Cómo olvidar aquella publicidad de la AFIP donde Don Carlos, un modesto dueño de fábrica, un emprendedor nacional, tomaba la decisión de acogerse a las facilidades de una moratoria para blanquear a los trabajadores que vaya a saber cuánto tiempo había empleado en negro, y se los hacía saber, entre aplausos. Como suele ocurrir con la publicidad, esta decía bastante más de lo que se proponía sobre la calaña de los pequeños y mediados empresarios. Hoy, como ayer, distintas vertientes del peronismo proponen una alianza en la que los trabajadores y sectores populares tomen al mundo PyME como aliado clave.

Desde su llegada al poder, el gobierno de Mauricio Macri ofreció numerosas señales respecto de la reconversión que ambiciona para la economía argentina. Más allá del grado de despliegue que hayan tenido hasta el momento, su enunciación bastó para sacudir el avispero entre los que se identifican como excluidos por el “modelo M”. La “grasa” abarcaría a un nutrido contingente de trabajadores estatales, a los 400 mil trabajadores del sector privado que deberán ser “reconvertidos” según los lineamientos del Plan Productivo Argentino, y también a un sector del empresariado, especialmente PyME, que ya ha puesto el grito en el cielo.

Las entidades que los nuclean (entre las que destacan CAME, Apyme y en parte la UIA donde conviven con los grandes grupos industriales) advierten por el devastador impacto que han tenido las medidas ya tomadas: tarifazos, desplome del mercado interno, apertura indiscriminada de importaciones; y también por lo que vendrá. “La industria en peligro”, el título de tapa de Le Monde Diplomatique de octubre, expresa con dramatismo lo que estaría en juego.

Para poner la cosa en números, según la Fundación Observatorio PyME (2014), de alrededor de 600 mil firmas activas en el país (de todos los rubros), el 85,8 % son microempresas (menos de 9 trabajadores), 11,2 % son pequeñas (entre 10 y 50), 2,4 % son medianas (51 a 200) [1], y sólo 0,6 % son grandes. A su vez, las PyME explican el 51 % del empleo y 44 % del valor agregado en el total de la economía. Detrás de este dato hay realidades de lo más diversas, desde empresas casi sin personal a cargo, pequeños talleres, hasta otras fuertemente conectadas con los grandes grupos económicos que buscan camuflarse como PyME para obtener ventajas de incentivos sectoriales.

Ni lerdas ni perezosas, las vertientes en las que está dividido hoy el peronismo (desde el kirchnerismo hasta Massa) han salido a ofrecer distintas variantes de alianzas con un mismo contenido: la conciliación de clases, integrando en un mismo frente los reclamos de empresarios, trabajadores y sectores populares. El flamante triunvirato de la CGT hizo suyos los reclamos del empresariado PyME y realizó varias reuniones con sus referentes. El Frente Renovador de Sergio Massa exigió el liso y llano cierre de importaciones como medida para preservar el mercado interno para la producción local. También la Marcha Federal impulsada el pasado septiembre por la CTA y otras organizaciones sociales tuvo a representantes de las PyME como destacados participantes.

La noción de que los intereses de importantes fracciones del empresariado y los de los trabajadores y sectores populares resultan convergentes, se encuentra en el ADN del peronismo. En rigor, en esta articulación policlacista planteada históricamente por el peronismo, en la que los trabajadores tienen reservado el puesto de columna vertebral (o furgón de cola), se trata de un bloque empresarial que engloba a grandes, pequeños y medianos. Y de hecho, incluso en los casos de los gobiernos peronistas que más énfasis hicieron en el desarrollo de una burguesía nacional (los de Perón o de los Kirchner) han sido sectores del capital más concentrado los principales beneficiarios. Pero, como resulta comprensible, la retórica peronista en sus distintas variantes resalta a los “pequeños” en el discurso. De esta forma, resulta más factible sostener la tesis de una confluencia de intereses del “campo popular”. También, resulta más creíble la amenaza de desaparición como resultado de una dura política de apertura y ajuste por parte de Cambiemos. ¿Una alianza en la que todos ganan?

Tudo bem, tudo legal

La noción de que hay una comunidad de intereses posible entre trabajadores y empresariado PyME, se apoya en la importancia que tiene el mercado interno para este conglomerado. Considerando que apenas 100 empresas concentran más del 75 % de las exportaciones del país [2], es evidente la importancia del mercado nacional para la mayor parte del entramado empresarial. Pero entre esta evidencia y la deducción de que los que producen para el mercado interno tomarán de forma entusiasta las políticas beneficiosas para los trabajadores y sectores populares (gasto público redistributivo, impulso a negociaciones colectivas del salario que recompongan el poder adquisitivo, combate a la informalidad laboral, etc.), hay un salto lógico, ante el cual es recomendable mantener la prudencia.

Marx sostenía que cada capitalista, en la búsqueda del mayor mercado para sus mercancías, aspira a que los demás empresarios paguen salarios elevados. Pero la cosa cambia al momento de dirigirse a sus trabajadores, cuyos sueldos representan, desde su punto de vista, un costo. Una deducción sobre la riqueza que él –en su opinión– “produce”, cuando en realidad la cosa es al revés y la ganancia surge de apropiarse de una parte de lo producido por los asalariados sin dar nada a cambio. Acá, a la inversa de cuando mira como consumidores a los trabajadores empleados por otros, la regla es la contraria: no hay monto lo suficientemente bajo para el salario en tanto la relación de fuerzas lo permita.

Esta ciclotimia, constitutiva de la relación entre el capital y el trabajo ya sea que se trate de grandes o pequeños empresarios, es un primer aspecto que pone en duda cualquier rápida identificación de intereses. La cuestión va mucho más allá de un antagonismo genérico. Según Rubén Ascúa, el titular de la Red PyMEs Mercosur, estas tienen un 40 % menos de productividad que las grandes empresas [3]. La existencia de esta “brecha productiva” fuerza a estos empresarios a degradar las condiciones de la fuerza de trabajo para tener rentabilidad. A la brecha productiva le hacen corresponder una brecha salarial no menos pronunciada. Por ejemplo, en la industria automotriz, los trabajadores autopartistas (empleados por PyME o por grandes conglomerados) recibieron ingresos que promediaron un 40 % del salario de los trabajadores de terminales, según surge de los datos del SIPA y ADEFA [4]. Ejemplos como este se reproducen en todas las ramas de la economía, facilitados por la diferenciación entre negociaciones colectivas por rama y por empresa [5].

A la fragmentación existente entre los trabajadores registrados de firmas de diverso tamaño, se agrega el peso formidable que tiene el empleo no registrado en el sector PyME. Según surge del Indec, el 80 % del empleo no registrado es generado por empresas de menos de 10 trabajadores. Según estimaciones privadas, el empleo no registrado en PyME creció un 40 % durante el primer semestre de este año [6]. Estos trabajadores reciben un salario que en promedio es el 60 % del que perciben –también en promedio– los trabajadores registrados.

Además de este recorte que aplican en el ingreso de bolsillo de los trabajadores que emplean en negro, las patronales PyME se ahorran de pagar las cargas patronales. Pero no sólo con esta degradación de la fuerza de trabajo es que este sector capitalista busca compensar su brecha de productividad. Deberle al fisco es otra pata central para solventar los negocios. Esto lo hacen todos los empresarios, sin importar su tamaño, como reconoció con desparpajo Fabián de Souza, hasta hace poco socio de Cristóbal López, al señalar que dejar de pagar impuestos para financiarse es “absolutamente legal” (y en la petrolera Oil lo hicieron por nada menos que 8 mil millones de pesos) [7]. Sólo que en el caso de las PyME cobra una regularidad y extensión aún mayores. Es característico de estas empresas financiarse con deuda impositiva, que incluye de forma privilegiada al IVA y los aportes previsionales (en este caso dejan de pagar a Anses lo que sí retienen a sus empleados).

No sorprende que un proyecto presentado por la Cámara Argentina de Comercio para fomentar a las PyME, tuviera como uno de los puntos destacados el reclamo de la reducción del período de prescripción de 10 a 5 años para las deudas previsionales [8]. Como declaraba Germán Dahlgren, especialista en tributación, en referencia a las expectativas depositadas en la nueva moratoria impositiva –¡otra más!–, existe “una pesada carga de deudas impositivas de arrastre” [9]. Como ha ocurrido tantas veces en la historia argentina, un nuevo jubileo impositivo volverá a diluir esta “carga” en cómodas cuotas, mientras el impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios se irá modificando con parsimonia.

Hay que señalar que aunque no existen datos diferenciados, dentro del universo de las microempresas, podría estimarse que un tercio son pequeños comerciantes, profesionales, talleres que no explotan mano de obra, y que por ende no se caracterizan por estas prácticas de “saqueo” de los pequeños patrones hacia sus asalariados.

¿Alternativa de desarrollo?

A esta altura del partido, existe una abrumadora evidencia de que la burguesía nacional realmente existente, entendiendo por ella las principales empresas y conglomerados económicos de propiedad de capital local –empezando por el tercio de las 500 más grandes empresas que cumplen esta condición–, lejos están de tener algún interés en ser protagonistas de cualquier proyecto de desarrollo. Buscan hacer los mejores negocios en los marcos del capitalismo dependiente argentino tal como es, integrándose de forma subordinada al capital imperialista. Y además, fugando serialmente sus ganancias. Digamos de paso que los privilegios de estos sectores se mantuvieron incambiados durante los años del modelo “kirchnerista” –aunque se expandió los beneficios a otros sectores de la burguesía– lo cual estaba en abierta contradicción con la posibilidad de cualquier perspectiva de desarrollo como la que prometía el discurso kirchnerista.

Ante la defección de la burguesía, no faltan quienes, considerando que un mayor desarrollo capitalista para la Argentina es un camino pendiente –y posible– [10], miran hacia el entramado PyME en busca de una alternativa ante la defección de los grupos nacionales pertenecientes a la cúpula. Matías Kulfas señala que entre 5.000 y 6.000 empresas medianas llegaron en el país a transformarse en grandes empresas [11]. Pero si miramos el período posterior a la devaluación de 2002, que significó una mejora de los márgenes y la “competitividad” para la mayor parte de las empresas gracias a la combinación entre desplome de los costos laborales y protección del mercado interno para la producción nacional debido al encarecimiento de las importaciones, se puede observar cómo aún en las mejores condiciones el desenvolvimiento de estas empresas presenta claroscuros. Por un lado, es cierto que durante este período volvió a crecer el entramado empresario. En el sector manufacturero, las estimaciones cifran en 18.600 la cantidad de nuevas fábricas [12]. Por otro lado, el crecimiento del sector PyME estuvo siempre por detrás del de la economía. Durante todos estos años se siguió acrecentando la diferencia entre la productividad promedio del sector industrial y la de las PyME industriales. Sólo en el período 2002-2007 la brecha se mantiene estable, para empezar a crecer marcadamente desde entonces. De acuerdo al Observatorio Pyme, este rezago se explica por los menores volúmenes de producción que se registran a partir de entonces. Las tendencias divergentes entre la producción industrial de las empresas más grandes y las PyME comenzaron en el bienio 2006-2007 y se agravaron durante el la recesión de 2008-2009. Pero incluso antes, durante 2004-2006, se observa una mejor performance de las grandes empresas.

A partir de allí, la pérdida de terreno de las PyME nunca fue recuperada, y actualmente la participación de estas empresas en la producción de la riqueza nacional y el empleo es inferior a la registrada en 2004 [13].

A medida que crece el rezago productivo, se multiplican los argumentos empresariales para reclamar compensaciones. Protección del mercado que significa siempre asegurarles que puedan vender más caro, disociando parcialmente el mercado local del internacional, lo cual impacta centralmente de forma negativa sobre la capacidad de consumo de los trabajadores; subsidios del Estado, pagados con impuestos que pesan proporcionalmente más sobre los trabajadores; ilegalidad fiscal y empleo no declarado, y por último, incumplimiento impositivo, sirven así para asegurar la subsistencia de este estrato y asegurar el empleo que estas firmas generan (mal pago y degradado en términos relativos), pero siempre se aleja la perspectiva de que, aún con estas ayudas, pueda ocurrir el gran salto adelante. Las vías para cortar el círculo vicioso del atraso y la dependencia, pasan por otro lado y recaen en manos de otra clase social.

Cuando el bosque tapa al árbol

El pasado 1 de septiembre, día de la industria, el dirigente de la UIA José Urtubey dio un encendido discurso alertando contra la amenaza china para la producción nacional y pidiendo que no se considere al gigante asiático como economía de mercado. Podría parecer que estaba hablando en nombre de los manufactureros PyME, ya golpeados por un crecimiento en las importaciones de bienes de consumo desde que se liberó el comercio en diciembre y que podrían verse más afectados por un incremento de las ventas desde China. Puede que así fuera, pero sólo en segundo término. Está verbalizando en primer lugar las inquietudes de Techint, que pasan menos por la posibilidad de que se otorgue a China el estatus de economía de mercado, que por el hecho de que muchas de las obras que ese país prevé financiar en los próximos años (la mayor parte de ellas pactadas por Cristina Fernández en 2015) contienen una cláusula de “compre chino” que amenaza la posición del grupo de la T como proveedor privilegiado de la obra pública.

No es la primera vez que el conglomerado de los Rocca levanta la bandera de la “reindustrialización” y del “empresariado nacional” para pelear por sus intereses. Cuando la puja entre dolarizadores y devaluadores dividía a los actores burgueses dominantes que actúan en el país durante la crisis de la convertibilidad, el presidente del holding (ubicado en la vereda de los segundos) señalaba: “Debemos tener un modelo nacional, que tiene que ser productivo, fruto de las fuerzas productivas en simbiosis con las fuerzas políticas de la Nación” [14]. En medio de la hecatombe se impuso la salida por la que bregaban los Rocca, y ya sabemos que hizo poco por las “fuerzas productivas nacionales” pero mucho por la rentabilidad empresarial, a costa de hundir el poder adquisitivo de los asalariados.

La coartada de impulsar las PyME para terminar otorgando beneficios que se extienden a grandes empresas, tiene muchos otros capítulos. Mencionemos por ejemplo la ley de impulso a la producción de autopartes nacionales que votó el Congreso este año [15], que es prácticamente igual a la ley 26.393 que rigió durante los años 2008 y 2013 (y que no desarrolló la producción de autopartes pero sí transfirió generosos recursos fiscales al sector automotriz). Mediante esta ley, el 75 % del mayor gasto en autopartes nacionales es pagado por el tesoro mediante descuentos impositivos. Las “pequeñas y medianas” que se benefician mayormente con esta ley son multinacionales que operan en el país como Lear o Gestamp, ya que las grandes automotrices organizan internacionalmente a sus proveedores y traen al país a las firmas asociadas o directamente importan los insumos, según convenga a su negocio.

Esta posibilidad de las grandes firmas de verbalizar sus reclamos en nombre de la “producción nacional”, poniendo al frente a los pequeños y medianos “emprendedores”, pone de relieve que, más allá de los desacuerdos que puedan suscitar algunas políticas puntuales, el sector PyME no es portador de un esquema de desarrollo alternativo al capitalismo dependiente donde prima una cúpula económica cada vez más concentrada y extranjerizada.

La defensa de los intereses y aspiraciones de la clase trabajadora no pasa por esta alianza con los intereses del empresariado “nacional”, que la ubica necesariamente de forma subordinada, y cuyo único resultado puede ser seguir profundizando las condiciones de atraso y dependencia. Por el contrario, pasa por el desarrollo una política independiente para acaudillar al conjunto de los explotados, tomando en sus manos los principales recursos del país impulsando la nacionalización bajo gestión obrera de los principales resortes de la economía, para reorganizar la producción en función de las necesidades sociales –incluyendo en esta planificación a los pequeños productores que no explotan trabajo ajeno–, para poner fin a este círculo vicioso.