Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.
Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.
Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].
Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.
A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.
Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.
Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.
Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.
Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.
El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?
En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.
Cabe recordar que inicialmente la CIDH calificó de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.
Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.
Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez. | 
