El pasado 30 de diciembre, las compañeras argentinas ganaron el derecho a abortar de forma segura en un hospital. Esta victoria es consecuencia de una lucha de años en las calles que ha dejado importantísimas lecciones para todo el movimiento de mujeres de Latinoamérica y el mundo y, sobre todo, que nos ha dejado un importante precedente para redoblar los esfuerzos por la obtención de este derecho en el resto de Latinoamérica.
En Chile, por ejemplo, el tema del aborto legal se comenzó a debatir recientemente en el congreso, y en Bolivia también hubieron voces públicas importantes, como la de Sonia Condori, ex diputada del MAS y dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Tarija Bartolina Sisa (FDMCIOT-BS), que exigen que se comience a debatir sobre el derecho al aborto legal como un tema de salud pública. Es un momento propicio para reforzar esta lucha en todo el continente, más ahora cuando el lobby religioso y conservador busca fortalecerse aún más en alianza con los gobiernos, como es el caso de Brasil o, recientemente en Honduras, donde se reiteró la prohibición del aborto en todos los casos, de la mano del ala política religiosa del gobierno hondureño.
En Bolivia, el aborto solo está permitido en ciertas circunstancias, lo cual es absolutamente insuficiente considerando que Bolivia tiene la tercera tasa más alta de mortalidad materna en el continente, siendo el aborto el causante del 13% de estas muertes (IPAS, 2011). En nuestro país solo está permitida la interrupción legal del embarazo cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando hay malformación del feto. Sin embargo, por la retardación de una justicia que es mercantilista y patriarcal es casi imposible que las mujeres puedan interrumpir un embarazo no deseado y terminan siendo brutalmente revictimizadas.
Se calcula que en nuestro país se realizan alrededor de 180 abortos inseguros por día y que existe una cifra aproximada de 60 muertes por cada 10.000 abortos (Católicas por el Derecho a Decidir). Así mismo, se calcula que existe un promedio de dos mujeres muertas por día por abortos mal realizados, lo que arroja una cifra de alrededor de 360 mujeres que mueren cada año por la ilegalidad de esta práctica y que entre un 10 y un 50% de mujeres que se someten a esta práctica clandestina requieren posterior atención médica por abortos mal realizados [1].
La ilegalidad de la práctica no permite tener datos certeros, por lo que se cree que estas cifras podrían ser aún mayores, sin embargo, queda claro que el aborto clandestino es un problema de salud pública que no desaparece simplemente criminalizándolo.
El debate del aborto no se plantea en términos éticos ni se trata de estar o no favor de abortar, lo cual es una postura absolutamente personal, sino que la discusión recae en estar a favor o en contra del derecho a decidir de las mujeres, porque la ilegalidad de esta práctica no impide que las mujeres aborten, de hecho, según datos del CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer), en Bolivia se realizan alrededor de 80.000 abortos por año. Se trata de que la condena al aborto desnuda nuevamente la desigualdad social de este sistema donde son las mujeres pobres las que se ven orilladas a tomar una decisión en donde las opciones a una maternidad no deseada solo son la cárcel o la muerte.
Porque el derecho a un aborto seguro es también una cuestión de clase. La sociedad hipócrita, religiosa y conservadora, condena a las mujeres más pobres a morir en la clandestinidad mientras voltea los ojos ante las clínicas privadas clandestinas que realizan estos procedimientos de manera segura por un alto precio, garantizando el derecho a elección solo de las mujeres que cuentan con recursos económicos suficientes. La misma ala hipócrita de la sociedad que se manifiesta por nonatos, pero que no mueve un dedo para crear condiciones dignas para les niñes nacidos y para que las mujeres puedan ejercer una maternidad digna, hablamos específicamente de todo el movimiento “pro vida” compuesto por representantes de las iglesias y grupos conservadores estrechamente ligados al Estado, que se alían para negarnos nuestro derecho más fundamental que es el decidir sobre nuestros cuerpos. Todo esto a pesar de que, en teoría, Bolivia constitucionalmente es un Estado laico.
La lucha por el aborto legal es una lucha integral que también incluye el derecho a una educación laica y no sexista, además del acceso gratuito a métodos anticonceptivos; pero quienes se oponen al derecho al aborto son también los primeros en oponerse a la ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) tildándola de ideología de género, así de absurdo es el movimiento religioso que en realidad lo que busca es seguir ejerciendo el control de nuestros cuerpos. Sin embargo las iglesias y la derecha no están solas en esta cruzada contra las mujeres sino que las acompañan sectores indianistas e indigenistas que bajo el barniz del chacha-warmi, apoyándose en supersticiones difundidas por la Iglesia Católica durante la colonia, pretenden perpetuar la opresión a las mujeres aymaras, quechuas, guaraníes, etc.
No es casual entonces que mientras se manifiestan llamando a las mujeres a “cerrar las piernas”, no muevan un dedo para reclamar que en la mayoría de los hospitales exigen la autorización del marido o pareja de la mujer para realizar un ligamiento de trompas, por ejemplo. Son esos los niveles de contradicción a los que nos enfrentamos en un sistema en donde el patriarcado y el capitalismo se unen para oprimirnos y explotarnos.
Solo si el aborto se legaliza, además, podremos saber a ciencia cierta las estadísticas en torno a la práctica y las causas (incluso subjetivas) que llevan a las mujeres a realizarse abortos; podremos tener incluso un panorama más amplio de cómo se manifiestan las relaciones de poder entre géneros, pero también entre clases sociales. Evidentemente que entendamos mejor esto no les conviene en absoluto a las clases dominantes que solo se benefician de estas desigualdades.
Por esta y muchas más razones tenemos que seguir peleando por este derecho fundamental, ahora con la pandemia, sabemos que los embarazos no deseados y los abortos inseguros han aumentado, además de que el desempleo y la precarización económica han afectado con mucha fuerza a las mujeres pues somos nosotras las que cargamos mayoritariamente con el trabajo informal y el trabajo doméstico. Muchas mujeres ante esta situación se verán nuevamente en la encrucijada de tener que traer niñes al mundo sin ninguna condición ni seguridad o someterse a un aborto clandestino que las puede llevar a la muerte.
Debemos tomar ahora la posta en nuestro país, no para solicitar al Estado ninguna concesión, sino para exigir que se hagan cumplir nuestros derechos más fundamentales. La legalización del derecho al aborto incluye al mismo tiempo su despenalización. No se trata de depositar nuestra confianza en el Estado porque sabemos bien que éste es un aparato al servicio de las clases dominantes, inherentemente clasista y patriarcal, pero sí exigimos que legalice éste básico derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Es momento de que pongamos fin a que las iglesias y los estados sigan legislando sobre nuestros cuerpos.
La pandemia ha demostrado la importancia también de la exigencia de una salud pública integral y de calidad, donde todos tengamos las mismas oportunidades de sobrevivir sin que eso dependa del dinero que tengamos. El derecho al aborto no es excluyente del derecho a la vida y de que nadie muera por no poder tener acceso a una UTI. Los recursos existen y están en los presupuestos millonarios a la represión, están en los millonarios negocios que hacen las clínicas privadas, los laboratorios; están en la agroindustria.
Se trata del derecho a decidir con libertad. Luchamos para que ninguna mujer muera por un aborto clandestino y luchamos para que las mujeres que quieren ser madres lo sean en condiciones dignas.
El MAS en sus 14 años de gobierno, pese a sus discursos de "despatriarcalización", no dió ni un paso firme para despenalizar y menos legalizar el aborto. Y si bien hoy sectores como la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa plantearon correctamente el derecho al aborto como un asunto prioritario a atender como parte de la salud pública, creemos que el camino a seguir no es hacer meras solicitudes y despositar confianza en el Estado y gobierno. Hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es mayoritariamente femenina y nuevamente controlada por el MAS: ¡Basta de hacer demagogia con los derechos de las mujeres! Es hora de impulsar una gran movilización nacional para que se convierta en Ley.
Desde Pan y Rosas, hacemos un llamado a todas las organizaciones y activistas del movimiento de mujeres, a coordinar reuniones y acciones urgentes para avanzar en un proyecto de ley común y construido democráticamente desde abajo, para desde ahí impulsar una gran movilización porque solo desde las calles haremos de este derecho, una conquista. | 
