En medio de la pandemia, durante el tercer trimestre de 2020, el desempleo se ubicaba en 5.1%. Es decir, en el cuarto trimestre hubo una recuperación parcial, aunque sin alcanzar el nivel de empleo previo a la pandemia.

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA: población ocupada + población desocupada abierta, es decir, que buscó ocuparse en el periodo), ésta disminuyó en 1.7 millones de personas, pasando de 57.6 millones en el último trimestre de 2019 a 55.9 millones en el último trimestre de 2020.

Esta baja en la PEA se explica principalmente por la disminución de 2.4 millones en el número de personas ocupadas, que sumaron para el cuarto trimestre de 2020 53.3 millones. A la inversa, creció el número de personas en desocupación abierta (que estuvieron buscando trabajo), pasando del 3.4% de la PEA en último trimestre de 2019 al 4.6% en igual periodo de 2020.

Lo anterior se expresa en la caída de la ocupación en el sector terciario, principalmente en restaurantes, servicios de alojamiento y servicios diversos, pero también en la pérdida de empleos de tiempo completo, disminución de la ocupación en los micronegocios y en condiciones de informalidad, así como en un aumento de la desocupación y la subocupación.

Respecto a la subocupación (personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda), ésta creció desde 4.3 millones en el último trimestres de 2019 hasta 8.1 millones en el mismo periodo de 2020, aumentando 3.8 millones.

En total, para el cuarto trimestre de 2020, la población desocupada fue de 2.5 millones, es decir, 607 mil personas más que en el mismo trimestre de 2019.

No es inevitable

Si bien estas cifras reflejan las consecuencias de la crisis económica -acelerada por la pandemia- sobre los trabajadores, esto no debe llevarnos a perder de vista que hay responsables políticos de ello, por las decisiones tomadas frente a la misma.

Nos referimos concretamente al gobierno de la 4T, que poniendo por delante los intereses de los grandes empresarios, no ha tomado ninguna medida efectiva frente a los despidos y las rebajas salariales, por ejemplo mediante un decreto que los prohíba, mientras que la mayoría parlamentaria del Morena tampoco ha legislado nada en ese sentido, y por supuesto tampoco la oposición de derecha.

Por el contrario, el gobierno de la 4T se muestra como cómplice de los despidos incluso en dependencias estatales, como ocurre en Notimex, cuyas trabajadoras y trabajadores están por cumplir un año de huelga, o con los recientes 100 despidos de trabajadoras de intendencia en el IEMS, dependiente del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto sin olvidar el respaldo de la Secretaría del Trabajo a las patronales privadas en conflictos que involucran despidos, como el de Interjet, también en huelga, y el de Aeroméxico.

Junto a ello, las “ayudas” a los pequeños negocios familiares han sido absolutamente insuficientes, llevando a muchos a la quiebra.

En un escenario económico adverso sujeto a las tendencias internacionales, en el que tanto el gobierno como empresarios seguirán descargando la crisis sobre las y los trabajadores, es indispensable organizarnos de manera independiente para enfrentar esta política, luchando por demandas como la prohibición de los despidos, las rebajas salariales y el outsourcing; por el reparto de horas de trabajo entre empleados y desempleados, sin reducción salarial; aumento salarial para cubrir las necesidades de las familias y ajustable de acuerdo a la inflación; subsidios a los pequeños negocios familiares.

Partiendo de la coordinación de las luchas en curso para impulsar la más amplia unidad en las calles de los trabajadores, superando la pasividad y el divisionismo que imponen las burocracias sindicales, es posible hacer valer nuestra fuerza para imponer nuestras demandas.