Recordemos que en sólo 3 días de iniciadas las clases presenciales, 43 colegios en todo el país presentaron casos de contagio, por lo cual debió iniciar, toda su comunidad escolar, la cuarentena respectiva de 14 días. Esta situación evidencia que no existen las condiciones para un retorno seguro, en especial en una educación pública que viene de un abandono por décadas a causa del desamparo que se ha tenido como política de Estado desde hace más de 30 años, para así financiar a los privados (colegios subvencionados).
Sólo el día de ayer viernes se reportaron 5.325 nuevos casos de Covid en Chile, una cifra que recuerda al peor momento de la pandemia del 2020. La medida de mantener las clases presenciales muestra la irracionalidad del gobierno que busca a toda costa abrir los colegios como guarderías para que los padres puedan trabajar, esto con tal de no entregar un ingreso mínimo familiar que aseguraría que padres que no puedan cuidar a sus hijos por pandemia puedan quedarse en sus casas recibiendo sueldo. Y en el caso de trabajadores esenciales como los de la salud, garantizar acceso al cuidado de sus hijos en ambientes seguros y protegidos, muy contrario a la situación que están viviendo las trabajadoras de los jardines
Integra que tuvieron que paralizar sus funciones porque los establecimientos se encuentran en pésimas condiciones, sucios, con fallas estructurales, entre muchas otras deficiencias.
La solicitud de Carlos Díaz parece sensata, profesoras y profesores sabemos que no existen las condiciones para que todos los colegios puedan abrir sus puertas sin arriesgar la salud de sus funcionarios o de les niñez. Sin embargo, lo que es más insensato en su actuar es que primero espera que el gobierno de Piñera, un gobierno demagogo que ha tratado de flojos a los profesores, de la noche a la mañana comience a defender la vida y condiciones laborales de los profesores. La historia nos ha demostrado que este gobierno sólo cede con movilizaciones. Lo que está evitando Carlos Díaz al no realizar asamblea en los comunales, ni un llamado a paro, es dejar sin posibilidad de decisión a los profesores y trabajadores de la educación que cada día nos hacemos cargo de entregar la educación en las miserables condiciones que nos da el Estado de Chile.
Como buena burocracia sindical, Carlos Díaz siguiendo con la herencia política de Mario Aguilar (que ahora postula como independiente a constituyente luego de haber militado años en el partido humanista) no ha buscado en ningún momento que los profesores se organicen y discutan las condiciones de regreso o incluso decidan cómo enfrentarse a un gobierno que no le importan la vida de les niñes ni de los trabajadores. Su gestión se ha remitido a reunirse con el ministro una y otra vez, y a realizar consultas que no tienen efecto.
Las y los profesores sabemos que frente a este gobierno la única forma de enfrentarlo es con unidad, con un paro nacional, para exigir no sólo el cese de las clases presenciales, sino un plan de emergencia a la educación que contemple una inversión inmediata para garantizar internet y dispositivos para todos, inversión en infraestructura, la contratación de más profesores para abarcar la disminución de cursos sin que implique agobio laboral para los trabajadores de la educación. Es decir, todo un plan para sacar del abandono a la educación pública, costeado con el impuesto progresivo a las grandes fortunas que en plena pandemia aumentaron exorbitantemente sus ganancias a costa de las muertes que puso y sigue poniendo el pueblo trabajador y las comunidades educativas.
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