Se trata de las grandes empresas como Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, que tienen la capacidad de aumentar los precios de sus productos, en acuerdo con los grandes supermercados.
En esta oportunidad intervino tanto la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español (que durante los últimos años del Gobierno de Cristina Kircher ocupó cargos en el área de comercio exterior), como la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
El Gobierno del Frente de Todos imputa a estas empresas luego de que aparentemente se dio cuenta ahora de que estuvieron meses incumpliendo la Resolución 100/2020 que en teoría las obliga a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”.
Esto no sucedió (como tampoco se hizo realmente efectiva la prohibición de despidos, por ejemplo, que el Gobierno de Alberto Fernández dejaba pasar) ni con una intimación a cumplir con dicha resolución, mientras en el año donde arreció la crisis por la pandemia, las mayorías populares sufrimos una inflación del 36,1% y ya en este mes de febrero, en los primeros quince días, los precios de los alimentos subieron un 3%.
Hay que recordar que todas estas empresas, además de formadoras de precios, son exportadoras, como Bunge, Aceite General Deheza, etc.
En declaraciones a Radio Nacional -en el programa de Darío Villaruel- este medio día, la funcionaria afirmó que "(...) todo el año pasado tuvimos un muy buen funcionamiento (NR: se refiere al funcionamiento de las empresas en cuanto a su producción y abastecimiento) teniendo en cuenta que estábamos atravesando una pandemia". Precisamente fue el año pasado cuando más volcaban sus productos al mercado interno, pero siempre fue más negocio especular con los precios y exportar.
Esta imputación, de todos modos es un trámite administrativo donde se le da a estas empresas 5 días hábiles para cumplir con la resolución en cuestión, aunque no se especifica qué pasa luego de esos 5 días si las empresas no cumplen con lo estipulado en la resolución.
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