Este miércoles se reunieron la CGT y las cámaras empresariales con distintos funcionarios, entre quienes se encontraba el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el museo del Bicentenario. El Gobierno busca lograr “acuerdos políticos” con esos sectores acorde al Presupuesto de ajuste votado en diciembre del 2020.
A la salida de la reunión, Moroni fue el único en dar declaraciones. Uno de los temas de los que habló fue de las cláusulas gatillo, las cuales calificó como “desaconsejables”. Pero, ¿qué son estas cláusulas y por qué el Gobierno no las quiere aplicar?
En Argentina son pocas las paritarias que se firman con “cláusula gatillo” y los gremios que lo hacen no hacen una actualización automática, como su nombre lo indica, sino que la medición es trimestral o semestral. La razón es muy sencilla: el mecanismo real de la cláusula implicaría que los salarios nunca puedan perder con la inflación. Es decir, que se actualizan en función de cómo suban los precios, mes a mes.
Algunos gremios, como bancarios, firman a veces cláusulas de actualización, aunque estas no son mensuales. Otros firman cláusulas de revisión. De hecho, Moroni aclaró que de estas últimas si se podría hablar en el 2021, pero tienen un límite enorme: los trabajadores quedan dependiendo de que sus empleadores, el Gobierno y las cúpulas burocráticas de los sindicatos definan cuándo, cómo y cuánto se revisan esos aumentos, lo cual siempre termina configurando un escenario en el que, a fin de año, la inflación le gana al sueldo.
Moroni también aseguró que "no habrá techo salarial", pero dos minutos antes ponía el eje de la discusión en que “todas las partes” entiendan que hay que manejar números acordes al Presupuesto 2021. O sea que el salario estará atado a la inflación oficial y las metas del Presupuesto, tal como espera el FMI.
Durante el macrismo, se estima que el salario real cayó aproximadamente un 20%. Evidentemente el Gobierno no tiene certezas de que no siga cayendo. Sino, las cláusulas gatillo no implicarían ningún problema, sino más bien un piso desde donde empezar a recuperar.
Por supuesto, por sí mismas las cláusulas gatillo no son suficientes, tienen que estar ligadas a la pelea por un salario que cubra la canasta familiar como viene planteando el Frente de Izquierda. Nicolás del Caño y Myriam Bregman presentaron proyecto de emergencia en el Congreso esta semana para elevar el salario mínimo vital y móvil a $50.000 e insistieron con el tratamiento de los proyectos del FIT para que se otorgue un IFE de $ 40.000 para todos aquellos que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, entre otras medidas urgentes. | 
