La legalización del aborto obtuvo media sanción el pasado 10 de diciembre. El Senado anunció que el próximo 29 se votará en la cámara alta, donde el oficialismo aspira a conseguir los votos necesarios para que sea ley. Una historia de lucha y nuestros derechos al filo de la navaja.
Decenas de miles de jóvenes volvieron a colorear de verde las calles adyacentes al Congreso durante las más de veinte horas que se extendió la sesión en Diputados. Superaron ampliamente a los manifestantes celestes que no lograron reunir más que algunos centenares de fanáticos. Sin embargo, igual que en 2018, el vallado dividía la plaza en partes iguales para la multitud defensora del derecho al aborto y la escasa concurrencia que rogaba que el aborto se siga manteniendo en la clandestinidad.
Desde un punto de vista histórico, la media sanción de Diputados es nuevamente un triunfo de la lucha y la movilización que lleva varios años. De todos modos, la importante concentración del 10 de diciembre no alcanzó siquiera al 10% de las extraordinarias cifras que se calcularon en el 2018, cuando emergió "la marea verde". Las causas son múltiples, seguramente, y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio fueron un obstáculo. Pero la política de desmovilización del gobierno y su "apropiación" de un proyecto que había sido creado colectivamente y por el cual el movimiento de mujeres luchó durante más de una década también tuvieron sus efectos.
La historia no se borra de un plumazo
La lucha por el derecho al aborto en Argentina se remonta a los años previos a la última dictadura militar, cuando las mujeres debieron enfrentar la prohibición de la venta libre de anticonceptivos decretada por el gobierno de Juan Domingo Perón el 28 de febrero de 1974. Desde mediados de los ’80, la demanda volvió a resurgir, aunque alcanzó mayor repercusión a principios del siglo XXI, con la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Esta coalición de organizaciones y activistas elaboró un proyecto de ley que fue presentado al Congreso Nacional, por primera vez, en mayo de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
El proyecto fue presentado en cinco oportunidades más, durante los dos períodos presidenciales de Cristina Kirchner [1], porque alcanzaba la fecha de caducidad sin ser tratado. Recién en la séptima presentación de 2018, con una maniobra demagógica frente a un movimiento cuyo reclamo se multiplicaba, el presidente Mauricio Macri sugirió al parlamento que se iniciara el debate. Fue así como la marea verde se expandió a todo el país, inundando las calles cuando logró arrancar la media sanción en Diputados en junio de 2018 que le fue arrebatada, dos meses después, por el reaccionario Senado.
En 2019, el candidato Alberto Fernández prometía que el aborto se legalizaría durante su mandato. Ya como presidente, nombró como funcionarias de su gobierno a varias referentes del movimiento de mujeres y de los feminismos populares; pero, primero la crisis económica heredada y, después, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus fueron las excusas esgrimidas para retrasar su promesa de campaña.
Disimulando el ajuste y negociando con los celestes
Aunque limitada por las restricciones del aislamiento social dispuesto ante la pandemia, la marea verde volvió a presionar; mientras, sectores progresistas que apoyan al gobierno se escandalizaban por la brutal represión a las familias sin techo de Guernica. Ante esto y la necesidad de dar alguna "buena noticia" a esta base social progresista, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de su autoría –que en un 90 % copiaba el articulado elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto–, el mismo día que el Congreso votaba el presupuesto de ajuste dictado por el FMI.
Las diferencias sustantivas con el proyecto colectivo del movimiento de mujeres se concentraban en dos puntos: la inclusión de la objeción de conciencia para que el personal sanitario pudiera dispensarse de acatar la ley, y la penalización con prisión de 3 meses a un año para las mujeres que incurrieran en una interrupción voluntaria del embarazo después de las 14 semanas de gestación. Ese proyecto fue el que, finalmente, se aprobó en Diputados, donde legisladores que en 2018 habían votado negativamente prometieron cambiar su voto si se incluía una formulación tal de la objeción de conciencia que permitiera a los establecimientos de salud no tener la obligación de contar con personal no objetor para cumplir con la práctica. Un reclamo de las cúpulas eclesiásticas que, entre otras cosas, son propietarias de numerosas clínicas y hospitales. Por eso, durante toda la jornada, escuchamos discursos de legisladoras y legisladores (especialmente del oficialismo) que, de la noche a la mañana, "comprendieron" que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir, para justificar su repentino cambio de decisión.
Prácticamente la mitad de la cámara de diputados se mantuvo en su tesitura antiderechos. Es el sector "verde" del propio oficialismo el que no tuvo, durante más de una década, la misma firmeza que mostraron los clericales y oscurantistas, aceptando la disciplina de bloque cuando su propio gobierno se negó a abrir el debate. En esta oportunidad, negociaron los artículos mencionados a cambio de los votos necesarios para evitar que el proyecto del Poder Ejecutivo fuera derrotado. No, no está bien. Está mal.
La gratitud hacia el presidente Alberto Fernández en los discursos de varias legisladoras y legisladores no pudo invisibilizar, sin embargo, lo que sienten las jóvenes y las que llevan décadas de lucha por la legalización del aborto, y que el diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, destacó en su discurso en la cámara baja: si es ley, se lo debemos a ellas.
Nuestro derecho al filo de la navaja
Si el operativo "disimulando el ajuste" empezó con la presentación del proyecto del gobierno el mismo día que se votaba el presupuesto dictado por el FMI, continuó el mismo día que Diputados daba media sanción a la legalización del aborto. En el Senado, lo que recibía media sanción era la modificación en la movilidad para seguir ajustando a millones de jubilados que trabajaron toda su vida y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo que, mayoritariamente, son las mujeres de los hogares más pobres que necesitan esos ingresos para que sus familias no mueran de hambre.
Mientras tanto, la Iglesia que ya daba por sentado que, en Diputados, el proyecto obtendría media sanción, concentra su presión sobre el Senado, especialmente sobre los legisladores oficialistas y los dubitativos. El senador Antonio Rodas, del Frente de Todos, visitó al arzobispo Oscar Ojea -presidente del episcopado- para expresarle su segura oposición al proyecto y ofrecerle intermediar para que el religioso se reúna con otros senadores peronistas. Los curas villeros, por su parte, decidieron contactar a Cristina Kirchner para pedirle que retome su histórica posición antiderechos y, como mínimo, que no presione a su bancada.
Ahora, el gobierno juega nuestro derecho al filo de la navaja: espera que el 29 de diciembre los cuatro senadores que no expresaron su opinión hasta el momento permitan revertir el peor de los pronósticos que dan los votos confirmados, hasta el momento, de 33 a favor y 34 en contra. Una mínima diferencia a favor de los celestes que hubiera tenido un voto más si el senador Alperovich, del Frente de Todos, no estuviera de licencia desde que su sobrina lo acusó de abuso y violación. Paradójicamente, en caso de empate, sería Cristina Kirchner –quien durante sus dos mandatos presidenciales impidió que se tratara la ley en el Congreso– la encargada de dirimir con su voto y confirmar la ley.
No hay vuelta atrás
El proyecto aún puede sufrir más modificaciones regresivas, solicitadas por los senadores que aún son reacios a votarlo, a cambio de dar su aprobación. Si eso sucediera, el proyecto debería remitirse nuevamente a Diputados y vuelta a empezar. El gobierno transmite la esperanza de que por fin será ley, con el propósito de desactivar la movilización que irrita a los celestes y que, si el proyecto fuera rechazado, podría volverse en su contra.
El resultado no está claro. Lo que sí ha quedado claro durante esta larga lucha del movimiento de mujeres es que nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros derechos son un "toma y daca" en las mesas de los políticos tradicionales, que sus "a favor" y "en contra" carecen de principios y se atingen a oportunidades políticas coyunturales. Ha quedado claro que si por fin se legaliza el aborto en Argentina, será por esta histórica lucha del movimiento de mujeres que nada le debe a ningún gobierno. Y que, más allá de la legalización del aborto, este movimiento ha dejado una marca en varias generaciones de mujeres que despertaron a la vida política y que decidieron combatir la violencia, la discriminación y la desigualdad que pesa sobre sus hombros, a partir de esta experiencia. Mujeres que después de las movilizaciones por Ni Una Menos y la marea verde, hoy toman las calles de Jujuy contra los femicidios, enfrentan las políticas extractivistas en Chubut, defienden el agua en Mendoza, se movilizan por su salario y sus condiciones de trabajo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires o Misiones, o pelean por su derecho a la tierra y la vivienda en Guernica y otros puntos del país. Y eso, señoras y señores legisladores, ya no tiene vuelta atrás.
