Con 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó el pasado lunes 29 de diciembre en horas de la tarde, el denominado nuevo texto del “régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y de riego, agroexportador y agroindustrial”. La aprobación de esta iniciativa legislativa se da después que el Parlamento discutió cinco textos sustitutorios en 20 días de debate.
Recordemos que el Congreso se vio obligado a discutir y aprobar este nuevo texto legislativo ya que hace un mes atrás miles de trabajadores agrarios realizaron un contundente paro con bloqueos de las principales vías de acceso de la costa peruana, lo cual obligo a los parlamentarios a derogar la nefasta Ley de Promoción Agraria que legalizaba una serie de beneficios empresariales, además de sueldos de hambre para los trabajadores y un régimen laboral precarizador.
La nueva ley establece que el sueldo básico no sea menor a la remuneración mínima (RMV) hoy fijada en S/ 930, a ello se le sumaría una bonificación (BETA) no remunerativa del 30% de la RMV, es decir, S/ 279. Así, el jornal diario básico pasaría de S/ 39,19 a S/ 48,48 (13 dólares aproximadamente) incluidas la CTS y las gratificaciones. Este incremento no se adecua a las demandas de los trabajadores agrarios quienes exigían que el salario diario se incremente, como mínimo, a 70 nuevos soles (20 dólares aproximadamente) independientemente de los otros beneficios laborales como la CTS y las gratificaciones.
En esta nueva ley agraria persiste la inestabilidad laboral estructural de los trabajadores y el recorte de derechos fundamentales, por ello, no se establece ninguna garantía para la continuidad laboral del trabajador, y, por tanto, los obreros no gozan de las garantías necesarias para sindicalizarse. Por otro lado, aquí tampoco se regula expresamente el derecho a firmar convenios colectivos por rama de actividad, reduciéndose así la capacidad de los trabajadores para negociar en mejores condiciones.
Sin embargo, las grandes agroexportadoras mantienen sus privilegios. Así tenemos que, 3.600 empresas acogidas a la anterior ley de promoción agraria mantendrían su tasa de Impuesto a la Renta IR del 15% y no pagarían el 29,5% como las demás empresas establecidas en el Perú. Según el texto, dicho beneficio tendrá una vigencia según el tamaño de la empresa: aquellas con ingresos netos hasta 1.700 UIT pagarán el 15% del Impuesto a la Renta IR hasta el 2030, para luego pasar al 29,5% desde el 2031. En el caso de las empresas agroindustriales con ingresos mayores a 1.700 UIT, como Camposol, Drokasa, Virú, entre otras, estas tendrían que pagar una tasa del 20% del IR para el 2023-2024, del 25% entre el 2025 y el 2027, para llegar al 2028 con la tasa del 29,5%.
De igual manera, la contribución menor a EsSalud por parte de los empresarios se mantiene, lo cual se convierte en un subsidio o beneficio inaceptable a las medianas y grandes agroexportadoras en detrimento al derecho a la salud de los trabajadores. En ese entender, el nuevo texto aprobado por el Congreso permite que los grandes empresarios agroexportadores, recién para el 2025 paguen la tasa del 9% a EsSalud, como lo hace cualquier otra empresa del país.
Las primeras manifestaciones de los trabajadores agrarios sobre la aprobación de esta norma han sido de rechazo. En ese entender, Susan Quintanilla, dirigente del Comité de lucha de Ica, solicitó que se eleven los ingresos en 25% mediante un bono, pero con carácter remunerativo. Darwing Valdiviezo, dirigente de los obreros de la zona de Chao en La Libertad, dijo que con esta ley “se siguen prorrateando nuestros beneficios laborales, se restringe la negociación colectiva por ramas de actividades, y se busca pagar la asignación familiar por día de trabajo y no completo”. Así mismo, se tiene conocimiento que cuando se hizo pública la aprobación de la nueva ley agraria, trabajadores del campo de la región norte del Perú salieron a protestar.
Más allá de lo reducido de su alcance, los empresarios agroexportadores también se han mostrado en contra de la nueva ley agraria, así pues, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios (AGAP), manifestó estar en desacuerdo con el texto aprobado, ya que, según el: “Los sobrecostos impuestos a la fuerza y sin análisis técnico van a afectar más de 200 mil puestos de trabajo, y generar más informalidad en el sector. El costo laboral es el costo más relevante en los productos que producimos y varía entre 40 a 60% del costo total”.
Por esa razón, los empresarios estarían a la espera que el poder ejecutivo
encabezado por Francisco Sagasti y ministros patronales como Waldo Mendoza, observen la ley y, mientras tanto emitan una norma transitoria que les permita a ellos mantener todos sus beneficios y las condiciones de sobre explotación que los llevaron a acumular importantes ganancias en los últimos 20 años a costa de empobrecer a sus trabajadores. |
