El asesinato de Joaquín Paredes (15) por parte de la Policía de Córdoba en el noroeste provincial profundizó la crisis que arrastraba el Gobierno de Juan Schiaretti desde el caso de Blas Correas. También aceleró los tiempos políticos y hoy el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, tuvo que salir desde el Panal anunciando la presentación del nuevo "Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la provincia de Córdoba", algo en lo que según el propio jefe de la cartera "ya venían trabajando" desde el caso Blas.
Un viejo "nuevo" protocolo
El peronismo cordobés, con sus particularidades regionales, ha presentado (o amagado) con un nuevo protocolo o reglamentación ante cada crisis política desatada por el accionar policial. Para botón de muestra basta el publicado en el Boletín Oficial que prohíbe disparar a aquellos autos que evadan controles policiales, tras el cual se sucedieron los casos de Franco Amaya en Villa Carlos Paz y el mencionado asesinato de Blas. El cual tuvo trascendencia nacional porque la víctima esta vez resultó no ser un pibe de una barriada humilde, con un nombre fácil de ensuciar, sino un joven de clase media acomodada. También falló el recurso del "arma plantada", dejando al descubierto un modus operandis conocido por todo el mundo, pero que bajo el supuesto de "un chorro menos", la opinión pública dejaba pasar.
El nuevo protocolo en su letra intenta de manera muy general regular el uso de la fuerza física, y sobre todo de las armas de fuego por parte de la fuerza. Pero analicemos un poco el texto.
Primero que nada está la cuestión del auto control de la Policía, lo cual deja entrever que ante cualquiera de las situaciones de violencia policial que el protocolo intenta evitar, como los casos de gatillo fácil, es el mismo personal quien debe dar a conocer las irregularidades, o "auto denunciarse", como lo sugieren los artículos 9 y 10:
"Artículo 9: Obligación de informar
Cuando en el marco de una intervención policial haya una persona lesionada por el uso de la fuerza o sea utilizada el arma de fuego provista por la institución realizando disparos, sin perjuicio de la entrega del procedimiento en la oficina del Ministerio Público Fiscal si así correspondiera, el personal policial actuante deberá dar aviso de forma inmediata a su superior. Éste deberá en el plazo de veinticuatro horas realizar y remitir para su registro y evaluación un informe - que podrá ser digital - según las estipulaciones del Anexo 2 del presente protocolo al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario o al organismo que en su futuro lo reemplace".
"Artículo 10. Obligación de denunciar
El personal policial que hubiere participado o hubiere tenido noticia de un procedimiento en el cual se haya hecho uso de la fuerza presuntamente excesivo, en contradicción con las disposiciones del presente protocolo, tiene la obligación de denunciar el hecho a la oficina correspondiente del Ministerio Público Fiscal".
Otro punto importante, es la vaguedad de la reglamentación respecto a las limitaciones del uso de la fuerza. Porque nuevamente deja esto a criterio del efectivo actuante. El artículo 15 "Niveles del uso de la Fuerza" reza:
"Durante el desarrollo de los niveles del uso de la fuerza, el personal policial tendrá una percepción de la situación por medio de las impresiones que generan los sentidos y en base a esta percepción desplegará una serie de consideraciones tácticas, siguiendo las pautas del Modelo Circular de uso de la fuerza del artículo 14 del presente protocolo".
Incluso más adelante deja sentado que esa "percepción" es dinámica y depende del contexto.
No aclaren que oscurece
Otra cuestión curiosa del protocolo es la aclaración de situaciones de actuación que uno podría suponer que ya están sobre entendidas, como por ejemplo "Efectuar disparos hacia una multitud" o "Efectuar disparos cuando éstos impliquen un riesgo inminente para terceros", para nombrar solo algunos de los más burdos.
Además, por si hacía falta, explica que la vida está por encima de los bienes materiales:
"Valor supremo de la vida: en el uso de la fuerza se deberá priorizar la vida de todas las personas involucradas (personal policial, y/o terceros) por sobre los bienes materiales y por sobre el objetivo de lograr una aprehensión".
Aunque teniendo en cuenta el caso Chocobar, felicitaciones presidenciales de Macri de por medio, y el posterior respaldo del kirchnerista Sergio Berni, uno podría decir que no está de más la obviedad.
¿Falta de formación o una política de Estado?
En lo que mayormente se pone el foco ante estas crisis y que desembocan en protocolos que intentan de manera demagógica contener la situación es que el problema "es la falta de formación y educación del personal policial".
Así lo dejó entender el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, en una nota publicada en Cadena 3 donde asegura que "La educación de los policías es pésima".
Lo que no dice el dirigente kirchnerista cordobés es que el problema no es la falta de formación de la fuerza (cuestión que seguramente es un elemento), sino que este accionar policial ha sido una política consciente del peronismo cordobés durante sus más de dos décadas en el poder. Tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti sostuvieron este accionar y lo promovieron. No por nada la base electoral del PJ local es compartida con Juntos por el Cambio. El pedido constante de "mano dura" y las promesas securitarias durante las campañas electorales, contrastan con el deterioro del nivel de vida de la población en una Córdoba que presentaba antes de la pandemia más el 40 por ciento de pobreza estructural y ostenta casi un 20 por ciento de desocupación.
No por nada tan solo en lo que va del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se han realizado más de 15 mil detenciones con el artículo 205 del Código Penal como excusa y ha habido 8 casos de gatillo fácil, con el saldo de 21 policías detenidos. Esto sin contar las innumerables denuncias por hotigamiento, brutalidad o abuso policial.
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Crisis por aquí, crisis por allá
El mismo día en el cual el Gobierno presentó el protocolo, en la localidad de Paso Viejo se realizaba una marcha exigiendo justicia por Joaquín Paredes, mientras el desprestigio de la fuerza y el descontento social son cada ves más grandes. Como sucedió cada vez que se intentó desde el Ejecutivo realizar estos cambios cosméticos, una forma de "apagar el fuego con nafta", esto parece tener destino de un nuevo fracaso. A esto se le suma una provincia endeudada y con una gran crisis económica, a lo que se hay que agregar la crisis sanitaria y la ambiental.
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El cordobesismo, con el "Gringo" Schiaretti a la cabeza, parece haber entrado en un espiral descendente del cual no parece visualizarse el final. Mientras tanto, el descontento social sigue creciendo y distintos sectores han comenzado a salir a luchar, como las trabajadoras y trabajadores de limpieza, el personal de salud, con el reciente triunfo de las enfermeras de Rawson, o los call centers y repartidores que vienen ganando las calles exigiendo paritarias o derechos laborales elementales.
Precisamente, es la calle el único lugar adonde el pueblo trabajador a logrado sus conquistas. Ningún protocolo de actuación va a hacer que dejen de matar a los pibes de los barrios populares, porque es justamente una política consciente de Estado para amedrentar a aquellos sectores (y sobre todo la juventud precarizada), que son los más afectados por la crisis económica que una vez más quiere ser descargada sobre sus hombros. Hoy más que nunca, ante esta crisis que afecta a todo el planeta, el desmantelamiento de la institución policial es una necesidad histórica de la clase trabajadora. | 
