Así pudo saberlo La Izquierda Diario en comunicación con Adolfo Farías, referente del Mocase Vía Campesina. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero se encontraba cortando rutas de toda la provincia para exigir la inmediata liberación de sus compañeros injustamente presos.
La Jueza Danielsen concedió la libertad a los dos integrantes del Mocase por falta de prueba y por tratarse de delitos excarcelables, a pesar de que durante toda la mañana la Fiscal de Tierra María Victoria Sottini se oponía a la libertad de Alcides y de Guillermo.
Con justicia se preguntan en sus redes sociales los campesinos del Mocase si “¿La fiscalía de tierra ha sido creada para perseguir al campesinado y mandarlos a detener y no darle tramite a nuestras INUMERABLES denuncias?”
A las 4 de la madrugada del jueves 25 de marzo, alrededor de 40 policías de la comisaría de Sumampa, ciudad distante unos 250 kilómetros de Santiago.
De manera violenta entraron en dos residencias campesinas separadas una de la otra por 500 metros. De la primera se llevaron a Guillermo Cejas y a su hijo E.C. de 14 años. De la segunda a Alcides Acosta. Junto con Alcides estaban tres de sus diez hijos e hijas, menores de edad.
Del niño no se supo nada hasta el mediodía del aquel jueves 25, hasta que familiares lograron localizarlo, y lo hallaron asustado y golpeado.
Le habían “pisando la cabeza y el pecho al niño en la caja de la camioneta los casi 40 kilómetros que separan Loma Blanca de Sumampa”, relataron desde el Mocase. Los siguieron torturando en la comisaría y luego fueron trasladados al Centro de Detención de la capital de Santiago.
La fiscal María Victoria Sottini y a la jueza de control Cecilia Vittar fueron señaladas desde el principio por el Mocase como las responsables de los atropellos y las detenciones, ejecutados por la policía del gobernador Gerardo Zamora. Hasta pasado casi un día nadie sabía “de qué se acusaba a los detenidos, ni porqué la policía había actuado con tanta violencia”. Finalmente, los integrantes de la organización campesina tomaron conocimiento de que sus compañeros estaban acusados de amenazas calificadas y lesiones leves. Tremenda paradoja cuando eran ellos los que habían sido amenazados de muerte por la policía, allanados y torturados.
La APDH de Santiago del Estero había denunciado este grave hecho y señaló: "La gravedad de este hecho ilustra el procedimiento del poder judicial de la Provincia, fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Las comunidades de Loma Blanca Norte venían denunciando el accionar ilícito de personas en el territorio que ancestralmente ocupan, denuncias que no han prosperado. Sin embargo la fiscal, como respuesta a esas denuncias, solicita a la jueza Cecilia Vittar que ordene el allanamiento y la detención de los propios denunciantes, procedimiento que se ejecuta en tiempo récord y de madrugada".
Poder político y judicial al servicio de los terratenientes
La policía y el poder judicial actúan en connivencia con los terratenientes de la zona y sus sicarios. Desde el Mocase están convencidos de que este allanamiento ilegal es uno de los tantos intentos violentos de sacarlos de sus territorios y desplazar a la comunidad de los montes.
Uno de los exponentes es el sicario Ramón “Yiya” Molina, que supo actuar bajo las órdenes del macabro jefe de inteligencia de la policía de Santiago del Estero, Antonio “Musa” Azar, cuyo prontuario va desde haber sido parte de los ejecutores de la Masacre de Margarita Belén en plena dictadura genocida, donde fue ascendido como Comisario General, junto con varias condenas por torturas y violaciones durante la dictadura, a condenado violar y asesinar a Leyla Nazar y Patricia Villalba en el conocido Doble Crimen de la Dársena en 2003. Fue condenado a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad, pero un año después, en 2018, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
El matón “Yiya” Molina pretende ocupar esas tierras, “se quiere meter ahí con su banda armada. Ya les robó 25 animales,” denuncian desde el Mocase. El conflicto de tierras es agudo y ya se ha cobrado la vida de Mario Mendoza, un campesino de Rio Viejo, en el departamento de Quebrachos.
Alertan también que la metodología tiene un patrón “que se repite en distintas zonas del vasto territorio rural santiagueño. Un largo proceso de desgaste que comienza cuando detectan tierras usurpables’. Luego buscan amedrentar a las comunidades que allí viven, a veces instalan una casilla con bandas armadas, roban los animales, desmontan, arruinan represas y pozos de agua. El complemento necesario de ese proceso de desgaste son las denuncias penales contra los propios habitantes del lugar, a quienes se acusa de ‘violentos usurpadores’”.
Los conflictos por la tierra se han agudizado, y todos los gobiernos, año tras año, dejan a terratenientes y sus matones a sueldo actuar con la más absoluta impunidad. La complicidad del poder político, judicial y las fuerzas de seguridad es indisimulable.
El caso de los campesinos del Mocase vuelve a poner a la luz este problema crucial. | 
