El país continúa en una catástrofe económica y social sin precedente en un dramático cuadro nacional que no tiene parangón en nuestra historia. No hay orden de la vida en que las calamidades del pueblo trabajador no han hecho más que acentuarse, desde la salud, la educación, la alimentación, los servicios más esenciales como el agua, electricidad, combustible, comunicación, la vivienda, el transporte, la cultura, etc. y una hiperinflación que deja como tierra arrasada cualquier ingreso extra que se consigue, volviéndose nada apenas llega a nuestras manos. No hay país del mundo donde el salario mínimo se haya destruido oficialmente, llegando a niveles inexistentes de menos de un dólar mensual; es tal el descalabro que ya el Gobierno ni lo anuncia formalmente.
Un país en colapso completo en todos los sentidos de la palabra, donde un Gobierno en clara descomposición no hace más que acentuar los sufrimientos decretando leyes entreguistas y privatizadoras al mismo tiempo que elimina otras, como lo es prácticamente lo que ha hecho con la Ley del Trabajo, que ni en épocas de Gómez. Todo esto a la par de una represión contra todo aquel que reclama o protesta, donde además de la actuación de las fuerzas policiales con sus escuadrones como el de la FAES, los siniestros servicios de inteligencias de Estado actúan contra el pueblo trabajador y grupos paraestatales lo hacen abiertamente en las principales ciudades del país. Es el sálvese el que pueda en un laissez faire donde el capital privado y su voracidad de lucro saca partida.
En su contracara está una oposición que clama por el intervencionismo y la injerencia imperialista, aplaudiendo sanciones y las confiscaciones de bienes extraterritoriales del país, con planes de salidas a la situación imperante que no son más bien que entreguismo y neoliberalismo tal cual como todo el derechismo continental que lo secunda, los admiradores de Trump.
En este contexto, un Gobierno descompuesto sostenido por las Fuerzas Armadas a la par de todo un sistema represivo y cuasidictatorial, con estado de excepción permanente y socavando los más elementales derechos democráticos, realiza una elecciones parlamentarias amañadas y convocadas a su medida. Como parte de su repertorio autoritario contra los partidos opositores (sean de derecha o de izquierda), intervino judicialmente, en la izquierda chavista, al PPT, Tupamaros y UPV, para otorgarle el control de esos partidos y su legalidad electoral a las fracciones que aceptan subordinarse al Gobierno/PSUV. Lo hizo a través del TSJ, que funciona como el brazo judicial del Ejecutivo para legalizar o ilegalizar a conveniencia partidos y candidatos. La misma intervención judicial le cayó encima a varios de los principales partidos de la oposición de derecha, para darle el control de éstos a las fracciones que están dispuestas a ir al proceso electoral en las condiciones establecidas por el Gobierno; es parte de las maniobras gubernamentales para hacerse una oposición a la medida.
Se trata de toda una orquestación que se vino a montar tras la imposición del fraude “Constituyente” del 2017, haciendo elegir una Asamblea que se autoproclamó supraconstitucional y plenipotenciaria, pero que no era más que un instrumento de las camarillas bonapartistas gobernantes, y que hasta el día de hoy no se sabe ni con cuántos votos fue elegido cada diputado. Incluso hasta no hace poco, fue el propio Maduro el que anunció que tal instancia cesaba sus actividades este diciembre, cuando ni siquiera los supuestos constituyentistas estaban enterados de tal cosa. Un fraude que se vino a realizar bajo un estado de excepción permanente (que le daba más rienda suelta a la violencia discrecional de los cuerpos represivos), con proscripción de partidos (tanto a derecha como a izquierda), prohibición al movimiento obrero de las elecciones sindicales (por la vía de los hechos), fuertes restricciones a las movilizaciones obreras y populares y del derecho a huelga, so pena de ser reprimidos o encarcelados (“no se puede permitir a nadie que tranque una calle”, decía Maduro); y con criterios de elección creados por el Gobierno para garantizarse de antemano la mayoría mediante el control estatal de las instancias “comunales” y del falso “poder popular”.
Pero son tantas las calamidades y sufrimientos del pueblo trabajador que a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones reina la mayor apatía sobre las mismas, e incluso ni clima electoral impera en el país. Las encuestas indican los más bajos números de participación electoral en un país donde en otras elecciones los niveles de participación eran bastante altos a pesar de que el voto no es obligatorio. Los trabajadores, el pueblo pobre, los campesinos y los habitantes de las comunidades de las grandes barriadas concentran su tiempo en la faena de conseguir algo de comer y donde está la mayor de sus preocupaciones.
La “consulta” de Guaidó: un nuevo parapeto de la fracasada oposición golpista y proinjerencista
Después de toda su ofensiva golpista desde enero del 2019, que se extendió durante buena parte de ese año y su fracaso completo de imponer al títere de Washington, Juan Guaidó, la oposición de derecha volvió nuevamente a dividirse y atraviesa una crisis profunda. Rápidamente se desvaneció su ofensiva del año pasado tras la que se había aglutinado todo el arco opositor del país. Es en esta situación que los principales partidos de la oposición como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, entre muchos otros de bastante visibilidad como Vente Venezuela de María Corina Machado, Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, deciden no participar de estas elecciones con el argumento que no son “libres ni democráticas”.
Pero hay que ser claros a estos factores opositores lo que menos les interesa es la democracia. Luego de intentar derrocar al Gobierno bajo la vía golpista y hasta reclamar una intervención imperialista en el país para asentarse en el poder, e incluso hasta avalando incursiones militares con mercenarios estadounidenses, nula moral tienen para argumentar cuestiones democráticas (han avalado y apoyado golpes de Estado como el de Bolivia). Su no participación tiene el fundamento central de toda una política proimperialista, de intervencionismo y reclamar más sanciones económicas que agobian al pueblo, además de todos sus planes del más rancio neoliberalismo que en esto último se emparenta con las políticas de Maduro como se puede ver con la Ley “antibloqueo”. Ese es el programa de la no participación de este bloque opositor para que le abra camino a sus planes como vimos durante todo el año pasado.
La respuesta del sector de la derecha que se referencia aún en Guaidó ha sido plantear su propia “consulta popular”, en contraposición a las elecciones organizadas por el Gobierno. Una consulta que se estaría realizando desde el 7 de diciembre y terminaría el 12. Es una suerte de reedición, con muchísimo menos empuje y fuerza, que el plebiscito del 16 de julio de 2017, en plena crisis política nacional y donde la oposición ponía a pesar en la calle grandes movilizaciones. Esta vez la oposición no tiene en la calle ni la sombra de lo que entonces convocaba, pero los objetivos son similares.
En aquel entonces era la respuesta a la convocatoria a la farsa de Constituyente. Frente a esa maniobra autoritaria del gobierno ante la ofensiva de la derecha por sacarlo del poder, pero también ante su cada vez más falta de apoyo popular, la oposición pretendió enarbolar el argumento democrático convocando por su cuenta, y organizado bajo su control, un plebiscito, no solo para rechazar la Constituyente de Maduro (pregunta 1), sino también para avanzar en su presión sobre las FF.AA. para provocar un movimiento militar que empujara a Maduro del poder (pregunta 2), y habilitar a que la oposición pudiera formar un eventual nuevo gobierno con sus aliados (pregunta 3). Al intento de reforzamiento del bonapartismo de Maduro, que usaba el argumento “democrático” de la “Constituyente”, la derecha respondía con el argumento “democrático” del plebiscito para forzar y legitimar un eventual golpe militar y la formación de un gobierno propio.
En esta ocasión las preguntas de la “consulta”, también controlada totalmente por la derecha, apuntan tanto a desconocer al gobierno de Maduro como al evento del 6-D, y legitimar un amplio arco de medidas injerencistas. La primera pregunta consulta si se quiere el “cese de la usurpación” y la realización de “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”. La segunda si se rechaza las elecciones del 6-D y se “solicita a la comunidad internacional su desconocimiento”. Y la tercera si los votantes “ordenan” realizar gestiones necesarias ante la “comunidad internacional” para “rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.
Es una maniobra en línea con toda la política de intervencionismo imperialista. Buscar darle una cobertura de “respaldo popular” a la política que ya tiene trazada en acuerdo el gobierno de Trump (hay que ver si la continuará el de Biden), de las principales potencias europeas y los gobiernos de la derecha latinoamericana: mantener el desconocimiento de Maduro, de las elecciones del 6-D y continuar con medidas de injerencia para presionar en función de los objetivos de las potencias imperialistas y de ese sector de la derecha local.
Por otra parte, otro sector menor de la oposición sí ha llamado participar, son los organizados en la llamada Alianza Democrática conformada por los partidos Avanzada Progresista (un conglomerado formado a partir de disidentes de Podemos, Patria Para Todos, Gente Emergente y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene a la principal figura de Henri Falcón), Esperanza por El Cambio (del evangelista Javier Bertucci), Cambiemos, además de las direcciones intervenidas judicialmente de Acción Democrática y de Copei. Participan también el MAS y Soluciones, de Claudio Fermín, y donde va en alianza Redes, el partido de Juan Barreto, proscrito por el Gobierno. Se encuentra también Venezuela Unida compuesta centralmente por provenientes de Primero Justicia y otros agrupamientos de la derecha, tiene entre sus figuras al diputado disidente de PJ, Luis Parra. En su mayoría, se trata de sectores que llegaron a acuerdos con el Gobierno de Maduro, incluso, en otro momento llegaron a conformar una mesa de negociación luego que fracasaran las reuniones entre los partidos más fuertes (el llamado bloque de los cuatro) de la oposición, siendo lo más emblemático Luis Parra que junto al PSUV intentó montar una Asamblea Nacional paralela a la que dirigía Guaidó, para lo que contó obviamente con el apoyo de Maduro, reconociéndola automáticamente. Es una oposición que el Gobierno ha venido construyéndola a su medida, donde muchos son oriundos de partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia dándoles el reconocimiento legal.
El pueblo trabajador debe darle la espalda tanto a la farsa “democrática” del 6-D como al mamotreto pro injerencista de la consulta de Guaidó
Como hemos escrito más arriba existe una gran apatía con respecto a estas elecciones, incluso las últimas encuestas revelan que casi un 70% de los habilitados a votar no asistirán a las urnas. Una encuesta de Consultores21 recogió que 78% de la población dice que no votará en las elecciones parlamentarias el 6-D. Pero no es que se entusiasmen tampoco con la “consulta” de Guaidó. Otra encuesta publicada en los últimos días señala que estaría incluso apenas por el orden del 15% los que están totalmente seguros de ir a votar el 6-D, y solo un 8% afirma que participará en lo de Guaidó.
Si el pueblo está harto del Gobierno esto no está implicando un avance en apoyo de la oposición de derecha, es lo que explica el declive completo de este sector que lejos está de mostrar fuerza en las calles. De acuerdo a una reciente encuesta de Datanálisis, un 62,2 % por ciento de los venezolanos no respalda ni al Gobierno de Nicolás Maduro, ni a la dirigencia opositora. "Ni el gobierno ni la oposición están atrayendo ni convenciendo”, indica la conclusión de dicha encuestadora. Es el hastío frente a una situación que no da más, y la descreencia en estas elecciones como en la consulta de Guaidó.
Es que la situación es insoportable. A cada tanto se dan focos de explosión social en diversas partes del país por la carencia de lo más elemental, como agua, electricidad, gas doméstico, mientras el Gobierno ha llegado al desparpajo de proponer el uso de leña para cocinar. Los trabajadores salen y quieren salir a protestar frente a la inclemencia que viven, donde han perdido todos sus derechos laborales, y el más elemental, el derecho al salario, ni hablar del acceso a la salud siendo cada vez más los que mueren por no contar con lo esencial de una asistencia médica, fallecen por no poderse comprar una medicina que les podría salvar. Protestar es un derecho negado. Ya no solo reprimen las policías oficiales sino los grupos paraestatales (parapoliciales) que impiden que los trabajadores se manifiesten, además de la actuación descarada de los servicios de inteligencia como el SEBIN, DGCIM, que detienen trabajadores por protestar y los mantiene en la cárcel por años sin siquiera al derecho a un juicio como es el caso de Rodney Álvarez, 9 años por un crimen que no cometió y todo para encubrir a sectores de la alta burocracia chavista, como el ex gobernador Rangel Gómez. Ni se diga en los grandes barrios, donde una fuerza represiva de exterminio como el FAES actúa con licencia para matar, llevando todo un récord de ejecuciones, sobre todo de jóvenes y pobres. Es la represión si quieren rebelarse.
Y a su frente a esa oposición derechista, una de las más rastreras del imperialismo. No les tiembla el pulso a la hora de reclamar más intervencionismo y sanciones. No es una oposición que tiene que llegar al gobierno para mostrar su verdadero rostro. Ya lo hace. En medio de la pandemia ha venido exigiendo que las sanciones se incrementen sabiendo que éstas afectan directamente a los trabajadores, a las grandes mayorías populares, a los pequeños productores del campo, a las mujeres, a la juventud. Son partícipes de la confiscación de bienes del país que hacen potencias extranjeras queriendo aumentar con ello el cerco económico y político. Es una manera directa de golpear al pueblo todo para lograr su objetivo de hacerse del poder y avanzar a una mayor semicolonización. Es por eso que también tienen un fuerte rechazo por parte de sectores importantes del pueblo trabajador y pobre, y esto a pesar del papel que juegan burocracias sindicales vinculadas a sus partidos. Engañan a más no poder con sus demagogias y cinismo de la peor calaña.
Tanto las elecciones a la medida del bonapartismo oficial, como el pretendido paralelismo proinjerencia imperialista, son un engaño a las aspiraciones democráticas del pueblo. Más aún, ambas estrategias están puestas en función de programas profundamente reaccionarios. La elección de Maduro y las FFAA pactada con un sector de la derecha, busca dar pasos en “pasar la página” de la profunda crisis política, para avanzar en una “salida” del colapso mediante el más abierto entreguismo a capitales extranjeros, una ofensiva privatizadora y la destrucción del salario y los derechos obreros que han logrado. Lo de Guaidó y el otro sector de la derecha sigue el guión de imponer un cambio de régimen a la medida de los EE.UU., para que sea éste quien tutele (y tenga la primacía en) la ofensiva de semicolonización del país por parte del gran capital transnacional, las privatizaciones y la mano de obra casi gratuita. Todo el arco burgués contempla para el país mayor desnacionalización de la economía, un mayor control por parte del capital privado, tanto extranjero como nacional, y avanzar sobre la conquista que para el conjunto del capital significa la destrucción de las conquistas de la clase trabajadora.
Con semejantes programas para el sometimiento obrero y popular detrás de cada pantomima “democrática” que nos ofrecen, la posibilidad de hacer valer la voluntad del pueblo trabajador pasa es por la posibilidad de recuperar su capacidad de lucha y movilización. Lo que ha hecho posible que gobierno, burócratas corruptos y empresarios de todo pelaje, hayan vuelto trizas las condiciones de vida del pueblo, por supuesto contra nuestra voluntad, es una correlación de fuerzas en la que no ha pesado en la escena nacional la lucha obrera y popular, con sus propias demandas y sus métodos de lucha. Sin esa fuerza, sin recuperar esa capacidad de lucha, no habrá posibilidad de hacer valer nuestra voluntad: la clave pasa por buscar las vías para ponernos en pie para luchar por un programa económico obrero y popular de emergencia.
Es por eso que en estas elecciones, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) acompañaremos a los trabajadores y al pueblo que muestran un descreimiento hacia estas elecciones y quien las organiza, así como expresan una falta de expectativa en que ni estas elecciones ni las opciones que concurren podrán resolver las calamidades, y que lo podrán de manifiesto con su abstención; y a aquellos que son obligados a ir votar y temen perder sus trabajos, les decimos que expresen su descontento votando nulo. De igual manera, llamamos a darle la espalda a la maniobra de Guaidó, ante la cual también se expresa una casi nula disposición a participar por parte del pueblo trabajador. El descreimiento del pueblo y la falta de entusiasmo se expresan hacia los mecanismos supuestamente “democráticos” que ofrecen ambos polos. Por eso, ante esta situación, levantamos la pelea por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde se puedan discutir los problemas de fondo del país, como lo explicamos a seguir.
Por qué hay que pelear por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Como hemos desarrollado en muchos artículos el Gobierno de Maduro montó un fraude “Constituyente” que prácticamente no era más que un ministerio, donde directamente todas las órdenes venían del Ejecutivo. Además de un total engaño fue un puntapié para todo su giro bonapartista reaccionario con su pilar central de las Fuerzas Armadas y avanzar en todo un régimen represivo y cuasidictatorial. La reciente “votación” de la Ley “antibloqueo” en la supuesta “constituyente” constituyó el más aberrante descaro donde los diputados ni llegaron a conocer el texto que se votaba. Ni de las formas se cuidaron.
Pero mientras por un lado el Gobierno de Maduro sigue con sus elecciones amañadas y a su medida para avanzar en sus planes antiobreros y represivos y la derecha con su demagogia de elecciones avaladas por Trump y la derecha continental, teniendo en común que toda esta catástrofe económica y social la pague el pueblo, los trabajadores podemos pelear, en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, por imponer una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana.
Es que si realmente se quiere ir al fondo de los problemas y el ejercicio de la “voluntad popular”, debemos ir hacia una Asamblea Constituyente, verdaderamente Libre y Soberana, donde se puedan discutir todos los problemas del país y del pueblo, donde podamos pelear por nuestras demandas, que sirva para desarrollar la movilización obrera y popular contra todo los factores de poder, que solo presentan miseria, autoritarismo, represión e injerencismos, y que quiere decidir nuestros destinos.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde se disuelva el poder presidencial y demás poderes, ejerciendo funciones ejecutivas y legislativas, donde una de sus primeras medidas deberá ser poner en marcha un plan de emergencia obrero y popular que haga que las consecuencias de esta profunda catástrofe económica, social y sanitaria que vive el país dejen de ser pagadas por el pueblo trabajador. Donde se elimine toda esa casta de jueces corruptos que no los elige nadie, y no terminan siendo más apéndices de los otros poderes con sus altísimos salarios y prebendas, y que todo juez sea elegido por el pueblo mediante el voto universal y ganando como un trabajador más. Que decida una verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas del petróleo, minería, de las industrias básicas, que deberán pasar a estar bajo control de sus trabajadores y bajo la fiscalización del pueblo organizado. Donde una vez por todas se resuelva el problema de la vivienda de millones que siguen en casas precarizadas o prácticamente no tienen donde vivir, y se avance a una verdadera revolución agraria y resolver el problema del campo. Que vote la nacionalización de la banca constituyendo una banca estatal única para atender los intereses fundamentales, así como el monopolio del comercio exterior. Pero una Asamblea Constituyente donde los representantes del pueblo puedan ser revocados si incumplen sus compromisos y que ganen como gana un obrero calificado o una maestra de escuela.
Es claro que una Asamblea Constituyente Libre y Soberana de la que hablamos solo puede ser impuesta por la movilización popular y al calor del desarrollo de organismos de autodeterminación, pues no habrá otra manera de defensa para garantizar el derecho democrático a ejercer la soberanía a través de una constituyente con plenos poderes y emanada de la decisión del pueblo. La lucha por esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana abona también a la lucha por un gobierno de los trabajadores, pues podría acercar a los trabajadores a la convicción de que la única solución de fondo es tomar en sus propias manos las riendas del país, instaurando un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre, basado en las organizaciones de lucha. Pues luchando por los más plenos derechos democráticos, los organismos de autodeterminación podrán ser la base para conquistar una salida definitiva a la miseria que nos imponen los sectores en pugna, es decir la miseria capitalista, que solo se podrá alcanzar con un gobierno de los explotados y oprimidos.
¿Por qué no apoyamos la APR?
Si aún en este contexto, de elección amañada, bajo la descomposición autoritaria del régimen político, se presentase alguna opción electoral que expresara una posición de independencia política de la clase trabajadora, desde nuestra corriente podríamos considerar progresivo llamar a votarlos. Sin embargo, no es este el caso de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), encabezada por el PCV y el PPT. Coinciden en esa alianza numerosos/as luchadores/as, activistas y militantes honestos/as, comprometidos genuinamente con las luchas del pueblo trabajador, eso no está en duda, sin embargo, no se trata de eso, sino de si el contenido político expresa una política de clase, independiente de cualquier variante capitalista.
La APR sigue siendo expresión del chavismo, que no es un proyecto político de la clase trabajadora para derrocar a la burguesía y acabar con el capitalismo, sino más bien de colaboración de clases: propugna que explotados y explotadores pueden convivir en paz, con algunas que otras reformas para una supuesta “justicia social”, pero manteniendo la misma sociedad con empresarios privados, banqueros y terratenientes, es decir, la división de clases donde las clases propietarias viven de la explotación de los trabajadores y el pueblo pobre; en fin, el capitalismo. Al ser esa la base concreta del “desarrollo nacional” que proponía el chavismo, es una promesa de desarrollo capitalista, con pugnas y cierta autonomía ante los capitales imperialistas, pero capitalista al fin. Y es ese proyecto de conciliación de clases el que, además, en su fracaso y degeneración nos condujo al actual desastre histórico.
En este sentido, desde la LTS comprendemos la expectativa que genera en algunos sectores, porque la APR se presenta cuestionando algunas de las políticas más regresivas del gobierno (destrucción salarial, privatizaciones, desalojo de campesinos, etc.), es una expectativa por izquierda en el sentido que se opone al curso a derecha del gobierno. Pero tiene el gran límite de que se cuestiona eso reivindicando al mismo proyecto político burgués del cual el régimen actual es una expresión: como hemos explicado en otros textos, si bien a estas alturas ya el gobierno de Maduro y las FFAA se diferencia en muchos aspectos de las políticas de los tiempos de Chávez, este gobierno no surgió como una “traición” al legado de Chávez, sino que, en condiciones muy diferentes a las de Chávez, y tomando el testigo de la herencia problemática y contradictoria que este les dejó, ha desarrollado exponencialmente los aspectos regresivos que ya se incubaban en el chavismo en tiempos de Chávez.
Esto no es poca cosa, porque precisamente, la tragedia histórica de la clase trabajadora venezolana –y con ella del conjunto del pueblo pobre– en estos 20 años, fue su disolución política en el proyecto expresado por Chávez, la ausencia de una alternativa política propia de la clase obrera. De hecho, esa subordinación la expresaron hasta no hace muchos los principales partidos de la APR, que se mantuvieron apoyando políticamente al gobierno de Maduro y las FFAA en todos estos años de ajustes económicos reaccionarios y avance profundamente represivo, incluyendo el apoyo a la farsa de “Constituyente” (desde donde se han aprobado leyes tan nefastas como la “ley contra el odio”, la de inversiones extranjeras y la “ley antibloqueo”), y hasta el zarpazo que intentó en enero pasado a la AN en alianza con grupos descompuestos de la oposición de derecha.
Ese apoyo al gobierno burgués de Maduro se expresó también en que esos partidos no desarrollaron ninguna política para que la clase obrera desarrollara su lucha de clases para enfrentar al gobierno y derrotar sus planes. Su política fue: a los trabajadores que influenciaban, mantenerlos (en el FNLCT) aislados y separados de los otros sectores de trabajadores en lucha que sí se enfrentaban abiertamente al gobierno; y limitar las “luchas” a meras concentraciones demostrativas ante el ministerio del Trabajo, la “Constituyente” u otra institución, donde los trabajadores declaraban su apoyo al gobierno y le pedían algunas medidas favorables o mesas de trabajo. Por supuesto nada de eso representaba ningún problema ni desafío serio para el gobierno, quien siguió avasallando los derechos de la clase obrera.
Dicho de otra manera, los partidos de la APR tienen cuota de responsabilidad en que hayamos llegado a este punto de la situación y en que la clase obrera haya llegado tan golpeada. De lo cual no hacen ninguna autocrítica, por lo que se asume que reivindican esa política. Lo cual podría explicar que Óscar Figuera, candidato a reelección como diputado y secretario general del PCV, el principal partido de la APR, aún ahora en plena campaña ya “deslindados” del gobierno, sigue planteando que el gobierno debe “rectificar”.
Por todo esto, aunque por supuesto hemos denunciado y rechazamos todos los ataques furibundos que ha recibido la APR por parte del PSUV/gobierno, incluyendo la descarada censura comunicacional (mientras sí le da espacio a partidos de la derecha), y aunque comprendemos que algunos sectores de trabajadores/as, activistas y militantes de izquierda consideren expresar por esa vía su rechazo al gobierno, no podemos acompañarlos en su voto a esta opción. Por supuesto, seguimos planteándoles coincidir en espacios de lucha común, al tiempo que desarrollar la discusión sobre las lecciones que hay que sacar de la experiencia del chavismo. |
