El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo este martes que el Gobierno analiza tomar “medidas sociales excepcionales” si en los próximos meses “hay un rebrote” de coronavirus y “la situación social se complica” por la caída de ingresos en los sectores vulnerables.
“Si hay un rebrote y la situación social se complica vamos a tomar medidas excepcionales”, ratificó el funcionario nacional en una entrevista radial con El Destape. Y calificó la realidad que se vive como un “contexto de incertidumbre”.
Recordemos que el Ingreso Familiar de Emergencia fue una ayuda que el Gobierno destinó para 9 millones de familias, las más pobres del país, de $10.000 pesos cada dos meses. Durante todo el primer tramo de la pandemia, vendedores ambulantes, changarines, trabajadoras de casas particulares, jóvenes precarizados que trabajan sin registrar, personas desempleadas, recibieron nada más que ese monto para sobrevivir tras quedarse sin ingresos a causa del aislamiento.
Con el IFE, sumado al esquema asistencial que ya existía (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo), el Frente de Todos consideró que estaba haciendo todo lo que podía para quienes se vieron más perjudicados por la pandemia, por no poder salir a buscar el peso día a día para poner un plato de comida en la mesa.
A medida que la actividad económica se fue reactivando y con la excusa de que las personas podían salir a rebuscárselas de nuevo, el Gobierno comenzó a poner en duda la continuidad de esta ayuda. En su visión, con la flexibilización de la cuarentena todo podía ser como antes -cada cual podía volver a su trabajo precario o volver a pedir a la calle- y ese monto bimensual de $10.000 dejaba de ser necesario para esas 9 millones de familias.
En noviembre pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que en diciembre no se daría la cuarta entrega del IFE por considerar que “no era momento”. A días de las fiestas, con una inflación y desempleo crecientes, el Gobierno no creía que fuera momento de sostener esa ayuda. Es así que el Frente de Todos eliminó el IFE del Presupuesto 2021.
Las versiones del Gobierno son pretextos: no reconoce que el recorte del IFE y su eliminación del Presupuesto, fue una medida de ajuste para reducir gastos destinados a los sectores más pobres y disponer de más plata para el pago de la deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta. Ese fue el signo que marcó el diseño del presupuesto, el ajuste en áreas sensibles como asistencia social, salud y educación, en nombre de la deuda. ¿Para qué? para cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, organismo de saqueo con el que el Frente de Todos negoció durante todo el año a pesar del contexto pandémico. En plena situación de emergencia social, económica y sanitaria, la prioridad del Gobierno siguió siendo el pago de la deuda.
“El 2020 fue un año muy complejo, mucha gente bajó sus ingresos, se complicó la situación social”, sostuvo Arroyo y dijo que hubo realidades “muy críticas en torno al trabajo y al precio de los alimentos”. La situación nunca dejó de ser crítica y a pesar de esto el Gobierno recortó en las ayudas sociales, ya de por sí insuficientes para que beneficiarios y beneficiarias puedan tener una vida realmente digna.
“Está el compromiso del Presidente de tomar medidas excepcionales si es necesario”, afirmó Arroyo. Entre sus objetivos 2021, el ministro informó que tiene tres ejes: “crear 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y construir jardines”. Esto es exactamente lo mismo que viene repitiendo desde el comienzo de la pandemia. Justificaba lo poco que se destinaba al IFE, diciendo que dicha política se daba en el marco de un plan conjunto que implicaba por ejemplo, la creación de puestos de trabajo a través de los planes Potenciar. A comienzos de 2021 sigue repitiendo que va a crear 300 mil puestos y urbanizar 400 barrios. ¿Qué hicieron durante todo el año anterior? También dijo que el Gobierno va “a mantener la asistencia alimentaria”.
“El costo de los alimentos es realmente el problema más grave que tenemos hoy”, subrayó en otro pasaje de la entrevista. Respecto a esto, informó que se está trabajando junto a la Secretaría de Comercio para poder brindar alimentos básicos, como el pan o la leche, a precios accesibles. Mientras el funcionario admite este problema tan “grave que tenemos hoy”, el precio del pan no deja de subir, en el marco de los cruces entre el Gobierno y los productores de granos.
Como describe uno de los representantes del centro de industriales panaderos de Córdoba, Marcelo Caula, “el valor del trigo generalmente acompaña los incrementos de la soja y por ello se viene registrando un aumento que puede atentar contra la disponibilidad del cereal en el mercado interno. Ante el aumento del precio internacional, es lógico que los productores quieran exportar el trigo. Necesitamos que el Gobierno nacional utilice sus instrumentos para que los molinos no tengan que pagar el precio internacional. Así podrá asegurarse el abastecimiento del mercado interno” (La Voz).
Como sucede con la carne y el maíz, los dueños del trigo aprovechan el aumento del valor internacional no solo para exportar sino para aumentar sus ganancias en el mercado interno.
Si bien el Gobierno dice que quiere “cuidar el bolsillo de los argentinos”, cede ante las pretensiones de las patronales y el precio de los alimentos sigue sujeto a su sed de ganancias. Como en otras oportunidades, el Frente de Todos amagó con tomar medidas que regulen la exportación de maiz y que desaten el valor de los granos de los precios internacionales. Sin embargo, tras el amague, como ha hecho muchas veces antes, se echó para atrás y cedió a las presiones patronales.
La semana pasada, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, aseguró que el objetivo del Gobierno es que quienes en el 2020 percibieron el IFE, este año puedan conseguir empleo. “Nuestro deseo para 2021 es que esas personas tengan su trabajo y su ingreso, porque esa es la manera de poner a la Argentina de pie”, precisó durante un recorrido por la Costa Atlántica. Las aspiraciones de la funcionaria parecen poco realistas: en el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo subió al 11,7 %, según informó el Indec. En el mismo período de 2019 este indicador fue de 9,7 %. En todo el país la desocupación alcanzó a 2,25 millones de personas, según la proyección de los datos del organismo. |
