Durante las convulsas décadas de 1960 y 1970 se configuró un escenario político y social caracterizado por un ascenso de la lucha de clases: todos los cimientos se removían, uno a uno. La vuelta de Perón al poder condujo al movimiento de masas a una dura experiencia política, donde ni el desencanto ni la resignación pudieron frenar a una clase social que se predisponía a dirigir sus propios destinos.
El golpe cívico-militar de 1976 significó la aplicación del terrorismo de Estado a escala industrial. Sin embargo, su intervención no es sino la continuación, el estadio avanzado de una respuesta que el Estado y la clase dominante comenzaban a aplicar ya desde 1973. Para dar cuenta de ello, nos centraremos particularmente en dos bandas paraestatales (CNU y AAA) que, por su destacada intervención político-militar durante (y bajo el amparo de) los gobiernos de Perón e Isabel Martínez de Perón, configuraron una primera manifestación –ejemplar- del terrorismo de Estado previo al golpe militar de marzo de 1976.
Las bandas paraestatales hacen “tronar el escarmiento”: terrorismo de estado antes del golpe cívico-militar de 1976
El recrudecimiento de la represión a los sectores combativos de la clase obrera y la juventud en la década de 1970, no estuvo aislada de la encrucijada política y económica en la que se encontraba la clase dominante local. Desde el Cordobazo de 1969, que quebró a la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina”, se vivió un proceso revolucionario que dio lugar a expresiones de radicalidad política y militante de las masas obreras y populares. Todo lo comúnmente estatuido comenzó a ser socavado desde las bases.
Las luchas de la clase obrera - que excedían las demandas salariales- enfrentaron la política del Pacto Social llevada adelante en la tercera presidencia peronista. Se desarrollaba una experiencia de amplios sectores con el gobierno de Perón- Estela Martínez, luego de un breve gobierno de Hector Cámpora-Vicente Solano Lima que había resultado incapaz de responder al interés del empresariado y de frenar la efervescencia social de las masas.
En La Plata, como en distintos puntos del país, las acciones del gobierno, el Estado y la burocracia destinaron todos los medios para infringir golpes a la vanguardia obrera y popular que enfrentaban el “pacto” entre el gobierno y la patronal para revertir la crisis económica a favor del gran capital, descargándola sobre el pueblo trabajador.
El tercer gobierno peronista exhibió rápidamente que para frenar la radicalidad fabril no bastaba con procedimientos legales. Así es cómo el accionar de las bandas parapoliciales aparece, en lo inmediato, como la herramienta adecuada, teniendo como objetivo desarticular a la vanguardia obrera-estudiantil y a las comisiones internas recuperadas por la oposición antiburocrática. Estas son las bases de las Coordinadoras Interfabriles, que nuclean a las fábricas y al activismo más combativo de la clase trabajadora. En las coordinadoras de las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires, y de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, participaban 129 fábricas y 11 seccionales sindicales que agrupaban a más de 120.000 trabajadores.
Como indicamos, nos situamos especialmente en La Plata. Veamos entonces las bandas paraestatales que actuaron en la región de La Plata, Berisso y Ensenada en el periodo 1973-1976. Intentaremos una breve síntesis de la historia de estas organizaciones y luego pasaremos a ejemplificar su accionar en la región.
Concentración Nacional Universitaria (CNU).
“Delenda est marxisticas universitas” [Debe ser destruida la universidad marxista” NdR]
La CNU es una agrupación de la ultraderecha peronista, de ideología fascista, antisemita, anticomunista y ultracatólica, fundada a fines de la década de 1960. La organización dirigida ideológicamente por el profesor de literatura Carlos Alberto Disandro tuvo un destacado lugar en la represión a la vanguardia obrera y popular en La Plata y Mar del Plata. Esta banda, formada por jóvenes reaccionarios de clase media-alta y policías, actuará, luego de un primer momento de acción independiente, integrando los escuadrones de la Triple A -como distintos agrupamientos de extrema derecha- bajo el amparo del Estado en el período 1974-76, predominantemente como grupo de choque durante el gobierno bonaerense de Victorio Calabró (burócrata sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, que asciende a gobernador tras la destitución de Bidegain), con apoyo material y operativo de la Policía Bonaerense.
Su avance en términos de fuerza material e influencia política está determinado por el ascenso, durante la tercera presidencia de Peron, de los sectores de la derecha peronista. El grupo tiene un papel en la lucha interna de la derecha peronista contra la Juventud Peronista y Montoneros dentro de la Rama Juvenil del Movimiento Nacional Justicialista. En la universidad tendrá un papel destacado, centralmente hostigando y amedrentando a la militancia referenciada en “la tendencia” o en el socialismo marxista. También allí actúan como “soporte” del giro a derecha realizado por Isabel Martínez en lo que se refiere a la política educativa en las universidades nacionales, parte de un giro a derecha general del gobierno. Se trata, como dijimos, de eliminar por los medios que estén a disposición la influencia de “la tendencia” y de los grupos marxistas en la universidad. Los medios habituales serán acciones patoteriles que instalan el temor en la base estudiantil, y luego directamente el secuestro y asesinato de la militancia de izquierda.
Tras la “masacre de Ezeiza”, que contó con el apoyo operativo de la CNU, el grupo va a experimentar un ascenso general. En el plano político-institucional partidario co-dirigirá el polo de la Rama Juvenil del Movimiento Nacional Justicialista, en su rama estudiantil (dirigida por el CNU Alberto Arana). El polo llamado “Juventud Peronista de la República Argentina” se forma sobre la expulsión de la Juventud Peronista (fuertemente influenciada por “la tendencia”) y estructura institucionalmente a la derecha peronista. La expulsión tiene un fin claro: eliminar lo que se consideraba “infiltración marxista” dentro del movimiento, como contraparte del combate a la “subversión” en la sociedad argentina.
Luego del asesinato de Rucci en septiembre de 1973 -atribuido a Montoneros- el grupo se radicaliza, a tono con las nuevas disposiciones del Consejo Superior Justicialista (CSJ). Esto es, el 1 de octubre de 1973, mana del CSJ una orden a los delegados, de carácter secreto, que los impele a “depurar” al movimiento justicialista, expulsando a la “heterodoxia marxista”.
Una de las expresiones más violentas de esta avanzada – y la primera de esta talla realizada en La Plata- se da el 26 de noviembre de 1973. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP se dan las primeras elecciones para designar la nueva dirección del centro de estudiantes. Es la primera elección a centro de estudiantes en toda la UNLP luego del retorno de la democracia en mayo de 1973. Se sabe que el centro quedará en manos de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Por la tarde de ese día la CNU ingresa al predio de la facultad. No pretende distribuir panfletos con sus habituales denuncias y amenazas a la “sinarquía” ni al “trosko-gorilismo”, como denominaban a la militancia de izquierda de aquel momento. La CNU no participa de las elecciones porque no cuenta con una base contundente entre los estudiantes universitarios. Ingresa al predio sin panfletos. Distribuyen entre los estudiantes disparos de arma corta, a mansalva y sin discreción.
Esta es la primera intervención en La Plata donde la CNU ejerce tal nivel de violencia y prosigue con tal nivel de impunidad. Sin embargo, no es la única. Se suceden otras intervenciones sobre la universidad, que significan una escalada de violencia y terror sobre dirigentes, estudiantes y militantes universitarios.
El caso de ATULP(Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata) es clave para comprender la funcionalidad del accionar del grupo en la universidad.
A partir de 1974 el grupo comienza a actuar como corriente política dentro de la UNLP, aunque sus objetivos siguen manteniéndose en los márgenes de la presión extrema sobre las autoridades y de la intimidación a la base estudiantil. La CNU proponía un modelo de universidad basado en la ley universitaria del primer peronismo (ley 13.031) promulgada en 1947: la llamada “Ley Guardo”. Caben algunos comentarios sobre la misma. En ella se establecía “el nombramiento del rector por parte del Poder Ejecutivo nacional, la autonomía universitaria quedaba reducida a cuestiones de papel, estableciendo intervenciones sobre el nombramiento de autoridades, supeditado la participación estudiantil a un portavoz por universidad sin voto”. A su vez, dejaba concretamente asentado que: ‘Los profesores y alumnos no deberán actuar directa, ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión según el caso’’’
La universidad en ese momento contaba con un personal dirigente promulgado durante la “primavera camporista”, con fuertes lazos con la JUP, es decir con “la tendencia” y la JP. A su vez, en la universidad concurren diversas corrientes de izquierda guerrillerista y no guerrillerista, referenciadas centralmente en la Revolución Cubana y en figuras políticas como la del revolucionario ruso León Trotsky. Es en este marco la CNU levantaba los elementos conservadores de la “Ley Guardo”, los cuales habilitaban al ejecutivo a desplazar y neutralizar a los sectores más radicalizados.
Durante la dirección de Jorge Taiana en el Ministerio de Cultura, la nueva ley universitaria (20.654) promulgada por él obtendrá una –muy- relativa aceptación por parte de la CNU, pues en ella se mantienen aspectos importantes de la ley 13.031. Cosechará, sin embargo, el rechazo de la FUA-La Plata, que la considera un “navarrazo” (en referencia a la destitución de Obregón Cano en Córdoba) sobre la universidad.
Tras los enfrentamientos sucesivos que la CNU mantiene con las autoridades de la UNLP (en el cual no faltan momentos de “esperanzas de cambio” por parte del grupo fascista), y tras la designación de Ivanissevich en el Ministerio de Educación la situación da un giro reaccionario. El nuevo ministro (que se había desempeñado en el mismo cargo durante el período 1948-1950 y como embajador en Estados Unidos durante el período 1946-1948), asume con la pretensión de establecer el “orden” en las instituciones educativas, en especial en la universidad. Su asunción significó el cierre de universidades por varios meses, el cesanteo de todo docente o no docente vinculado a posiciones combativas o de izquierda, el desplazamiento de autoridades y persecución política a los estudiantes. Asume, también, con los grupos paraestatales de choque como apoyo, pues durante su gestión se realizarán varios atentados hacia militantes y personalidades de la universidad. La CNU, por ello, modera la crítica. La coyuntura los favorece y pasan a la acción directa.
Rodolfo Francisco Achem y Carlos Alberto Miguel son dos dirigentes de ATULP, que a su vez ejercen los cargos de Secretario Administrativo de la UNLP y director del Departamento Central de Planificación de la UNLP. Ambos son parte de la JP platense y mentores de una reforma (expresada en el documento “Bases para una nueva universidad”, de su autoría) que para la CNU es la base de una pedagogía que forma “futuros guerrilleros”. La situación política favorece a la CNU y mantiene aislados en sus puestos a los dirigentes designados durante la “primavera camporista”.
En la madrugada del 8 de octubre de 1974, Achem y Miguel salen de la sede de ATULP ubicada en 44 entre 9 y 10, donde durmieron la noche anterior a sabiendas de que sus nombres ya figuran en las listas negras de los hombres coordinados por “El Brujo” López Rega desde Bienestar Social. Cuando se disponen a viajar hacia Capital Federal son interceptados por un comando de la CNU conformado por tres autos, que bloquean su paso. A las 10:30 de la mañana del mismo día yacen sus cuerpos sin vida en la zona costera de Sarandí, a 50km de La Plata.
Días después, Oscar Ivanissevich interviene la UNLP. Dispone el cierre de la institución, remueve a todo su personal dirigente y designa al fascista Pedro Arrighi como rector. La UNLP es “recuperada” por la CNU, y se inicia un periodo de persecución en todas las dependencias de la universidad.
CNU: La represión sobre el movimiento obrero. Caso Propulsora Siderúrgica
A partir de la unificación en la “Coordinadora Interfabril de Gremios y Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de La Plata, Berisso y Ensenada” gran parte de los trabajadores de las industrias de la zona marcharán a pie hacia La Plata por la homologación de los convenios colectivos de trabajo, negados por el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El enfrentamiento con la policía es intenso y prolongado. Este será el capítulo local del “Rodrigazo” - nombre referido al Ministro de Economía durante el gobierno de Isabel Martinez, Celestino Rodrigo- , que jaqueó los planes de ajuste pro-empresariales del gobierno de Isabel, y al propio gobierno. El conflicto tuvo un gran impacto en el nivel de organización, reuniendo en asambleas masivas, movilizaciones y actos a más de 5.000 obreros y estudiantes; también se desplegaron comisiones que buscaban amplificar la solidaridad y la defensa de la ocupación de la planta frente a los ataques de la policía, las bandas paramilitares y la burocracia de la UOM.
Como centro de organización de la lucha que rodeaba a Propulsora, fue destacada la participación de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP), que agrupaba para 1974 a alrededor de 3.000 trabajadores no docentes. Esa alta combatividad del sindicato tiene una reacción directa de la burocracia de la CGT Regional: ATULP será expulsada de la central por apoyar la organización del activismo, y sufrirá el ataque directo de las bandas parapoliciales, como expusimos anteriormente. En marzo de 1975, ATULP es intervenida y Darío Alessandro -militante ultraderechista de la CNU- es designado secretario general; luego, la intervención será cedida a la Marina.
Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Sudamericana serán un ejemplo de resistencia a los planes de ajuste del gobierno de Isabel Martinez de Perón, extendiendo la coordinación de las luchas con distintos sectores, organizando campañas de solidaridad y fortaleciendo el cuerpo de delegados en contra de la burocracia sindical. Cuando los obreros de Propulsora se acercan al Astillero para participar de una actividad en común, estos pasan por alto a la dirección sindical en la fábrica y se dirigen al cuerpo de delegados. Muchos años después, uno de los protagonistas recordará: “Nosotros habíamos formado, no en el marco del gremio, no es que lo convocó el sindicato, pero los militantes, los activistas, los delegados más clasistas habíamos formado una comisión de solidaridad con los compañeros de Propulsora, casi todos los días recorríamos negocios, se conseguía carne, pan, para llevarle solidaridad y para sostener la lucha”. También diría respecto al rol de ATE Ensenada: “el sindicato no jugó ningún papel, no se puso a la cabeza de organizar la solidaridad, por ahí si nosotros íbamos, presionábamos un poco, quizás nos daban algo para ayudar a los compañeros de Propulsora, pero no tenían la idea de generar organización real, eso lo hacíamos paralelamente”.
El gobierno de Victorio Calabró no es indiferente a esta combatividad que afectaba directamente a sus intereses.
El 13 de enero de 1976 dos obreros de izquierda pagan por su rebeldía con la vida. Unos meses antes del golpe militar, la CNU asesinó a Carlos Scafide y a “El Pampa” Delaturi. Carlos Escafide, alias “Carlitos”, era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). “El Pampa” Delaturi militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ambos eran parte de la comisión interna combativa que habían conformado los trabajadores de la planta de Ensenada, desplazando a la burocracia peronista de la fábrica, adicta a la dirección de la empresa. La patronal y la burocracia del sindicato de la UOM regional no perdonan esa insubordinación. Se proponen asestar un golpe a la resistencia de los trabajadores, que habían conquistado esa comisión interna luego de la jornada de junio de 1975.
Por orden de Victorio Calabró, la CNU, bajo mando operativo de Carlos Ernesto Castillo, secuestró en la ciudad de La Plata a Scafide y Delaturi en la madrugada del 13 de enero de 1976. Dos obreros rebeldes son baleados a quemarropa en el camino que va a Ignacio Correa, cerca de Villa Elvira.
Alianza Anticomunista Argentina (AAA)
“La Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), cuya conduccion política está a manos de López Rega (a) El Brujo, la organización paraestatal con base de operaciones en el Ministerio de Bienestar Social tiene un claro objetivo: “(...) cercenar los lazos de la vanguardia obrera y estudiantil con el movimiento de masas, al tiempo que se depuraba al peronismo de su ala radicalizada” (Werner, Ruth y Aguirre, Facundo, 2016, p. 482). Su mentor es el secretario privado del Gral. Perón desde 1966, que por expresa voluntad del jefe asciende, durante el gobierno de Cámpora, a la dirección del estratégico Ministerio de Bienestar Social. Luego, ya durante la tercera presidencia de Perón, es designado como Comisario General de la Policía Federal. El ex cabo “Lopecito” experimenta un fuerte sacudón ascendente. No se trata, entonces, del eslabón de un “cerco” políticamente reaccionario. Es, por el contrario, un elemento orgánico del gobierno, políticamente decisivo debido a su posición al interior de la estructura del poder estatal.
El vínculo de la AAA con el Estado es profundo: los agentes del grupo dirigen también el aparato represivo oficial del Estado. Digamos que el grupo es mayormente conformado por policías federales, militares, “culatas” sindicales, muchos de los cuales eran muy activos durante las dictaduras previas. Tal cual expone Andrea Robles en Insurgencia Obrera (2016), Peron recluta a muchos de sus elementos más destacados, tales como Morales y Almiron:
“(...) habían sido dados de baja deshonrosamente de la Policía Federal (por ladrones, contrabandistas, traficantes de drogas y tratantes de blancas). “A comienzos de la década del sesenta, Morales era jefe de la Brigada de Delitos Federales de la Policía Federal y su banda asociada con la de Miguel Prieto, alias ‘el Loco’, cubría todas las especialidades. (…) Dados de baja de la Federal, procesados ante el juez González Bonorino, encarcelados y luego excarcelados, la absolución no probó que fueran inocentes de los delitos que como policías debían combatir, sino la eficacia del método utilizado para imponer silencio a los testigos y suprimir las pruebas”. El 11 de octubre de 1973, un día antes de asumir Perón, Morales y Almirón fueron convocados nuevamente al servicio por decreto 1.858 y, el 18 de febrero de 1974, fueron ascendidos dos grados el primero de ellos y cuatro el segundo por decreto 562, con la firma del presidente. Morales fue designado jefe de la custodia de Bienestar Social y Almirón fue responsable de la seguridad de Isabel Martínez” (p. 491).
El caso llamado “Masacre de La Plata” es ejemplar del accionar de la triple A, tanto por los métodos que aplica como por los objetivos que persigue.
En septiembre del año 1975, la militancia del PST se moviliza en apoyo a la huelga de los trabajadores de Petroquímica Sudamericana . El día 4 de septiembre, cinco militantes llevan el dinero recaudado por una campaña de solidaridad realizada en sus lugares de trabajo y de estudio para el fondo de huelga de los trabajadores de la petroquímica. Viajan en un vehículo particular hacia la localidad de Olmos, donde se encuentra la fábrica. El automóvil que lleva a Roberto Loscertales (de 31 años, trabajador del Astillero Río Santiago), Adriana Zaldúa (de 22 años, dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y trabajadora en el Ministerio de Obras Públicas), Héctor Frigerio (de 30 años, delegado gremial del Ministerio de Obras Públicas), Ana María Gúzner Lorenzo (de 36 años, ex delegada de ATULP, activista no-docente en la UNLP) y Lidia Agostini (de 27 años, odontóloga recibida en la UNLP y militante) es interceptado en la ciudad de La Plata por un comando de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Al día siguiente, los cuerpos torturados de los cinco militantes aparecen baleados a quemarropa con municiones de escopeta Ithaca, en el camino a La Balandra, en un paraje costero cercano a Punta Lara.
Cuando corre la noticia - “Aparecieron cinco cadáveres en La Plata”, titula El Día- el PST inicia una campaña de denuncia y solidaridad como respuesta a los atentados. Paran los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, la militancia comienza una agitación en la ciudad con volantes, denunciando los hechos y llamando a defender a la organización. Oscar Lucatti (de 25 años, también delegado en Obras Públicas), Carlos Podevano (a) “Dicky” (de 24 años, estudiante de Ciencias Económicas en la UNLP y delegado de la comisión interna de la Delegación de Previsión Social de la Nación) y Patricia Claverie (de 21 años, estudiante de zoología en la UNLP y trabajadora del Senado de la provincia de Buenos Aires) salen, con los volantes en la mano, del local central del PST, en 54 entre las calles 8 y 9, hacia el edificio del Ministerio de Obras Públicas. A media cuadra del local, son interceptados por otro comando de la “triple A” que los secuestra en pleno centro y a plena luz del día. Más tarde, aparecen sus cuerpos sin vida a las afueras de La Plata.
Hay un “detalle” nada casual en este crimen realizado por la A.A.A, que es modelo respecto de los objetivos históricos que perseguía el Estado al administrar dosis de terror como la que describimos. En las dos acciones consecutivas contra el PST la banda fascista interviene sobre los “circuitos” solidarios y combativos que se tejen entre los trabajadores y la militancia revolucionaria. En el primer caso, accionan sobre la campaña de solidaridad alrededor de la lucha de los petroquímicos. Secuestran y asesinan, no solo a militantes del PST, sino a quienes amplificaban la lucha de los trabajadores impulsando una campaña política basada en la recaudación de fondos para la huelga en distintas ramas de trabajo e instituciones educativas. En el segundo caso, accionan sobre la campaña desesperada y urgente que pretendía unificar a los trabajadores en torno a la defensa de una organización política que les era propia, tanto por su composición como por sus intereses políticos.
A modo de conclusión
Es ya moneda corriente que en pos de “conmemorar” a los desaparecidos por el terror de la Junta Militar, se edulcore la actividad militante de esa generación de luchadores que protagonizaron el proceso revolucionario de 1969-1976. Aparecen de esta manera como un sector de “soñadores revolucionarios”, poniendo el ojo sobre quienes pertenecían a la militancia estudiantil o quienes formaban parte de la guerrilla. [Esta visión de la etapa subestima y oscurece el ascenso en el movimiento obrero, y produce un corte a la hora de tomar en consideración el terrorismo de estado previo al golpe. Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ’70 y la dictadura militar”..]
Abordar el fenómeno de la represión durante el período 1973-76 nos permite esbozar algunos elementos que son comunes a todo momento de ascenso de la lucha de clases. La emergencia de grupos fascistas con base en sectores universitarios son un síntoma crucial de polarización social durante la crisis capitalista: el movimiento estudiantil no es ni neutro ni automáticamente revolucionario, se trata de un terreno de disputa político-ideológico por direccionar su potencialidad de intervención política. En su interior se establecen determinadas correlaciones de fuerza que miden su peso sobre el conjunto del escenario político-social. Como vimos con la CNU, no fue necesario que se constituyera en una fuerza hegemónica dentro del movimiento estudiantil para que, por los cambios operados en la superestructura, la relación de fuerzas interna balanceara a su favor.
De aquí la importancia de abordar el rol de las estrategias dentro del movimiento estudiantil, pues no se trató, sin dudas, de pasividad o indiferencia en la base Se trata, entonces, de comprender al Movimiento Estudiantil en la década de 1970 como sujeto social con potencialidad de transformación social. Apoyándose en sus organismos -centro de estudiantes y federaciones- y disputando la dirección a la burocracias al interior de este, podría ligarse a las luchas del movimiento obrero en una perspectiva anticapitalista.
Como mencionamos anteriormente, la represión llevada adelante durante el gobierno de Perón e Isabel Martínez a la combatividad de los trabajadores y de la juventud estudiantil, fue un ensayo de los métodos que luego aplicaría la Dictadura militar de manera industrial. Como en La Plata, el accionar contra la vanguardia tiene varios episodios, como son el “navarrazo” o la represión a las gestas de Villa Constitución. Esa es la relación entre los objetivos políticos del gobierno peronista, el Estado y las bandas paraestatales, contener y desmovilizar a las masas mediante la política del Pacto Social y la represión para doblegar a la vanguardia.
Referencias.
Werner, Ruth y Aguirre, Facundo, Insurgencia Obrera en la Argentina 1969-1976. Ediciones IPS, 2016.
AAVV, José Alberto Montes coord., Astillero Río Santiago, su historia y su lucha, Buenos Aires, Ediciones La Verdad Obrera, 1999.
_Cecchini, Daniel y Elizalde Leal, Alberto. La CNU. El terrorismo de estado antes del golpe, La Plata, Dos Perros Ediciones, 2016.
_Carnagui, Juan Luis, Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la Concentración Nacional Universitaria. La Plata, 1955-1974. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, consultado en Nacionalistas, católicos y peronistas (unlp.edu.ar)
_Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ’70 y la dictadura militar” |
