La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia presentó un informe sobre lo actuado por los servicios de inteligencia bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Hace un año se conocían las pruebas del alcance del espionaje llevado adelante desde 2015 a 2019. Una de las máximas sobre el espionaje ilegal, y sobre quién lo ejerce, es que quien recolecta más información es quien más poder tiene.
El gobierno de Macri usó esta máxima hasta el hartazgo: familiares, periodistas, oficialistas y opositores, movimientos sociales, partidos de izquierda, dirigentes obreros, hasta exfuncionarios detenidos, fueron víctimas del megaespionaje de la era Cambiemos.
Los responsables políticos señalados de ordenar este megaespionaje son Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Marcos Peña. No son los únicos, también en el gobierno del jefe comunal, Horacio Rodríguez Larreta y el de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hicieron uso de las cloacas de la democracia constitucional.
Según el informe de la Bicameral, llevaron adelante el espionaje sectores de la AFI, el Ministerio de Seguridad, la Justicia Federal, el Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y sectores de los medios de comunicación.
En el mismo informe se detalla, por los testimonios recabados por la Bicameral y del relevamiento de causas judiciales, que durante la administración Macri se espió a 354 personas y a 171 organizaciones y partidos políticos.
Este martes, en la reunión de la Bicameral, los integrantes del cuerpo parlamentario, discutieron el informe. La minoría, representada por Juntos por el Cambio, no se pronunció sobre el espionaje y sostuvo que la comisión carecía de facultades para llevar adelante la investigación, que representaba una persecución contra el gobierno anterior, según informa Luciana Bertoia en Página/12.
En marzo de este año, la fiscal federal Paloma Ochoa requirió que se cite a prestar declaración indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de inteligencia ilegal sobre periodistas, académicos y organizaciones sociales y políticas, en el marco de dos eventos internacionales desarrollados en la Argentina.
La indagatoria requerida está vinculada con la presunta comisión de delitos vinculados con la violación de la Ley de Inteligencia (ley 25.520), dado que se habría producido inteligencia ilegal y se habría almacenado información prohibida sin autorización judicial ni criterio racional, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes con acceso al expediente.
En enero de 2020 fueran halladas en una caja fuerte de la AFI, fichas personales con datos de unos 400 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para cubrir o participar de las cumbres internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 desarrolladas en Argentina en 2017 y 2018, respectivamente.
Entre las fichas que analizó la fiscalía se encontraba un dossier especial sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) vinculado con una reunión que mantuvieron sus integrantes en el Hotel Bauen y que, según los registros de la AFI confeccionados durante el gobierno de Macri, habría sido infiltrada por agentes de inteligencia.
El macrismo utilizó mucha de la información ilegal que recabó, para perseguir política y judicialmente a la oposición. Entre las modalidades de este espionaje, colocaron receptores de audio y video en el penal de Ezeiza donde estaban detenidos exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner.
Otras de las causas que se llevan adelante, investiga la infiltración en organizaciones sociales que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla sobre las llamadas bases AMBA de la AFI.
Sobre el espionaje ilegal, Carlos “Titín” Moreira, dirigente del PTS-FIT, señaló que “los servicios de inteligencia, llamados la cloaca de la democracia, infiltran y espían como antes, como siempre. Son los cimientos de esta democracia de ricos”.
Moreira señala que en el informe del juez Ramos Padilla, sobre la causa AMBA, “habla de que en 2018 realizaron espionaje sobre quienes realizaban un conflicto bancario en Chivilcoy. Ramos Padilla traza una relación, que en el mismo momento que ocurría esto, en los tribunales de la localidad bonaerense de San Martín, se estaba llevando adelante un juicio contra los responsables del crimen de la militante del PST Ana María Martínez, quien por entonces realizaba un trabajo político en bancarios”.
Por su parte, Myriam Bregman, diputada porteña, sobre el espionaje ilegal del macrismo, recordó que “la exSIDE –la actual AFI- estuvo implicada en infinidad de casos, como el encubrimiento de la causa AMIA o la reforma laboral durante el gobierno De la Rúa que “usaron los fondos reservados para comprar una ley completamente siniestra para los intereses de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, sostuvo la abogada que también denunció el espionaje ilegal de la Gendarmería durante el gobierno de Cristina Kirchner”, en referencia al Proyecto X.
Cómo planteamos en otro artículo publicado en La Izquierda Diario: “Desde 1983, ningún gobierno tomó la exigencia de los organismos de derechos humanos y ordenó la apertura integral de los archivos de la secretaría de inteligencia. Todos estos gobiernos decidieron dejar a resguardo las cloacas del Estado capitalista”.
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