En los últimos meses grupos religiosos se han venido movilizando y han realizado diversas acciones que además de violar la normatividad constitucional sustentada en los artículos 24 y 130 que respectivamente “garantizan” tanto la libertad de culto como la separación entre las iglesias y el Estado, pretenden imponer sus creencias al inmiscuirse en la política.

Esto ocurre cuando nos encontramos en un contexto electoral pues se acercan nuevos comicios, momento en el que buscan aparecer defendiendo posturas anacrónicas, cercanas a idiosincrasias propias de la Edad Media.

Tal es el caso de la “organización” autonombrada “Viva Cristo Rey”, misma que se ha encargado de recorrer diversas ciudades de los diferentes estados del país, realizando mítines, eventos y actos de proselitismo, con los que buscan entrometerse en asuntos políticos, sociales y culturales. La gravedad del asunto se hace más alarmante, cuando incluso proponen que sacerdotes religiosos sean votados y ocupen cargos públicos como diputaciones, lógicamente para que desde el Estado nos impongan sus supersticiones religiosas.

La peligrosidad de estos “grupos religiosos” se refleja en su intolerancia y la discriminación de derechos como el de libre pensamiento. Pues sus posturas se presentan como una clara violación a los artículos señalados al principio. En pocas palabras, estos grupos pretenden eliminar valores como la diversidad, mostrando una postura agresiva al rechazar la justa consigna que sostiene que la “iglesia y Estado son asunto separado”.

La participación política religiosa, también es ilegítima pues se posiciona en temas específicos como el condenar la despenalización del embarazo interrumpido o el consumo lúdico de la marihuana. ¿Cómo se atreven a decidir sobre el cuerpo de otras personas? En este caso específico, no pueden tomar decisiones sobre los cuerpos de otros y sus proyectos de vida.

En esta última cuestión, al querer influir en la vida de las personas se posicionan como jueces, pues juzgan y criminalizan a las mujeres o a los consumidores de marihuana hablando desde una supuesta “superioridad moral”; mientras no hablan de los problemas legales que han enfrentado los miles de víctimas de abusos sexuales, violaciones; o la pedofilia que practican impunemente sacerdotes católicos, pastores, “ancianos”, ministros de culto, etc.

Crímenes que, en el caso específico de la Iglesia Católica, recientemente ha reconocido, sin poder excusarse de los hechos realizados por agrupaciones como los Legionarios de Cristo, el caso del padre Joseph Maskell en el noreste de Baltimore o los numerosos casos de violaciones perpetrados por sacerdotes de Boston en Massachusetts EE UU, por mencionar solo algunos.

Las Iglesias buscan imponer visiones conservadoras que atentan sobre los derechos democráticos de las personas, al mismo tiempo que históricamente han defendido regímenes antidemocráticos. Hay que recordar que las iglesias siempre han sido cómplices de las aberrantes posturas políticas de derecha y ultraderecha, por ejemplo, el apoyo que el vaticano brindó a las dictaduras fascista y nazi en la Segunda Guerra Mundial, así como a criminales dictaduras militares como la de Pinochet en Chile y Videla en Argentina o el impulso abierto a la Guerra Cristera en México.

Es alarmante pues que en pleno siglo XXI, la ignorancia y la superstición religiosa se quiera imponer por encima de la libertad de los ciudadanos mexicanos. Es fundamental avanzar en la organización de los trabajadores y demás sectores oprimidos para actuar y enfrentar la intolerante intromisión de los grupos religiosos en la política, ni en cuestiones del Estado. Cada quien es libre de decidir en que creer y es muy respetable, sin embargo, nadie tiene derecho a querer decidir o imponer sus ideas sobre los demás.

El libre pensamiento es un importante derecho que se tiene que respetar, cuestiones como las preferencias sexuales o el consumo de cannabis deben liberarse del estigma y condena basados en ciertas ideas religiosas.