El Tribunal de Estrasburgo declaró en 2018 que los condenados no habían tenido un “juicio justo” por lo que se violaba el artículo 6.1 del Convenio Europeo, que señala que: «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley...».
Cuando llegó aquella la sentencia, los condenados ya habían cumplido hasta 31 años de cárcel en total. Podría parecer suficiente para dejar patente la escandalosa acción de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que juzgan a la izquierda abertzale y al independentismo catalán con los criterios del derecho penal del enemigo. Pero no es suficiente, y ahora han escalado en su ofensiva reaccionaria. Este lunes, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ha ordenado que se vuelva a realizar el juicio, una decisión inédita y sin precedentes, que viola las más elementales garantías democráticas para los acusados. Así lo han comunicado en una nota de prensa este lunes, ordenado que se juzgue de nuevo a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez.
Los dieciséis magistrados que integran el pleno han tomado esa decisión durante la mañana del lunes, acordando así con el criterio de la Fiscalía del Supremo, que solicitó repetir el proceso.
La defensa de Otegi había recusado en su momento a la presidente del Tribunal del ‘caso Bateragune’, Ángela Murillo, debido a que esta jueza ya había expresado en varias oportunidades una serie de exabruptos contra los acusados, evidenciando que ya tenía una clara posición tomada antes del juicio. Por este motivo, ya había sido anulado un juicio anterior que presidió esta jueza. Y el criterio del Tribunal de Estrasburgo dio razón a la defensa.
Tras conocerse la decisión del TS, Otegi y otros de los condenados respondieron desde las redes sociales.
Lo que está claro es que a decisión del TS se enmarca en la ofensiva judicial contra el independentismo catalán y la izquierda abertzale, en medio de los intentos de polarizar la situación política, cuando el Gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos ha logrado la aprobación de los últimos presupuestos con el apoyo de Bildu y los partidos catalanes. Llega, además, en el marco de las disputas entre el Gobierno y la oposición por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero más allá de la coyuntura, el TS y la Audiencia Nacional vienen encabezando hace tiempo una ofensiva reaccionaria donde sus propias posiciones políticas reaccionarias y españolistas son el principal fundamento de su derecho penal del enemigo para dictar sus autos, instrucciones y sentencias, como se ha visto en el juicio al procés.
Se trata de una “guerra judicial”, promovida por una de las castas más reaccionarias del Régimen del 78 y del Estado, los jueces, que cuentan con la total complicidad de la monarquía, las fuerzas represivas, las “cloacas” del Estado y la oposición de derecha. Pero, del lado del Gobierno, nada se ha hecho para frenar esta ofensiva; por el contrario, el PSOE ha sido un pilar clave para la aplicación del 155, primero, y para las condenas escandalosas a los independentistas catalanes, después. Y en el caso de Podemos, más allá de tímidas apelaciones perdidas sobre las libertades democráticas o la “separación de poderes”, se han subordinado por completo a estos “poderes reales” del Régimen y del Estado imperialista español, cuidándose en mantenerse “fieles a su majestad”. La ilusión de “democratizar” este Régimen podrido, que sigue vendiendo Unidas Podemos, solo abre el camino para el fortalecimiento de esos aparatos reaccionarios del Estado.
Y para muestra, in botón: mientras esto ocurre, el Congreso de los Diputados, con acuerdo del PP, PSOE y VOX vuelve a tumbar cualquier investigación sobre la corrupción del rey emérito, huido con la ayuda del Estado. |
