La convocatoria a Audiencia Pública por el “Plan de cambio de uso de suelo de Finca “El Pongo” tramitado en el Expte. 1102-096-2021 e iniciado por la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Ambiente de Jujuy, fue realizada de manera irregular sin garantizar ni siquiera la Ley de Audiencia Pública de la provincia.
Por este motivo integrantes de las familias que viven y producen para el sustento familiar hace varias generaciones en la Finca El Pongo rechazaron la audiencia convocada por el gobierno a espaldas de las personas involucradas directamente.
Las tierras de Finca El Pongo pertenecen actualmente al Estado provincial como parte de una donación realizada por el Dr. Plinio Zabala para la producción y uso benéfico de los mismos que serían destinados al mantenimiento del Hospital de la ciudad de Perico. Sin embargo, no es novedad que no se tenga conocimiento sobre los diversos proyectos llevados adelante en el predio, cuáles son los ingresos provenientes de los mismos y qué se hace con el dinero recolectado.
En esas tierras hay más de 400 pequeños productores, organizados en diversas cooperativas de producción, además de la existencia de una comunidad indígena que lucha por el reconocimiento de sus derechos preexistentes a la familia terrateniente Zabala y por el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Rechazo a la audiencia pública
La audiencia pública tuvo un amplio rechazo tanto de las y los expositores que lograron inscribirse a pesar de la restricción como también de quienes se movilizaron, productores, organizaciones de productores, sociales, de mujeres de Finca El Pongo y personas solidarias, viajando más de 35 kilómetros al ministerio de producción de la provincia.
Los planteos de rechazo a la audiencia fueron por una serie de irregularidades en cuanto a los procedimientos establecidos en ley para la realización de audiencias públicas restringiendo el acceso a la información como también a la participación real.
También se expresaron diversos argumentos y aportes rechazando el cambio de uso de manejo de suelo y el desmonte de 440 hectáreas por parte de organismos de derechos humanos como Andhes, la abogada Alicia Chalabe, instituciones como Agricultura Familiar, CTA-A y de legisladoras como la de Natalia Morales del PTS/FIT.
Además de los mecanismos democráticos de participación de productores y familias indígenas, el cambio de uso de suelo no tiene contemplado estudios de impactos ambientales, sociales y multidisciplinarios. Tampoco sobre qué proyecto pretenden llevar adelante y con qué objetivo, y si el mismo afecta o no a quienes viven y producen desde tiempos ancestrales.
También se plantearon varias irregularidades sobre la empresa Cannava SA y la producción de cannabis con fines medicinales. Por esto mismo, la diputada Natalia Morales sostuvo que “el gobierno de Morales con el desmonte y cambio de uso de suelo en Finca El Pongo vuelve a imponerse con consulta ni consentimiento de quienes tienen derechos adquiridos y preexistentes en el lugar como son las familias pequeñas productoras e indígenas. Avanza con el desmonte que va a generar impactos ambientales y sociales sin informar con qué objetivo y para qué proyecto”.
“No nos llama la atención, ya lo hizo con la la empresa Cannava SA para la producción de cannabis con fines medicinales, donde ante la necesidad y derecho de pacientes y familiares de acceder al aceite y derivados de manera gratuita, genera un negocio desde el Estado para empresarios amigos, familiares y multinacionales. En la misma ni siquiera hubo información y estudios puestos a consideración, tampoco no se sabe qué presupuesto se maneja y cuáles son los ingresos que por el legado de la Finca El Pongo tendrían que destinarse a la manutención del Hospital Zabala de Perico, que actualmente se cae a pedazos”.
Ver presentación realizada por las bancas del PTS/FIT  | 
