En un contexto de avance exponencial de casos, las medidas absolutamente insuficientes que toma el gobierno, agravan las consecuencias sociales en los sectores más pobres mientras se sigue cuidando al sector empresarial.
Uruguay ya es el país de América con más casos nuevos en relación a la población, el presidente Lacalle Pou dio una conferencia de prensa en la que informó nuevas medidas.
Dado el agravamiento de la situación había expectativa de anuncios importantes ya que se percibe claramente en toda la sociedad que la situación empeora y existen posibilidades ciertas de estar en la puerta de un colapso sanitario.
Las camas ocupadas de terapia intensiva, CTI, se acercan al 70%, con un porcentaje de pacientes con Covid que crece diariamente. Se sabe además que el aumento de pacientes que requieren CTI por el coronavirus tiene una “demora” de algunas semanas por lo cual aún no se siente el impacto más fuerte del crecimiento de los casos.
Por otra parte la llegada de vacunas mostró también la improvisación que ha tenido el gobierno con respecto a este tema: confiado en su momento por la escasa cantidad de casos, no se hicieron las gestiones correspondientes para la obtención de las dosis necesarias y esto ha generado que este pico de la pandemia encuentre a la población sin inmunización y que incluso grupos de riesgo como los mayores de 70 no conozcan la fecha en que podrán ser vacunados.
En su gestión de la pandemia, Lacalle ha tomado distancia incluso de la Comisión de científicos del GACH (integrantes que además fueron elegidos por el propio gobierno) mostrando que claramente ha privilegiado lo político sobre lo técnico para definir qué medidas tomar en esta situación.
Los 2700 casos de este lunes y la existencia de la variante P1 en 7 departamentos del país confirman el fracaso del gobierno y su desprecio por las recomendaciones científicas cuando desoye desde hace semanas las recomendaciones de reducir drásticamente la movilidad.
“Cada uno mueve sus propias perillas”
En sus últimas intervenciones el gobierno apunta a instalar la idea de que el cuidado frente al coronavirus se trata de una responsabilidad individual y se coloca en una posición de omisión institucional, con la excusa de que el gobierno respeta la libertad.
Esta concepción liberal, en sintonía con la visión más general de Lacalle con la que encara diversos temas, no es más que una cobertura para dejar librada a su suerte a la población y solo preocuparse porque la “economía no se detenga”.
Lo sucedido con la educación es un buen ejemplo de esta política; en lugar de garantizar las condiciones necesarias para una presencialidad segura, el gobierno dispuso el comienzo de clases “normal” pero sin ningún cuidado.
Mientras los trabajadores reclaman que sus hijos puedan estudiar en condiciones de calidad el gobierno ha realizado recortes en la educación, con la consecuencia de falta de personal, falta de locales adecuados y de materiales de higiene.
La única manera seria de enfrentar la pandemia, ya sea con presencialidad o con virtualidad cuando la situación sanitaria sea de riesgo, es con un presupuesto digno para la enseñanza.
Por el contrario, al igual que en la salud, el gobierno optó en este último año por implementar ajustes y recortes en estas áreas vitales relacionadas con las condiciones de vida de la población.
¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones del gobierno? Mientras en la educación privada, o sea para los que pueden pagar, se han buscado alternativas presenciales o virtuales para continuar estudiando, en la educación pública la situación hace agua; si el año pasado no se pudo sostener una enseñanza virtual, este año los casos positivos y en cuarentena rápidamente llevaron a una situación crítica.
La única respuesta del gobierno, y así lo manifestó el presidente en la última conferencia de prensa, fue suspender la obligatoriedad de la asistencia. Esto por sí solo obviamente no soluciona nada; si algún estudiante no concurre es porque las condiciones sanitarias no son seguras, por lo tanto es el Estado el que debe garantizar formas alternativas (de calidad) para que continúen las clases.
A su vez, hace pocos días y con el voto oficialista, el gobierno prorrogó por otros 120 días la limitación del derecho a la reunión que rige hace varios meses en el país.
La medida, que además es una amenaza que pende sobre el derecho a la protesta, pone el foco en las actividades sociales de la gente, mientras no se pone ningún límite concreto en el transporte departamental ni en los lugares de trabajo donde las condiciones sanitarias son de alto riesgo para la propagación del Covid.
"El Gobierno tiene que funcionar al estímulo del sector privado, tiene que ser funcional"
A los dos días de la conferencia de prensa, Lacalle dejó ver la otra cara de su posición. Mientras por un lado habla de libertad y responsabilidad individual; en realidad para intentar encubrir sus omisiones y falta de medidas para los trabajadores y sectores populares; frente a los arroceros en Rocha prometió ayudas y apoyos.
Increíblemente sus promesas se dan cuando el mismo presidente reconoce que la zafra "va a ser mejor que la anterior por los precios, porque dejó de caer el área de siembra, también porque el Banco República vuelve a ser un banco país, un banco productivo".
O sea que el gobierno va a apoyar a un sector que en realidad va a ganar más dinero este año y encima va a poner al Banco República a su servicio, además de emprender grandes obras de infraestructura en función de las necesidades de los empresarios.
Lacalle ha sido claro frente a la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA): “Mi compromiso es que el año que viene, cuando pasen lista y me digan el discurso, digan ‘cumplido, cumplido, cumplido’ y vamos por las próximas cosas"
Este discurso es la expresión concreta de la política del gobierno; medidas en función de las necesidades de los empresarios para garantizar las mayores ganancias posibles.
Mientras tanto, utiliza la pandemia como una extorsión a los trabajadores planteando implícitamente que para conservar el trabajo hay que tener salarios más bajos, perder derechos laborales y aumentar la precarización.
Una salida de los trabajadores
Los trabajadores tenemos que luchar por una salida opuesta a la que propone Lacalle y su coalición multicolor. En este camino no contamos con el Frente Amplio ni con el PIT-CNT que se preocupan más por dar gobernabilidad al régimen, y a lo sumo proponen mínimas medidas poniendo las ilusiones en las elecciones de 2024.
Ante la crisis sanitaria hay que imponer la prohibición de despidos como forma de enfrentar la amenaza creciente de la desocupación y garantizar un subsidio digno para todos los desempleados. Los seguros de paro no son una solución, porque implican una rebaja a los ya magros salarios que reciben los trabajadores.
Basta de proteger y favorecer empresarios y cuidar la ganancia capitalista.
Es necesario tomar medidas profundas y estructurales, reorganizando las bases económicas del país para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y sectores populares, verdaderos generadores de la riqueza social. | 
