Este martes 16 la Cámara Federal de San Martín ratificó la decisión del juez federal de Campana, Adrián Charvay, de prohibir el funcionamiento de las plantas APR Energy y Araucaria Energy en la ciudad de Villa Rosa mientras dure el juicio por su erradicación. Se trata de un nuevo triunfo de la lucha de vecinos y ambientalistas.
“Al fin se hizo lo que se debió haber hecho en aquel momento en que se presentaron las medidas cautelares en 2017”, dice Erica Han, presidenta de la Organización Ambientalistas Autoconvocados (OAA) en diálogo con La Izquierda Diario. “Pero esto no termina acá, esto recién comienza. Porque este señor Manzano es pesado”.
Araucaria Energy es propiedad del flamante dueño de Edenor, José Luis Manzano, y había sido clausurada en agosto del año pasado al demostrarse los daños a la salud de los pobladores de Villa Rosa (Pilar) y Matheu (Escobar), además de la grave contaminación. Sin embargo, su “vecina” estadounidense APR Energy SRL seguía activa.
“Sabemos que lo que se viene no es fácil. Hay arreglos y permisos provisorios, hay muchas cosas que pueden pasar más adelante”, agrega la referente de la ONG. “Es un caso muy similar al del puerto regasificador de Escobar. Fue clausurado por peligroso, pero como está metido YPF y el Gobierno actual se lo ha vuelto a abrir. Si bien volvieron a clausurarlo por un tema de residuos, son poderes económicos muy grandes”.
Según informó el abogado Gustavo Madeira a medios locales, uno de los fundamentos principales del fallo es que el “Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires hicieron un análisis de los proyectos ‘Central Matheu II’ y ‘Central Matheu III’ en forma individual, sin contemplar el efecto acumulativo que podría tener sobre el medioambiente la operación simultánea de ambas centrales térmicas”.
Otro factor de peso fue la falta de habilitación municipal en el caso de Araucaria Energy SA., empresa ligada anteriormente al exministro macrista Juan José Aranguren.
Desde OAA consideraron el fallo como un nuevo triunfo de la lucha vecinal y ambientalista, aunque aseguran que todavía sigue el juicio por la erradicación total de ambas centrales. En este sentido, informaron que en febrero “habíamos pedido la recusación de los jueces y presentado nuevas pruebas del mal funcionamiento”.
Sin dudas se trata de una buena noticia, ante la avanzada extractivista a nivel nacional de Gobiernos y empresarios, que hoy en día tiene su principal foco en los devastadores incendios de la Comarca Andina. Una vez más se demuestra que la autoorganización democrática y por abajo de vecinos y activistas es la única barrera capaz de frenar la voracidad de los capitalistas y el Estado.
“Vamos a ver cómo termina la historia”, advierte Erica. “Nosotros estamos muy contentos, pero conocemos la realidad de estos monstruos económicos contra los que estamos peleando. Son grupos muy grandes, con muchos abogados trabajando, con sueldos jugosos, contra organizaciones ambientales y vecinos”. | 
