Los antiderechos no pierden tiempo y se mueven para seguir obstaculizando el derecho a decidir de miles de mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A pesar de la sanción de la ley en diciembre pasado, este jueves una jueza suspendió su vigencia en Chaco.
Se trata de la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, que hizo lugar a una presentación para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en la provincia.
Una maniobra esperable pero que deja en evidencia lo antidemocrático de los sectores antiderechos que, con este tipo de recursos, buscan obstaculizar una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
"Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción", dijo a Télam Soledad Deza, abogada tucumana feminista que representó y logró la liberación de Belén, la joven que estuvo presa en esa provincia a causa de un aborto espontáneo.
Los particulares que realizaron la presentación de la cautelar solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma recientemente aprobada en el Congreso y sostuvieron que el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco garantiza "el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana". Insólitamente, la jueza hizo lugar a esta interpretación y suspendió la vigencia de la ley de IVE.
En su fallo, la jueza Aucar de Trotti manifestó que "si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma".
"Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al Poder Judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial al desconocer la supremacía constitucional y prestarse a este juego destinado al fracaso, pero que tanto daño hace a la sociedad y las instituciones", señaló Deza, quien preside el colectivo MujeresXMujeres de Tucumán.
La cautelar dictada por la jueza chaqueña contrasta con la medida adoptada hace diez días en Salta, donde también se realizó una presentación para suspender la Ley IVE pero que fue rechazada por el juez federal Julio Leonardo Bavio. | 
