El cargo que el gobierno busca que sea ocupado por Ramos Padillla se encuentra vacante desde 2014, cuando falleció el juez Manuel Humberto Blanco. Desde entonces, ese lugar fue ocupado en forma provisoria por la jueza porteña María Servini, el juez de La Plata Adolfo Ziulu y el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.
Padilla es juez de Dolores desde el 30 de septiembre de 2011 y desde el año pasado quedó ubicado en primer lugar en la orden de mérito por parte del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo en el juzgado de La Plata.
Para efectivizarse su traslado deberá contar con la aprobación en la Cámara Alta, en la que el oficialismo cuenta con la mayoría. El pliego del juez federal fue enviado en un mensaje firmado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El juzgado en cuestión es considerado de importancia estratégica, ya que al poseer la competencia electoral de La Plata, es el encargado de intervenir y dirimir las disputas políticas que se puedan dar en la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país. Es el juzgado que debe intervenir ante posibles controversias en comicios electorales. Desde disputas por presentación de listas, impugnaciones, aprobación del financiamiento partidario, hasta denuncias por fraude y cuestionamientos que se puedan hacer a los resultados electorales.
Padilla tiene a su cargo desde el año pasado la causa por espionaje ilegal desde la AFI durante el macrismo. En el marco de la misma, procesó al fiscal Carlos Stornelli, al periodista Daniel Santoro y al ex espía, y falso abogado, Marcelo D’Alessio por extorsión a un empresario que estaba involucrado en la causa de los cuadernos. Lo que llevó a la oposición de Juntos por el Cambio a señalar las acusaciones como un intento de desvío de la causa de los cuadernos que investigaba su fiscal afín Carlos Stornelli.
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