El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó este jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos.
La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.
El STF intenta erigirse con esta decisión como un árbitro en la situación política de Brasil que es cada vez más inestable. Es exactamente el mismo tribunal que avaló la operación Lava Jato cuando Moro aún tenía el respaldo de EE. UU. y que posibilitó la victoria de Bolsonaro en las presidenciales ya que Lula era el candidato con más intención de voto y no se le permitió participar.
Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia sobre esos asuntos.
El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.
Este mismo jueves, antes de la sesión, Lula declaró a una radio local que estaba "muy tranquilo" y "confiado" en que el Supremo le daría respaldo a la decisión de Fachin, que anuló las penas dictadas en su contra pero remite los procesos que tramitaron en Curitiba a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente.
Esas causas se refieren a un apartamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras, y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.
Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.
"Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme", declaró este jueves Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.
La posición legalista del ex presidente y líder del PT evita discutir el poder que tienen los jueces, una casta que nadie elige, para decidir sobre los derechos políticos de las mayorías populares en Brasil, que en 2018 le negaron la participación a Lula. Un intento de legitimar a la corte y al sistema judicial de conjunto ante los y las trabajadoras.
El STF viene arbitrando en la política brasileña desde antes del golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff y no será diferente ahora, ante la gran caída de la popularidad de Bolsonaro en medio de la catastrófica gestión de la pandémica y creciente crisis económica y social.
Por su lado, Lula recupera los derechos políticos y puede presentarse a las elecciones en 2022, apareciendo como uno de los últimos garantes del régimen democrático burgués Brasileño. Una trampa para todos los trabajadores porque el PT es el partido que empezó el ajuste en 2016 con Dilma Rousseff y luego dejó pasar el golpe institucional sin luchar.
Una nueva presidencia de Lula no será lo mismo que una posible presidencia de la derecha, pero seguramente mantendrá el grueso de los ataques a las mayorías populares que hicieron Temer y Bolsonaro desde 2016 intactos. | 
