El Gobierno presentó una querella criminal por el caso y se investiga la relación del armamento con los ataques ocurridos en la región. Por otro lado camioneros y políticos de la derecha han salido en exigencia de una "limpieza" del Poder Judicial acusando que el imputado actuaba a favor del fracaso de diversas causas de violencia rural.

A lo largo del país las investigaciones de crímenes de lesa humanidad de directores de carabineros continúan aplazándose. Los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, el adolescente arrojado al río Mapocho en el puente Pío Nono y otras tantas causas por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social, continúan en total impunidad. Muchas veces se van cerrando las causas sin formalizaciones, acusando a dificultades en cuanto a recursos, falta de respuesta de la policía y dificultad para encontrar a las víctimas. Consecuencia de esto no existen condenas y continúan las violaciones de DDHH en completa impunidad.

Mientras el gobierno habla del terrorismo en La Araucanía, continuamos viviendo situaciones de violencia policial: quemaduras causadas con gas pimienta afectando a niños y niñas; ataques directos y detenciones a observadores de derechos humanos, fotógrafos, periodistas y brigadistas de salud.

Durante el mes de enero la hija de Camilo Catrillanca a sus 7 años fue detenida por carabineros junto a su madre sufriendo el excesivo uso de fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre. Y en febrero la policía asesinó a disparos a un joven malabarista en Panguipulli, mientras continúan sumando las heridas oculares.

El Estado de Chile avala y protege el robo de las tierras del pueblo mapuche con su fuerza policial y militar, mientras levanta montajes y habla de terrorismo para avalar sus leyes represivas en contra de las comunidades mapuches. La policía continuará actuando con total impunidad, reprimiendo con toda brutalidad, porque cuentan con el respaldo y el amparo del actual Gobierno y de una gran parte de la clase política.
Ante la defensa de los gobiernos empresariales que buscan proteger el bolsillos de las forestales, que les pertenece a las familias más ricas del país, se les debe enfrentar con lucha y unidad entre las y los trabajadores, junto con el pueblo mapuche, forjando una alianza para la autodefensa contra el Estado y la reacción de grupos fascistas, para pelear por la autodeterminación del pueblo mapuche, la desmilitarización de todo el territorio, la libertad de todos los presos políticos mapuches y de la revuelta y por una asamblea constituyente libre y soberana.