Como todos los sábados desde hace 15 años, ayer un centenar de mujeres se reunieron hoy en el polideportivo del predio del barrio General Savio para trabajar. Ellas venden desde ropa usada, bollos caseros y masas dulces, hasta plantas y jugos exprimidos, nos cuentan que no ganan mucho y es en la mayoría de los casos la única fuente de ingresos para sus familias.
Desde las tres de la tarde comenzaron a llegar al predio, muchas con ayuda de familiares, muchas también con sus hijas e hijos pequeños a cargo. La contracara de esta imagen, fue el operativo policial que las esperaba, un despliegue ordenado por el municipio a cargo del intendente Ruben Rivarola, quien desde hace semanas persiste con el hostigamiento y la persecución a las manteras y vecinos de la zona.
Desde hace unas semanas se abrió una mesa de diálogo entre el concejo deliberante, ejecutivos y manteras, sin embargo desde la intendencia no se está respetando esta instancia, y continúan los amedrentamientos por parte del intendente Rivarola, demostrando una vez más que es un gobierno digno de un empresario político, de una de las familias dueñas de la provincia, que se enriquecen mientras hunden en la miseria a las mayorías obreras.
Sin embargo inspectores y la policía fueron contundentemente echados del predio, ya que mientras intensificaron los “controles” a vecinos que se acercaban al predio, por ordenes del municipio, intentaron empadronar a las manteras, medida que fue enérgicamente repudiada, ya que las trabajadoras no depositan ninguna confianza en la policía que constantemente las hostiga y vienen de realizarles hace una semana contravenciones por “desacato a la autoridad”, con multas de 5000 pesos, cuando en diálogo con este medio, manteras describen que por sábado logran recaudar apenas 200 y 500 pesos.
El día de ayer, las trabajadoras lograron instalarse en el predio. En la jornada también en solidaridad con las manteras estuvo el concejal Julio Mamani por el PTS en el FIT, delegados de AFAAJ y su abogado y la red de trabajadores precarios e informales quienes , denunciaron la implementación del código contravencional, votado por el PJ y la UCR, del que se valen funcionarios y el gobierno para criminalizar a las y los trabajadores y la juventud, y denunciaron que “la venta ambulante es la única forma de subsistir de decenas de miles de familias en Jujuy y que de ninguna manera se puede permitir que los persigan y no los dejen trabajar. También pone en evidencia la desocupación estructural en una provincia dónde el 25% de la población percibió el IFE, paliativo que fue recortado por priorizar el pago de la deuda. Hay que pelear por revertir esa situación, por trabajo genuino para todas y todos, algo que solo se puede lograr uniendo la fuerza de la clase trabajadora, sacando a los sindicatos de la pasividad, peleando contra el pago de la deuda, por un plan de obras públicas para generar empleo, por el reparto de las horas de trabajo, sin rebajar el salario, entre todas y todos.”
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