El caso de Greenpeace México
Trabajar para una ONG como Greenpeace México, que promueve la justicia social y la defensa del medio ambiente, puede parecer muy interesante. Sin embargo, bajo esta pantalla encubre diversas problemáticas laborales. Estar siempre bajo metas y presión constante se traduce en impactos a la salud mental y física.
Greenpeace México, una de las Organizaciones No Gubernamentales más grandes a nivel mundial y que, según su rimbombante discurso, lucha por “la paz y la justicia social”, no da tregua a sus trabajadores al exigir metas de recaudación de donativos de manera diaria, semanal y mensual; incluso durante la pandemia por Covid-19 donde, debido a la crisis, miles de trabajadores han perdido su empleo y donar en estos momentos no es una decisión fácil de tomar.
Además, esta organización genera un tipo de trabajador desechable, pues se valen de la subcontratación (outsourcing) para no otorgar derechos laborales plenos y despedir trabajadores cuando ya son incómodos o la ONG decide refrescar su plantilla. Esto evidentemente genera un clima de incertidumbre.
Las condiciones de trabajo son desfavorables dentro de la organización, la inestabilidad laboral, la amenaza constante de perder el empleo, la falta de contratos permanentes y las dobles figuras patronales producen, entre los más precarizados, un ambiente de estrés y presión constante, ansiedad y alteraciones emocionales debido al temor latente de ser despedido.
En muchas ocasiones, esta situación produce contracturas de la espalda, tortícolis, insomnio, bruxismo, hasta problemas más graves como gastritis, ulceras, trastornos de ansiedad, hipotiroidismo, tics nerviosos, dermatitis, alopecia, etc.
STPS ineficiente para respaldar a las y los trabajadores
Estas situaciones laborales se han normalizado, las y los trabajadores suelen aguantar estos problemas de salud o resolverlos de forma individual, como si se tratara de un problema personal, de falta de actitud o motivación, pérdida del optimismo, etc. Si el problema agrava, el trabajador recurre al psicólogo o psiquiatra cubriendo el coste de la atención y no la empresa.
En la sociedad capitalista, las enfermedades psicosociales producidas por el trabajo son un padecimiento permanente. Las luchas del trabajo ya habían logrado que se reconocieran diversas de estas enfermedades y se impusieran sanciones a las empresas para limitar el deterioro de la vida de las y los trabajadores.
En México, por ejemplo, el artículo 513 de la ley federal del trabajo (LFT) contempla 161 enfermedades, las cuales pueden ser causantes de “incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo”. De esas, solo una hace referencia a cuestiones de alteraciones emocionales: la neurosis.
No está de más señalar que la neurosis es un término que se ha modificado en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, así como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM en inglés), por presiones de las farmacéuticas que buscan la medicación a toda costa y estas clasificaciones les permiten imponerla.
A pesar de estas contradicciones, salta a la vista que la lista de enfermedades contempladas por la LFT no está actualizada ni contempla la nueva realidad producida por la pandemia, en donde las enfermedades psicosociales se están agudizando por el confinamiento, los duelos por la pérdida de familiares y amigos, el teletrabajo, las secuelas por covid-19 y/o el incierto panorama laboral producido por la crisis económica.
Recientemente, en 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió la Norma 035 que “tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.” [1]
En su momento, causó revuelo por las aparentes sanciones que se pondrían a las empresas con ambientes laborales hostiles para la salud mental de los trabajadores. Pero no fue más que un engaño, la propia disposición se inhabilita a sí misma, como se puede apreciar en los documentos oficiales [2] desde donde se dio su difusión, al señalar cuestiones como:
- “En ningún caso se evalúa el estrés en el trabajador o su perfil psicológico”
- “No existe obligación para la participación o contratación de consultores, asesores o gestores, es decisión del patrón”
- “La norma no cuenta con instrumentos para identificar o evaluar enfermedades mentales.”
Por lo que esta norma incorporó, de palabra, algunas problemáticas de carácter psicosocial, pero sin ningún efecto legal (mucho menos real) para contenerlas. La STPS ha logrado gestionar los terribles ambientes laborales que general las patronales, dando la apariencia de defensa del trabajo.
Para conseguir mejoras en la salud mental de las y los trabajadores, se requiere fomentar la organización colectiva que rompa con la forma individual con la que se pretenden resolver estos problemas. Sólo así de puede poner límites a las prácticas despóticas de los patrones, que se reproducen en todo el edificio organizacional de los centros de trabajo.
Te invitamos a unirte a los Comités de Pan y Rosas, así como a la Campaña Queremos Trabajo Digno, desde donde luchamos para conquistar plenos derechos laborales, luchar contra el outsourcing, contra los despidos y la precarización laboral que genera ambientes laborales hostiles. | 
