Además del mantenimiento y extensión de los CIE, las leyes racistas antiinmigración, las devoluciones en caliente y las deportaciones sin garantías, la actuación en Canarias, frente a su primera crisis migratoria, puede calificarse de un atentado a los derechos humanos más elementales de los migrantes. Mientras, Unidas Podemos desde el Gobierno mira para otro lado y avala esas políticas.

La situación en el archipiélago canario es bastante explosiva para las y los miles de migrantes, y con razón, respecto a las condiciones en que permanecen actualmente, pese a haber transcurrido varios meses desde su llegada, allá por el verano. Así, están aumentando las protestas en los hoteles y campamentos en las que continúan alojados, ante la impotencia y la frustración en que se encuentran, y el miedo a la deportación que podría producirse en cualquier momento. Bloqueados en las islas y en condiciones de habitabilidad lamentables, sufriendo frío e inundaciones en muchos casos. Ven transcurrir el tiempo sin objeto, vinieron a ganarse la vida, y lo que visibilizan son enormes carencias y dificultades en su día a día, con una perspectiva de futuro inexistente en sus condiciones actuales. Y encima, sufriendo en muchos casos actitudes y agresiones racistas y xenófobas por sectores reaccionarios de la población canaria, que incluso se han manifestado en contra de su presencia acusándoles, falsamente, de incrementar la delincuencia y los delitos en las islas desde su llegada.

Todo ello, amparado por un Gobierno que dice basar sus políticas en la idea de “no dejar a nadie atrás”. Y cuyas políticas migratorias sobre el papel, no digamos en el caso de Unidas Podemos, iban a ir en contra de las implementadas por el PP. Se suponía, entre otras cosas, que se terminaría con las devoluciones en caliente, que fueron ampliamente denunciadas por el PSOE y Unidas Podemos durante el Gobierno del PP de Rajoy. Además, el uso de muchos de las y los inmigrantes para llevar adelante trabajos esenciales durante la pandemia de la covid-19, como por ejemplo las labores en el campo, no han sido reconocidas mediante ningún tipo de regularización mínimamente aceptable, como en parte si se ha producido en otros países europeos. Ni siquiera se están respetando los derechos humanos más esenciales en relación con la recepción y el derecho al asilo político o humanitario efectivos, por riesgo para la propia vida en sus lugares de origen de las y los migrantes.

Es por todo ello que durante la última semana se han producido diferentes manifestaciones, protestas y huelgas de hambre de las personas migrantes. Tratando de desbloquear la situación y que al menos se les permita desplazarse hacía la península e incluso hacía otros países europeos para poder salir adelante y tener perspectivas de futuro de algún tipo.

Encierros en campos de concentración y deportaciones

Los macro campamentos que se están abriendo para acoger a no menos de 9.000 migrantes, son, en la mayoría de los casos, la antesala de la deportación. Y de eso son perfectamente conscientes. En consecuencia, se ha disparado el malestar entre las y los migrantes y se ha incrementado fuertemente la indignación por la situación en la que se encuentran, llevando en algunos casos, a actos absolutamente desesperados, se han producido autolesiones e intentos de suicidio, ante los que el “Gobierno más progresista de la historial” permanece cínicamente mudo, mientras va moviendo los hilos para deportar y dar una salida reaccionaria, racista y xenófoba a esta situación de miles de migrantes.

Un claro ejemplo de todo esto fue lo sucedido el pasado viernes, cuando se abrió la instalación de “Las Raíces” que es uno de los dos nuevos campamentos ubicados en la isla de Tenerife. Ahí llegó un primer grupo de unos 80 inmigrantes que entró al campamento bajo un aguacero considerable y lo que recibió fue unas instalaciones a 8 grados de temperatura, entre la niebla, el barro y el agua entrando por las tiendas, que eran su lugar para dormir durante la noche. Ante esa situación se negaron a bajar del autobús, pero intervino la policía para reprimir y hacerles bajar. A este campamento que tiene capacidad para 2.400 personas no quiere ir ninguna persona migrante tras ver los videos, distribuidos entre las y los propios migrantes, con las condiciones en que se encuentra esta instalación. Por eso, se desató una protesta de varias decenas de inmigrantes en un hotel del sur de la isla de Gran Canaria, al ser anunciado su destino hacia ese nuevo campamento al que, en buena lógica, no querían ir ni muertos. Y que además consideran la antesala de su deportación.

Otra de las acciones emprendidas últimamente por las y los migrantes fue realizada el sábado pasado en el Colegio León, que ha sido reconvertido en centro de alojamiento de personas migrantes. Ahí, anunciaron una huelga de hambre de 24 horas y exhibieron pancartas con el lema: “La muerte es mejor que la devolución”. Se dirigieron al consulado de Marruecos para que se acelere la tramitación de la documentación y poder desplazarse a la Península y que se les proteja de las agresiones que están sufriendo. Lamentan las y los migrantes que se encuentran encerrados sin saber por cuánto tiempo, peor que un condenado en prisión. Y mientras sus familiares, incluidos niños pequeños o personas enfermas, están esperando que les llegue dinero de ellos.

Lo último, en toda esta miríada de sucesos, ha sido lo ocurrido este mismo lunes, cuando se inundó con aguas fecales el acuartelamiento Canarias 50, uno de los centros acondicionados para acoger personas migrantes. Este centro que está ubicado en Las Palmas de Gran Canaria sufrió el desbordamiento de las aguas fecales que cubrieron la explanada y llegando a afectar al interior de las tiendas donde duermen. El hecho fue difundido por las redes mediante imágenes. Esta es la segunda inundación que sufre el campamento que aloja a unos 400 marroquíes. La otra inundación fue el pasado viernes y estuvieron achicando agua gran parte de la mañana, tras las inundaciones sufridas por la noche. Además, denuncian la falta de agua caliente.

Las instalaciones cedidas por Defensa son obsoletas y están muy deterioradas por el abandono durante mucho tiempo de sus instalaciones, al estar inactivas. Las obras realizadas de prisa y corriendo, está claro que se han hecho para cubrir el expediente, pero sin un interés real en atender debidamente las necesidades de las personas migrantes.

De los seis campamentos prometidos desde diciembre para alojar a cerca de 7.000 migrantes, solo hay tres abiertos. Ahora se promete la apertura del resto para mediados de este mes.

Por otra parte, los que se encuentran alojados en los hoteles cerrados en la pandemia tan poco están en la mejor de las situaciones, pese a la denuncia falsa y xenófoba de Vox sobre la utilización de las piscinas por parte de las personas migrantes. Es indignante que se les ponga contra la pared cuando se encuentran aislados y prácticamente encerrados, en un ambiente tenso y hostil, en muchos casos y sin poder llevar una vida activa y normal. Además, de que muchas instalaciones también tienen deficiencias y están sin medios suficientes para una vida digna.

La política del Gobierno “progresista” de Coalición: racismo y xenofobia

Todas las políticas desarrolladas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en esta crisis migratoria en Canarias adolecen de evidentes rasgos de racismo y xenofobia hacia las personas migrantes.

Desde el mantenimiento hasta el 1 de diciembre- durante 102 días y en condiciones infrahumanas y de hacinamiento- a cerca de 3 mil personas en un espacio para 400, en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Pasando por el intento-fallido en la mayoría de los casos debido al cierre de los aeropuertos por la pandemia- de deportar “vía express” a la mayor cuantía posible de los más de 20.000 migrantes en total llegados a Canarias durante ese periodo. Y, todo ello, sin atender su posible derecho de asilo y sin facilitares una real asistencia jurídica. Muchos de los abogados de oficio que les atendían solo lo podían hacer con enormes dificultades y a distancia de los afectados. Y terminando con la situación actual de abandono en condiciones lamentables, encerrados en centros, campamentos u hoteles a la espera de una deportación lo más rápida posible, sin atender debidamente su derecho de asilo y protección.

De hecho, el Ministerio del Interior a día de hoy mantiene su política de no derivar a la Península a nadie, salvo una mínima parte por ser más vulnerables y solicitantes de asilo que han conseguido tramitar su solicitud, apenas 2.168 en todo 2020, y llevar a cabo el máximo de deportaciones posibles. Este proceso de momento continúa muy parado, 80 expulsiones a Marruecos a la semana, un vuelo en breve a Senegal y la idea de retomar las deportaciones a Mauritania.

Ante esta situación solo cabe levantar una política de defensa de los derechos de las y los migrantes que pasa por la derogación de la ley de extranjería, el cierre inmediato de los CIE y el derecho a la libre circulación y al trabajo de las personas inmigrantes. Porque, ¡nativa o extranjera, somos la misma clase obrera!