Imagen: el genocida Jorge Bergés, la partera Juana Elena Franicevich y Leonor Lazzarano (en el medio) en 1969
Leonor Lazzarano tiene una voz cálida, por momentos llena de dolor. “Fuimos mercancía para el mejor postor” le cuenta a esta a este diario, y es en ese instante donde la tónica de su voz se llena de angustia.
En el año 1969 Leonor Lazzarano tenía 17 años y cursaba el octavo mes de su primer embarazo. El papá de su hijo es Alberto Landaburo, de la misma edad, y estaban enamorados esperándolo, expresa con nostalgia.
Era una época mucho más difícil para las mujeres, muchos derechos hoy existentes no habían sido conquistados, y en ese camino de época donde las mujeres ya se organizaban en torno a la vida política en todos los ámbitos de la vida, también convivían un conjunto de paradigmas del conservadurismo.
A fines de ese año la mamá de Leonor le dice que la van a llevar a un control obstétrico y se dirigen junto a su abuela a la “Clínica de partos Wilde” o la “clínica de doña Elena”, como le decían en el barrio. Ese día llegó a la clínica y le dieron una inyección para inducirle el parto, que sucedió finalmente a las 48hs. El hijo de Leonor nació por parto natural, “Yo lo vi nacer, pero cuando quise agarrarlo y abrazarlo se lo llevan por esa puerta, y jamás me lo trajeron”, dice Leonor, que se fue de la clínica en una crisis de nervios, sin certificado de defunción ni constancia alguna de haber parido. “Yo era una adolescente y mi palabra no valía nada”.
Fachada del lugar donde funcionó la clínica de Franicevich (planta alta) con paredes azules
La “Clínica de partos Wilde” estaba ubicada en Mariano Moreno y Av. Las Flores en el centro de la ciudad de Wilde, Avellaneda, a cuatro cuadras de la Comisaría 5ta. Allí nomás en la vida pública de un barrio del conurbano sur operaba una red de tráfico de bebés donde Elena Arias de Franicevich (partera), Antonio Jorge Bergés (conocido ex médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico - militar - eclesiástica) y Alberto Felipe Vavassori se apropiaron de forma comprobada de decenas de niños y niñas recién nacidos. En este caso la confirmación llegó años más tarde cuando antes de morir la abuela de Leonor le dice que su bebé fue vendido.
La red de apropiación y tráfico de bebés que se desarrollaba en la clínica de Elena Arias de Franicevich, su dueña, está comprobado que funcionó desde el año 1962 hasta el año 1984, cuando Felipe Vavassori la compró, teniendo en cuenta que posterior al año 1984, con los antecedentes que este médico apropiador tiene, se pudo seguir desarrollando este crimen aberrante.
Certificado de parto emitido por la clínica / Dirección de personas desaparecidas
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La urgencia y la pulseada contra la impunidad
Acá se empieza a comprender la urgencia de Leonor, la cual excede una cuestión biológica, para saltar a un escenario donde se trenzan complicidades políticas e impunidad.
Ignacio Bellocchio es abogado de Alberto y Leonor desde el año 2014. En entrevista con La Izquierda Diario, Ignacio nos relató cómo la justicia federal de Quilmes maneja la causa, y acá es cuando la impunidad se cristaliza sin ningún pudor.
En agosto de este año el juez Luis Armella dispuso archivar la causa argumentando que no hay elementos para avanzar. Uno de sus argumentos es que no se puede concluir que existiese una red de apropiación de menores cuando el hecho denunciado sucedió antes de la última dictadura, etapa en que sí hubo un plan sistemático de apropiación de niños.
Vale aclarar ante esta comprensión de los hechos que evidentemente el juez Armella conoce (y por eso “desconoce”) que hay sobradas pruebas en nuestra sociedad de que los hechos perpetrados por los genocidas en la dictadura militar argentina tuvieron una antesala y que incluso estas pruebas se encuentran circunscriptas a varias causas relacionadas con la lucha contra la impunidad que llevaron adelante hijos de desaparecidos y organizaciones de DDHH.
En el expediente judicial 84.943 consta que tanto Bergés y Franicevich se encuentran relacionados a investigaciones de apropiación de niños y niñas secuestrados juntos a sus padres o nacidos en cautiverio en el marco de la última dictadura militar, y se hace énfasis en que la clínica de Wilde está identificada como uno de los lugares de operación y que debido a la inexistencia de los libros de parto y documentos se debe citar a declarar a Antonio Bergés. Sin embargo más allá de estar imputado desde el 2017 no fue notificado hasta el 10 de Octubre del 2020, mediando un intento de cierre de la causa.
El derecho a la identidad
Durante el trascurso de la investigación se solicitó un informe de las partidas de nacimiento que se realizaron con certificados de base firmados por Bergés y Franicevich. Del mismo se desprende, por la fecha, la posibilidad de que una de las personas que cita el informe sea el hijo de Leonor y Alberto, motivo por el cual la querella solicita un ADN que fue negado bajo el argumento de que no se puede perturbar a una persona de 51 años poniendo en duda su identidad.
Expresan que lo que solicita la querella expone a una persona a una grave duda respecto de su identidad con los trastornos que esto provoca casi a los 50 años de edad y que las situaciones que se generan ya han sido enfrentadas por esa jurisdicción Federal en las múltiples causas en las que se investigan la supuesta apropiación de niños durante la última dictadura Cívico militar. Las supuestas víctimas enfrentan situaciones de profunda angustia requieren asistencia psicológica y su dinámica familiar y social se ve realmente afectada
Por eso tal medida para encontrarse justificada debe encontrarse respaldada por elementos de prueba que arrojen dudas respecto del proceso de inscripción del recién nacido.
Franicevich y el médico Bergés intervinieron en apropiaciones de bebés durante la última dictadura. Ella falseó constataciones de parto de al menos cuatro hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, ¿Cómo puede el juez Armella pasar por alto este antecedente?
Para los que formamos parte de una generación que nació a la consciencia social y creció al calor del valor y lucha irrefrenable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para enfrentar la búsqueda de sus hijos y nietos durante y pos dictadura militar, la identidad excede un derecho constitucional, aunque lo es y es un derecho inalienable. El derecho a la identidad es una piedra de toque que se vincula a la lucha contra la impunidad, porque el robo de bebés es un crimen con un método que fue y es sostenido a lo largo de nuestra historia pero que en la dictadura fue utilizado también como un método de represión y Bergés es la prueba irrefutable de esto. | 
