad LGBT, así como luchadores sociales.
Aunque en repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha referido que en el país “ya no manda la delincuencia organizada”, e incluso en su segundo informe de gobierno aseguró que “ya estamos pacificando al país”, lo cierto es que, de hecho, reconoció en ese mismo informe que los delitos relacionados con la delincuencia organizada han aumentado.
El gobierno actual no opera en función de las necesidades del pueblo, sino en función de los intereses de las clases dominantes y muestra de ello fue la reapertura económica y la impuesta nueva normalidad que ha enviado a millones a arriesgar sus vidas, su salud y la de sus familias para perpetuar las ganancias empresariales. Es por ello que la guerra implementada por los sexenios criminales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no encontrará su final bajo la 4T.
La alternativa para acabar con las ejecuciones, la impunidad y la violencia en México no puede ser el fortalecimiento de los cuerpos policiales o militares (como la Guardia Nacional), ya que, de hecho, casos de violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura han venido de estos cuerpos en repetidas ocasiones, así como el aumento del feminicidio y su colusión directa con el crímen organizado.
Por esto es importante organizarnos para exigir la desmilitarización inmediata del país, así como para arrancarle al Estado el derecho a la verdad y la justicia. Necesitamos cambiar de raíz las condiciones sociales que generan la repetición de la violencia ligada al crimen organizado y el narcotráfico y que tiene su origen principalmente en la precariedad laboral, la pobreza y la marginación a la que este sistema ha orillado a las grandes mayorías. |
