“Clarín desafía a la Argentina todos los días, no es sólo conmigo. Yo ya sé con qué bueyes aro, y en todo caso lo que voy a hacer es que la ley impere, que no haya privilegiados”. Con esta frase de tono audaz, el presidente Alberto Fernández confirmó que el magnate mexicano Carlos Slim ampliará las operaciones de su empresa Claro en Argentina.
En la entrevista que Fernández sostuvo este lunes por la noche en C5N, el periodista Gustavo Sylvestre buscó indagar sobre el reto a la autoridad que representa que Cablevisión/Telecom haya aumentado tarifas por encima de lo permitido y no le devuelva el dinero a sus abonados.
“Por eso quiero que el sistema de cables se abra, que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe, que terminemos con los privilegios que en los últimos 4 años le dieron [a Clarín], desalentando a empresas como Telefónica y Claro a invertir”, señaló el Presidente, sin referirse a si el Estado tomará una medida concreta o seguirá dejando actuar al Grupo a su gusto. En su reciente viaje a México se reunió con Slim y habría acordado la expansión local de la empresa, porque “cuanta más competencia tengamos, mejor va a ser, y esas arbitrariedades y patoteadas van a ir cediendo”, completó.
Los que se quedan y los que se van
Todavía no se sabe si la expansión de Claro se dará solamente aumentando el volúmen de inversión, o si el Estado habilitará que opere con más servicios y zonas. “Hoy Clarín a través de Telecom es la única empresa que puede brindar cuádruple play, es decir, telefonía móvil y fija, Internet y TV de pago. Claro y Movistar ofrecen triple play en algunas muy pocas zonas del Conurbano y sino se focalizan en telefonía móvil, y después está Telecentro, que da triple play con telefonía fija, Internet y televisión”, desarrolla el especialista en medios Agustín Espada. “Se supone que el empaquetamiento de servicios reduce el precio, pero cuando hay un sólo operador, la concentración redunda en un aumento de los precios porque hay una sola empresa con capacidad de formarlos”, señala.
El anuncio también se da en el marco de las desinversiones que Telefónica/Movistar está realizando en el país, una estrategia de la multinacional para reagrupar sus filiales a nivel regional. Hoy trascendió que ofreció 1500 retiros voluntarios a sus trabajadores y trabajadoras para sacárselos de encima, según informó el sitio Infogremiales.
“El oficialismo, que hace muchos años permitió la fusión de Cablevisión-Multicanal y creó una empresa casi monopólica, ahora que Telefónica se va dice: si me va a quedar un monopolio, mejor hago un oligopolio, con uno que sea oficialista y otro que sea opositor”, explica Guillermo Schmal, miembro por la oposición de la Comisión Directiva de Foetra, el sindicato de las telecomunicaciones. “Lo que se necesita hoy es conectividad gratuita para alumnos y docentes, así los chicos y chicas pueden estudiar en forma segura”, agrega.
No es la primera vez que Alberto Fernández se refiere a la comunicación como “un negocio”. La lógica de pretender democratizar el acceso al esencial servicio de telecomunicaciones para todas las familias trabajadoras y sectores populares mediante los supuestos beneficios del ingreso de nuevas corporaciones, resalta la decadencia del antiguo discurso kirchnerista contra La Corpo. “Para multiplicar voces hay un montón de remedios que no necesitan una ley de Medios. La ley de Defensa de la Competencia, la del Consumidor, son todos mecanismos que lo permiten”, sintetizó en C5N.
“Fernández nunca pensó que una regulación sectorial pudiera ser beneficiosa para el mercado de los medios y pretende aplicar una regulación económica general, como si la comunicación, la cultura o la información fuesen lo mismo que las naftas, las tarjetas de crédito o la soja”, interpreta Agustín Espada, que también es investigador en la Universidad Nacional de Quilmes. “El presidente encuentra en las viejas y malas prácticas de Macri la forma de controlar y tener a tiro al mercado con los decretos. No está dispuesto a confrontar con todo el sector corporativo de los medios de comunicación a través de la discusión de una nueva ley”, concluye.
Una disputa con intereses electorales
El Presidente también se refirió a la influencia que el Grupo Clarín tiene sobre los tribunales. “Es uno de los que menos quiere que la Justicia cambie, por la forma en que incide sobre la Justicia y sobre los jueces”, explicó. Recientemente, el grupo fue beneficiado por una medida cautelar que le permite continuar con la judicialización de lo que Cablevisión/Telecom considera como “aumentos insuficientes”, mientras obliga a sus usuarios a pagar tarifas que no están autorizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
El gesto adusto del mandatario busca polarizar contra los medios y la derecha opositora, preparando el terreno para la campaña electoral de este año, como se vio en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Hasta el momento, la respuesta del ente regulador no viene significando ningún contrapeso para la empresa de Magnetto.
Si hace algunos años la pelea era por una ley que, con todas sus limitaciones, lo obligaba a deshacerse de una parte de su conglomerado de medios, hoy la política del peronismo se basa en ponerle un competidor, mientras lo sigue dejando subir indiscriminadamente las tarifas. “El Grupo Clarín aumenta igual, es un claro desafío en el que el Gobierno retrocede ante los grupos económicos, como lo viene demostrando desde el caso Vicentin”, agrega Schmal.
Con la retirada de Telefónica de Argentina ocurre algo similar: “viene llevándosela en pala desde las privatizaciones y ahora amenaza con reducir su personal sin que el Estado intervenga. No podemos permitirlo, Foetra debería estar ya mismo convocando asambleas para discutir cómo defender los puestos de trabajo y conseguir un aumento acorde a la canasta familiar”, propone Schmal, que también es trabajador en la empresa.
Para Espada, la sociedad que Clarín y el gobierno forjaron durante el primer año de gestión no tuvo los resultados esperados. “Clarín no consiguió grandes negocios y el gobierno no consiguió torcer la línea de Clarín. El gobierno necesita casi como un vicio del peronismo y el kirchnerismo poner en los medios un foco opositor construido discursivamente, para tener con quien confrontar y echarle la culpa en algunos casos”, completa.
Un viejo conocido de la casa
Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del planeta. En la actualidad su fortuna, según la revista Forbes, supera los 52 billones de dólares. Llegó al mercado de las telecomunicaciones en los 90, cuando compró la empresa mexicana Telmex.
En Argentina, Slim es un viejo conocido del kirchnerismo. Adquirió en 2003 la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), habilitado por las facilidades que le ofreció el por entonces Jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, Alberto Fernández. Como explicó el periodista Daniel Satur en La Izquierda Diario, “opera en Argentina una de las empresas que oligopolizan el muy rentable negocio de los celulares, con tarifas abusivas y manejando a gusto y sin control los ‘planes’ de un universo cautivo de usuarios.” Desde entonces mantiene una disputa con el Grupo Clarín buscando meterse en los terrenos que uno tiene permitido y el otro no.
El mexicano también es accionista minoritario en YPF, de la cual obtiene fabulosos dividendos. En agosto del año pasado firmó con el Estado argentino y Astrazeneca un acuerdo para la fabricación y distribución de la vacuna contra el Covid-19. En medio de la crisis mundial por las vacunas, esto todavía no sucedió. Cuando se trata de “abrir la competencia”, amigos son los amigos.
Cuando el Estado sostiene las ganancias privadas
La actual disputa en las telecomunicaciones pone en cuestión el negocio de los grandes capitalistas y la complicidad del Estado. Los usuarios pagan enormes tarifas por un servicio de mala calidad, que además se volvió esencial durante la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras del sector, con paritarias por debajo de la inflación y precarización, tampoco reciben los beneficios de este fabuloso mercado para pocos.
Las grandes corporaciones explotan un negocio privatizado en los 90, que ningún gobierno posterior se atrevió a tocar. Pero sus ganancias se montan sobre una infraestructura creada por el Estado. Schmal explica cómo la situación de la compañía estatal Arsat revela este entramado: “Es una empresa mayorista que tiene la red de fibra óptica más grande del país, e impedida desde su creación por parte del kirchnerismo para prestar directamente el servicio a los hogares. La inversión estatal construyó una infraestructura a nivel nacional sobre la que se montan los grandes negocios de los capitalistas. Sólo una empresa gestionada por sus trabajadores y control de los usuarios puede garantizar un servicio de telecomunicaciones para el beneficio de los sectores populares”, ejemplifica el delegado de Foetra.
El Gobierno apunta a que aplicando la ley de Defensa de la Competencia, como explicó el Presidente, se reduzca el poder de fuego del grupo que conduce Héctor Magnetto, a partir de acrecentar las capacidades de sus competidores. Pero el cambio en los bueyes del arado no evita que la yunta de las corporaciones siga alimentándose de la cosecha del estratégico negocio de las telecomunicaciones, a costa de sus usuarios y trabajadores. |
