La charla virtual organizada por la cátedra de Educación y Derechos humanos de la UNS contó con la participación de familiares de los jóvenes detenidos, también participaron Andrés Bacigalupo de Asociación de Pensamiento Penal, Emilio Ruchansky trabajador de prensa e integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, Rodrigo Pomares de la Comisión Provincial por la Memoria, Pablo Radivoy, Defensor General Interino del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entre otros especialistas judiciales y docentes universitarios quienes discutieron la problemática de la criminalización de la juventud frente al recrudecimiento de la persecución policial y judicial de las políticas de drogas en un contexto de pandemia.
En plena segunda ola y con los hospitales colapsados, la criminalización y el punitivismo sigue llenando las cárceles (ya hacinadas) de jóvenes cultivadorxs bajo la sombra de la Ley 23.737, en el marco de una falsa “guerra contra las drogas”. En muchos casos son personas que dan usos medicinales a la planta y terminan quedando expuestas a condiciones insalubres.
Refiriéndose a la política que mantiene el estado de utilizar la excusa del narcotráfico para perseguir a los cultivadores, Rodrigo Pomares (CPM) menciona que "No existe un combate a las drogas, existe una gestión oficiosa de los mercados (...) esa gestión la realiza la policía de la provincia de Buenos Aires con, en muchos casos, la convalidación de actores judiciales".
Dando garantías a la criminalización y la persecución, el accionar judicial respalda a los intereses de los grandes narcotraficantes y sectores empresariales que introducen, en complicidad con punteros políticos y las fuerzas represivas, grandes cantidades de drogas que terminan siendo producidas por mano de obra semi esclava. y el hecho de que más del 60% de los detenidos por infracciones a la ley de estupefacientes sean jóvenes como los de Púan, como también señaló Pomares, no es casualidad:
“No es problema de ineficacia sino es la forma que tiene de regular la ilegalidad que produce el propio Estado, al ilegalizar el consumo de determinadas sustancias. Es un gigantesco mecanismo de recaudación, No es un negocio solamente local sino es un negocio mundial. Que quienes estructuran las reglas de esto lo piensan desde los beneficios que genera en ingresos legales e ilegales.”
La situación de los jóvenes de Puan, en el marco de una causa armada, y con prisiones preventivas innecesarias, es otra expresión del aumento, acentuado con la cuarentena, de la persecución a la juventud trabajadora. Como contaba Fabiana, madre de Nico Lupin: “Los jóvenes que permanecen detenidos hasta el día de hoy han dejado sus hogares y sus familias destruidas, hay padres de familia, sustento de hogar, un simple ayudante de tambo que dejó una esposa y un niño de 2 años. Esa mamá no puede trabajar, porque ambos trabajaban como matrimonio en el tambo, y hoy tiene que estar con su pequeño".
En este contexto de crisis capitalista, ni el sector privado ni el público ofrecen trabajo a cada vez mayores franjas de la sociedad. Los jóvenes terminan siendo los primeros en ser arrojados a la marginalidad, siendo estigmatizados y criminalizados.
“Estamos ante una situación donde el prohibicionismo queda al descubierto, es un fracaso total de casi 100 años de su aplicación, teniendo en cuenta que hay una avanzada en reglamentaciones, en ordenanzas en leyes nacionales, para acabar con este sistema de persecución a las clases que sabemos que son las clases excluidas, sabemos que el prohibicionismo es discriminatorio como toda su historia de persecución y racismo" afirmaba el abogado, Depaoli. Así también se puede ver la expresión discriminatoria de la persecución a los sectores más vulnerados cuando las mujeres y personas lgtbiq+ o inmigrantes se convierten en “enemigas del Estado” por no tener más opción que oficiar de mulas, o ser parte del llamado “narcomenudeo”.
También intervinieron desde la Secretaría de de DD.HH. del Centro de Estudiantes de Humanidades, miembros de la Juventud del PTS y Tesis XI, solidarizándose y planteando la importancia de que las organizaciones juveniles, políticas, estudiantiles, artísticas y de todo tipo, se pongan al servicio de denunciar la responsabilidad del Estado y luchar de conjunto, para que se destine presupuesto a educación y salud y no a las fuerzas represivas, así también exigir la derogación de la Ley 23.737 y por la inmediata amnistía a usuarixs y cultivadorxs. Por una política de drogas que no estigmatice ni criminalice a la juventud.
Este 8 de Mayo, en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, es necesario que se escuche el pedido de libertad para los pibes de Puan, que padecen esta realidad que puede ser la de cualquier joven, estudiante o trabajador, que utilice la planta para diferentes fines. Seguirá la pelea por la legalización integral de la marihuana, porque cultivar no es delito, y por la puesta en marcha de un sistema productivo de cáñamo que permita generar una industria bajo el control de sus trabajadores, involucrando a activistas y profesionales. |
