Tras haber exigido por sus condiciones laborales, dos trabajadoras fueron despedidas en la Dirección de Defensoría Municipal dependiente de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, a cargo del intendente del Frente de Todos Martín Pérez. También dos trabajadoras se vieron empujadas a presentar su renuncia luego de acciones persecutorias impartidas por la gestión.
No solo ha sido un ataque directo a las compañeras despedidas, también implica el vaciamiento de un programa que realizaba el acompañamiento a mujeres y disidencias que se encontraban en situaciones de violencia por motivos de género.
Desde La izquierda diario pudimos conversar con una de ellas.
¿Cuáles eran las tareas que realizaban desde el equipo?
A través del área social, se brindaba asistencia directa a víctimas de violencias y disidencias, entre las acciones cabe destacar la cobertura de necesidades básicas, otorgamiento de subsidios monetarios para afrontar gastos de alquiler y/o de servicios básicos, entrega de módulos alimentarios. Se contaba con los programas POTENCIAR y ACOMPAÑAR, a fin de incorporar, previa evaluación, a quienes se encuentren en una situación de violencia por motivos de género. Se brindaba un espacio de escucha individual, contención y acompañamiento a mujeres, niñxs, adolescentes y disidencias, a fin de realizar un acompañamiento en el proceso de violencia. Desde el área jurídica, se brindaba información, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a quien sufría violencia por motivos de género.
Al mismo tiempo agregó que quienes desempeñaban estas tareas también se encontraban a cargo de las guardias para atención de urgencias, las cuales garantizaban entre únicamente 3 profesionales.
¿Cuál era la situación laboral de cada compañera?
El trabajo se sostenía con trabajadoras precarizadas: la gran mayoría de nuestras compañeras eran monotributistas, no cobraban aguinaldo, ni presentismo, ni horas extras, tampoco podían acceder a las guardias. En efecto debían abonar no sólo su monotributo, sino también un seguro de accidentes personales. Dichos contratos se renovaban cada 3 meses, lo cual implicaba carecer de estabilidad laboral; incluso configurando de esta manera una forma de estar en período de prueba, la cual era sostenida en el tiempo. Lo cual es absolutamente inconstitucional, atentado todo lo expuesto, contra el Art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
¿En qué condiciones se realizaba el trabajo?
Nos encontrábamos expuestas diariamente a situaciones de violencias por parte de los agresores de las personas a quienes acompañábamos. De hecho, en varias oportunidades se habían presentado agresores que habían tomado conocimiento de nuestro trabajo con sus parejas o ex parejas víctimas de violencia, lo cual por supuesto nos colocaba en una situación de riesgo y peligro constante.
El espacio físico en que realizaban sus tareas era reducido, impidiendo, cumplir con el distanciamiento social y obligatorio, en el marco de la pandemia por covid-19. No se les garantizaban las medidas de higiene y protección necesarias acorde a la situación sanitaria. Frente a la complejidad de la situación en la que se encontraban trabajando, decidieron elevar una nota formal a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, por intermedio de la Coordinación del organismo, explicando el contexto y solicitando mejoras salariales.
La respuesta que obtuvieron “derivó en situaciones de violencia institucional y laboral contra nuestras compañeras y, consecuentemente, en el despido de una de ellas, el cual fue sin previo aviso, sin causal justificada, de forma totalmente injusta y arbitraria, sumado a que se suscitó en pleno contexto de pandemia. A su vez se ordenó la reubicación de una de las compañeras como medida disciplinaria, y finalmente se solicitó la renuncia de una de las compañeras, que se encuentra con licencia médica”.
¿Qué sucederá con las mujeres que recibían su asesoramiento?
Hemos tomado conocimiento en este último tiempo desde la Secretaría de la Mujer Género y Diversidad, comenzaron a hacer lugar a algunos de los pedidos que habíamos solicitado en la nota, pero por supuesto después de la violencia laboral e institucional ejercida contra nosotras y con compañeras ya fuera de la institución, es decir desempleadas en pleno contexto de pandemia y en el inicio de la segunda ola por covid-19.
Al mismo tiempo relataron que debido al despido de la abogada patrocinante, muchas mujeres han quedado desprovistas de medidas de protección. El acompañamiento psicológico también se verá limitado: “Si bien había una psicóloga, a mediados de marzo se incorporó a otra, pero la primera se vio obligada a renunciar tras la violencia laboral e institucional sufrida”.
Por último, finalizó describiendo que luego de haberlas despedido continúan los aprietes por parte de la gestión: “No podemos entender el nivel de violencia laboral e institucional que se ha ejercido contra la equipa de trabajadoras, incluso la persecución laboral, pues al ser una ciudad chica, hemos tomado conocimiento que se han comunicado con otras áreas a fin de evitar que pudiéramos acceder a un empleo.” | 
