María Ovando volvió a ser alojada en la Unidad Penal V, Correccional de Mujeres, en el barrio de Miguel Lanús –Posadas-, para que continúe a disposición del Tribunal Penal Uno de Eldorado, La medida, según indicaron, se tomó en coincidencia con el dictamen de la fiscal de cámara y el argumento principal fue que el instituto de habeas corpus no es la vía procesal idónea para esta situación.
El día de ayer se filtró la noticia en los medios de la provincia, donde informaron que el Poder Judicial de Misiones aceptó la Apelación presentada por la fiscal María Laura Álvarez, siendo que los abogados de la defensa ni siquiera se habían notificado de dicha resolución, lo que dio lugar a que presenten una recusación en contra de los jueces a cargo de la Cámara de Apelaciones integrada por los jueces Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Dilaccio, ya que la defensa se enteró a través del portal El territorio Digital y advirtió que la revocación de la libertad no puede ser ejecutada hasta que sea revisada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Pese a eso la Cámara de Apelaciones, ignorando expresamente el mismo Código procesal de la provincia, interpretando como quiso el artículo N° 10 de la ley de habeas corpus, ordenó esta mañana nuevamente la detención de María Ovando.
Volviendo a demostrar la línea reaccionaria de un Poder Judicial que con saña persigue y discrimina a las mujeres, sobre todo si son pobres, como María. Una verdadera “justicia” de clase, la de los poderosos contra el pueblo pobre y trabajador.
El Estado patriarcal, esta vez de la provincia de Misiones, nuevamente responsable de este accionar.
Uno de los abogados defensores de María, Eduardo Paredes, subió a su portal de “Justicia y Género” las siguientes declaraciones:
“La Cámara debió dar intervención al juez competente en este recurso, el Dr. Cesar Jiménez. El oficio llegó a la comisaría antes de ser notificada a las partes. La defensa interpuso un nuevo habeas corpus y también una revocatoria ante la orden de detención de la Cámara. Organismos de derechos humanos ya expresaron su repudio a esta decisión".
Agregó también, recordando que la orden de detención lleva la firma del Dr. Ricardo Venialgo, presidente de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, que: “Lo que están haciendo es un prevaricato, y un abuso de autoridad, ordenan la detención sin sustento legal. Toda la doctrina de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de la Nación y la ley procesal provincial establece que no se puede ejecutar la resolución hasta que quede firme. Por lo tanto los dos jueces de esta Cámara cometieron prevaricato, por lo que estamos evaluando pedir el jurado de enjuiciamiento para estos dos jueces”.
El Estado es responsable de este atropello a las libertades democráticas. Cuando se trata de perseguir a las mujeres, no repara ni en saltearse hasta sus propias leyes. | 
