En su página web, CLECE anuncia: “Cerca del 20% de la población en España es mayor de 65 años. Un porcentaje que aumentará en los próximos años, lo que se traducirá en la necesidad de un mayor volumen de servicios de asistencia especializada”. A partir de estos datos, a Florentino Pérez se le iluminan las ideas para aumentar el volumen de ganancias de este pulpo multinacional que cuenta con casi 35.500 personas trabajando (en condiciones precarias) en el cuidado de 157.926 personas mayores (servicio precario y expolio de sus bolsillos), en 95 centros con sus tentáculos en todos tipo de servicios: atención domiciliaria, centros de día, residencias, pisos tutelados y otras gestiones más. Hasta el final de nuestras vidas en manos de los beneficios capitalistas.

“Los ayuntamientos están abonando cifras millonarias a empresas, que se quedan con el dinero público, con el dinero del esfuerzo de nuestro trabajo, y nosotras sin derechos laborales, sin salario, sin EPIS, sin nada”, explicaban las trabajadoras el sábado por la mañana en una concentración en Plaça Sant Jaume frente al Ajuntament de Barcelona, el blanco de sus críticas.

Podíamos leer carteles como “Exigimos 1 FFP por día para todas” ó “Sin EPIS. Sin Seguridad”. La realidad es que el entramado político entre las instituciones públicas y las empresas es alarmante. Según explican las trabajadoras, las grandes multinacionales son las primeras en presentar licitaciones relacionadas con los cuidados para lucrarse sin escrúpulos de un servicio esencial que debería ser totalmente público. Pero con la impunidad, en este caso del Ajuntament de la ciudad condal, se ha convertido en un jugoso nicho de mercado para empresas como OHL, CLECE, SACYR, DOMUS-VI, entre otras. Pero ¡las trabajadoras no tienen EPIS ni mascarillas adecuadas!, una desidia criminal porque no sólo afecta la salud de las cuidadoras -cuestión que nunca importó a Florentino Pérez-, sino que pone en peligro a todas las personas usuarias del servicio.

Frente a esta situación, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos también ha leído un manifiesto en el que denunciaban al gobierno de BCNenComú y PSC, responsable del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en Barcelona -donde trabajan 4800 empleadas-, ya que “ha mantenido la externalización sin dar ninguna explicación, con total opacidad y a pesar de la promesa electoral de hacer realidad la remunicipalización”.

Por otro lado, también denunciaron que, “El 50% de este servicio se ha mantenido en manos de la falsa cooperativa Suara, conocida para obligar las trabajadoras a hacerse socias bajo la amenaza de despido. El otro 50% ha sido adjudicado a Servisar, filial de la multinacional Domus Vi, controlada por dos fondos de inversión con sede en paraíso fiscal, en plena contradicción con el protocolo antiblanqueo que Barcelona en Comú aprobó el 2016 prohibiendo explícitamente los tratos con empresas vinculadas a paraísos fiscales. El 50% de este servicio público ha pasado de dos constructoras de la IBEX35 (ACS y Sacyr) a una sociedad de inversión opaca, cerrada por numerosos casos de mala praxis en la gestión de residencias, a la que el gobierno municipal transferirá más de 96 millones de euros públicos”.

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Mientras tanto las trabajadoras sienten en sus cuerpos toda esta trama siniestra y denuncian que, “No es de justicia que nuestro trabajo cueste 20 € la hora y que las subcon-TRATAS, se queden con más de 2/3 partes de lo que producimos, no es de justicia que en Barcelona se haya dado 99 millones de euros a subcon-TRATAS, para que estemos en esta situación”, decían en su manifiesto. Además de denunciar otras prácticas de explotación brutales como: sobrecargas de trabajo; no se les abonan los desplazamientos entre domicilio y domicilio; contratos en fraude de ley -interinidades, temporales o prácticas-; falta de mecanismos de prevención; jornadas a tiempo parcial lo que acaba en salarios medios de 500 euros al mes; entre otras más.

Para las trabajadoras la solución comienza por partir al medio el entramado “Ayuntamiento/outsourcing/precariedad laboral” y para ello exigen la gestión cien por cien pública. Si las partidas económicas de la dependencia continúan en manos de los Florentino Pérez, serán los organismos públicos los primeros responsables del crimen social que, como hemos visto durante la pandemia, han provocado estas empresas en las residencias, poniendo por delante de las vidas de las personas y de las trabajadoras su propio beneficio económico. ¡Fuera las manos de Florentino Pérez de nuestros servicios!