El fiscal general de EE.UU., William Barr, autorizó este lunes a todos los fiscales federales del Departamento de Justicia a iniciar las investigaciones sobre las acusaciones de las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante las elecciones presidenciales, a pesar a casi inexistentes evidencias de fraude.
Barr a través de una carta dio “luz verde” para iniciar investigaciones que persigan “acusaciones sustanciales de irregularidades en la tabulación de votos y votaciones” antes de que se certifiquen los resultados de la elección presidencial en sus jurisdicciones. Tales investigaciones pueden llevarse a cabo siempre y cuando existan “alegaciones claras y aparentemente creíbles” de esas supuestas irregularidades que, “de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado” en algún estado en concreto.
Como admite el propio Barr en su carta, tal movimiento de los fiscales federales para intervenir en una elección ha sido tradicionalmente “mal visto”, con la opinión de que las investigaciones sobre un posible fraude solo deben llevarse a cabo después de que se complete la carrera.
Pero Barr, quien fue designado por Trump en febrero de 2019, se burla de ese enfoque y lo denuncia como un "enfoque de aplicación pasiva y demorada". Si bien Barr no ha señalado ninguna irregularidad concreta en el texto si habilitó a los fiscales para avanzar en la investigación.
Primera dimisión en el Departamento de Justicia
El director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió este lunes por la noche tras la orden del fiscal general, William Barr, de investigar el supuesto fraude en las elecciones presidenciales.
“Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (...) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales”, anunció Pilger en una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses.
Pilger, además, lamentó que la orden de Barr “deroga una norma de 40 años de no interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones”.
Sin embargo, Barr ha sido otra de las figuras del entorno republicano que no escatimó durante el periodo electoral en ataques hacia el voto por correo, principal argumento que esgrime el todavía presidente de EE.UU., Donald Trump, y algunos de sus aliados más fieles, para denunciar fraude en los comicios.
Una teoría que no es compartida siquiera por gran parte del Partido Republicano, más allá de unos pocos incondicionales, puesto que no existen argumentos sólidos de que se produjera ese «gran fraude masivo» que Trump salió a denunciar tras conocer los primeros resultados.
Entre los que apoyan los intentos de Trump por revertir esta situación están dos de sus hijos, Eric y Donald Trump Jr.. También se encuentra el principal representante republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, quien opina que el aún presidente Trump “está en todo su derecho a examinar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus opciones legales”.
Por lo general, los fiscales sólo pueden actuar cuando los resultados finales estén disponibles, una situación que podría tardar aún varios días, o incluso semanas, pues los estados tienen hasta el 8 de diciembre para hacerlos públicos de manera oficial.
Para el lunes por la noche, pequeño grupo de unos pocos senadores republicanos conocidos por su disgusto por Trump -Mitt Romney de Utah, Ben Sasse de Nebraska, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska- había reconocido la victoria de Biden, publica el periódico New York Times. De esta manera, aún el Partido Republicano, a pesar de la derrota electoral, continúa alineado detrás de Trump. | 
