Colapso sanitario sin medidas urgentes
Entramos en una semana de definiciones. El próximo viernes 30 de Abril vencen las medidas dispuestas por el DNU presidencial, que provocaron días agitados para la grieta. Una grieta centrada en la disputa política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La utilización de la presencialidad o no en las escuelas, con judicialización mediante, esconde la ausencia de un plan de emergencia acorde a la crisis sanitaria y social que atraviesa el país.
El récord de la semana que termina fue de los fallecimientos: 557 el día viernes, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, que ya acumula 61.474 en todo el país. Se repite la imagen de grandes concentraciones que son focos de contagio, y no precisamente por fiestas clandestinas. El transporte público, necesario para la movilidad de millones que se ven obligados a seguir trabajando porque no tienen opción, sigue explotando en horarios picos sin protocolos ni medidas de seguridad e higiene elementales.
Infobae publica hoy un detallado informe sobre la ocupación de camas de terapia intensiva: creció un 40% en todo el país desde el 15 de marzo. Hay desigualdades geográficas, y la alarma está concentrada en el AMBA: están ocupadas en promedio en un 78%, con distritos que superan el 93%.
En Página 12, el biólogo Ernesto Resnik, afirma que “si bien ahora pareciera estabilizarse, llevará un tiempo hacer descender los casos diarios. Hoy por hoy la meseta es insostenible, con 25 o 30 mil casos al día”. Justamente porque a ese ritmo el colapso sanitario se agrava y se ve más cerca un escenario de pesadilla.
El gobierno está evaluando cuáles serán los nuevos anuncios frente a este cuadro. Pero no pareciera que vayan a ser muy distintos al camino que viene adoptando. Según La Nación “el gobierno nacional se prepara para anunciar la continuidad de las restricciones vigentes con una leve flexibilidad escolar” y que “el único cambio previsto estará centralizado en la presencialidad en los colegios”. Planean, en acuerdo con la provincia de Buenos Aires, un regreso a las aulas pero con presencialidad “acotada” de acuerdo al riesgo epidemiológico de cada distrito. Parece más a un intento del ejecutivo de dialogar con el planteo de Juntos por el Cambio, probablemente con algunas encuestas en la mano.
Como planteamos el domingo pasado, la polarización electoral entre las dos principales coaliciones políticas es funcional para no poner en discusión medidas que apunten verdaderamente a combatir la segunda ola y la crisis social del 42% de pobreza.
Vacunas: entre la salud y los negocios
Una de las claves para evitar el colapso sanitario está ligado al avance del plan de vacunación, que permitiría reducir drásticamente los casos graves producto del covid-19, y por ende las internaciones y ocupación de camas UTI (de terapia intensiva). El límite es la escasez mundial de vacunas, bloqueada por la defensa de los negocios de quienes insisten en no liberar las patentes. Pero la irracionalidad también es local, y en eso no hay grieta. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio decidieron no tocar los intereses de los grandes laboratorios, aunque le cueste muy caro a la vida y la salud de la población.
El caso del negocio de las vacunas es verdaderamente emblemático. Esta semana se anunció que el Laboratorio Richmond va a fraccionar y envasar el principio activo de la vacuna Sputnik V (podrán hacerlo de forma masiva en junio). El plan incluye que el laboratorio fabrique de manera integra la vacuna (en un plazo de entre 12 y 18 meses). El presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, empresario de muy buenos vínculos con el kirchnerismo, fue presentado como un patriota por el gobierno y los medios oficialistas. Este acuerdo repite un modelo de negocios redondo: financiamiento estatal para que la apropiación de las ganancias y la transferencia tecnológica sean privadas. Celeste Vazquez y Mirta Pacheco recuperan la trayectoria de este extraño patriotismo empresarial, que ya tuvo su primer gol con la disparada de sus acciones en un 38% luego del anuncio
La noticia llegó luego de los cuestionamientos al contrato del Estado con AstraZeneca y el laboratorio mAbxience. Salieron a la luz a partir de la denuncia que difundió el Frente de Izquierda y el pedido de suspender la exportación del principio activo de la vacuna que se produce en Provincia de Buenos Aires, para fraccionarlo, envasarlo y distribuirlo en el país. La respuesta en ese entonces del gobierno, fue que no teníamos esa capacidad para envasar y por eso se exportaban. El anuncio con Richmond terminó desmintiendo esa justificación del Frente de Todos.
Peor aún, fue el propio ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, quien confesó que conocían sobre esta posibilidad hace tiempo. Dijo en una entrevista en la TV Pública: “Veníamos trabajando desde el primer día con Figueiras: le dimos el dato de que laboratorios argentinos podían producir la Sputnik y se fue rápidamente a Moscú”. Lo que nos reafirma Gollán es que no priorizaron la salud de la población para fabricar y envasar rápidamente en la Argentina las vacunas, sino ofrecerle una buena oportunidad de negocios al “patriota” Figueiras.
De un lado a mAbxience produce aca el principio activo pero lo exporta para envasar. Del otro, el laboratorio Richmond tiene capacidad de fraccionar y envasar, pero importa el principio el principio activo. ¿No hay nadie en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que conecte estos dos hechos? ¿Cómo no es todavía un escándalo nacional semejante irracionalidad que dilata la inmunización y juega con la vida de la población? La propuesta del Frente de Izquierda de declarar de utilidad pública estos laboratorios permitiría una rápida y masiva producción de dosis, sobre el principio elemental de que la salud esta primero que la ganancia empresarial.
Otro de los argumentos contra la propuesta del Frente de Izquierda había sido que no se pueden incumplir los contratos. Una supuesta legalidad que sólo aplica para preservar a las empresas. Porque la realidad es que, quien está incumpliendo el contrato es AstraZeneca. Como detalla hoy Infobae, “el contrato original que firmó el Estado argentino y el laboratorio anglosueco por las 22,4 millones de dosis” estaban previstas para arribar al país en el primer semestre de 2021. “Argentina pagó anticipadamente 92 millones de dólares, aunque todavía el país no recibió ninguna vacuna”. A partir de la investigación que realiza la Justicia Federal, se dieron a conocer algunos detalles del contrato, tales como “que el comprador indemnizará y mantendrá indemne a AstraZeneca, de y contra todos y cada uno de los daños y responsabilidades”. El gobierno le brinda una total impunidad a estos monopolios millonarios.
Eduardo Van Der Kooy en Clarin, hace honor al silencio sobre estos negociados. Es una forma de defenderlos. Cuestiona al gobierno por cómo “encaró la puja internacional por las vacunas”, pero esquivando las posibilidades de producción local. Su foco está en “el misterio sobre el desacuerdo con el laboratorio Pfizer sigue intacto. También, los motivos por los cuales no se abrieron negociaciones con Moderna o Johnson&Johnson. Con AstraZeneca siguen los incordios”. Van Der Kooy analiza desde el interés de los grandes laboratorios y sus negocios, a pesar de marcar que el país sólo obtuvo el 28% de las vacunas anunciadas.
La misma lógica aplica para referirse “al conflicto social en Neuquén que tiene paralizado a Vaca Muerta. Hay 17 cortes de rutas. Pérdidas por US$ 190 millones” que adjudica a un “comportamiento desmadrado de actores sindicales”. Lo que no dice el analista de Clarin es que el protagonista del conflicto es el personal de salud autoconvocado que cuenta con el apoyo de la comunidad. La primera línea, que tras más de un año de pandemia y sobreexigencia laboral, tiene salarios de miseria y precarización en una provincia rica por el petróleo. Los actores sindicales tradicionales y burocráticos, están del lado del MPN y los negocios de Vaca Muerta. El llanto es por las pérdidas empresariales de las petroleras. ¿Y el personal de salud? ¿Que sobreviva con aplausos?
Todos estos debates muestran el desprecio por la salud, y que son las decisiones de los gobiernos las que nos arrastran a la crisis sanitaria. Sin ir más lejos, los propios médicos y médicas intensivistas explican que el problema no es sólo la cantidad de camas UTI. “Se pueden expandir las camas hasta un cierto punto, pero después no se pueden expandir más. Y el personal de salud no es suficiente, no hay personal suficiente para atender tantas camas”.
Es falso lo que han dicho desde el gobierno nacional y el de la ciudad que en el 2020 se fortaleció el sistema de salud. El presupuesto del ministro Guzmán hizo recortes para el 2021. El personal de salud es insuficiente en todo el país, mal pago, sobrecargado y precarizado. El plan de vacunación está orientado a preservar el negocio de los grandes laboratorios.
La crisis sanitaria es eso que pasa mientras los responsables políticos se dedican al show mediático.
Desigualdad y llanto empresarial
Diego Genoud en El DiarioAr afirma que “el rebote en la economía no sólo no llega a los bolsillos de los grandes conglomerados urbanos como el AMBA sino que vuelve a quedar afectado por un virus que muta y se sigue expandiendo”. Lo sustenta con un informe elaborado por militantes del Frente Darío Santillán, donde muestran que “entre enero de 2018 y enero de 2021, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió nada menos que el 52% de su poder adquisitivo: aumentó un 132,4% en el mismo período en que la inflación escaló en un 253,9%”.
Este martes 27 se reunirá el Consejo del Salario y habrá movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que están en lucha y organizaciones de desocupados. Mónica Arancibia, en La Izquierda Diario adelanta que “la propuesta oficial será una actualización cercana al 30 % y en tres cuotas, es decir el salario subirá a $ 28.080”. Agrega que si se compara el salario mínimo con la canasta de consumos mínimos para un hogar que elabora la Junta Interna de Ate Indec (en febrero fue de $88.729), las matemáticas se quedan muy cortas. Con el valor actual, “el salario mínimo alcanza para vivir solo una semana del mes (siete días). Si el salario aumenta a $ 28.080, alcanzaría para vivir nueve días del mes”.
La precarización, bajos salarios, desocupación y 42% de pobreza contrasta con el llanto empresarial hasta cuando ganan más que nunca. Es el caso del sector agroexportador.
Marcelo Colombres repasa en Tiempo Argentino los nuevos récords de precios internacionales de las commodities. “La soja aumentó más del 50% desde junio de 2020 y el viernes cerró a US$ 561 por tonelada, su máximo en siete años. En tanto, el maíz trepó a US$ 254 por tonelada”.
Esta noticia siempre tiene un doble filo: aumentar la recaudación en divisas extranjeras del Estado (en buena parte utilizadas para pagar deudas fraudulentas) y ejercer más presión inflacionaria que paga el pueblo trabajador.
Colombres describe ese clásico juego de amagues del gobierno y queja empresarial. “La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que avisó que el gobierno trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios", tuvo la inmediata respuesta de la Mesa de Enlace que “respondió con reclamos, amagos de ruptura y conatos de asambleas al lado de las rutas”.
El conflicto de los cosecheros del citrus en Tucumán es una expresión más de las ganancias de sectores exportadores a costa de trabajo casi esclavo. Una muestra más de lo nuevo que está surgiendo en la clase trabajadora, con organización y piquetes por sus reclamos. “La provincia de Tucumán es el principal exportador mundial de derivados industriales del limón (aceites esenciales, cáscaras y jugos concentrados), y un importante exportador mundial de limón fresco. Apenas el 8% de la producción de limones se vuelca al mercado interno. El 75% va a la industria para su procesamiento y exportación” cuenta Emiliano Trodler en La Izquierda Diario. Un negocio basado en el trabajo ultra precario y repleto de abusos patronales y humillaciones contra los trabajadores. Jornadas de 12 horas, para que por cada kilo de limón exportado las empresas reciban 85 pesos y paguen 1 al cosechero.
Alfredo Zaiat en Pagina 12 titula su columna económica “La bendición de los dólares y la maldición de los precios”. Explica que “en este shock externo, que no es una circunstancia desconocida para la economía local, el aspecto novedoso es el obstáculo político y financiero para aplicar medidas compensadoras. En esta instancia adquiere real dimensión lo que significó la derrota política, económica y cultural de la Resolución 125”. Intenta justificar la inacción del gobierno sobre el millonario complejo sojero, con algo que pasó en 2008. Concluye que “sólo una potente alianza política, económica y social, amplia, diversa y hasta contradictoria, puede tener la capacidad de disputar en ese terreno del poder la orientación del proyecto de país”.
Sería interesante que Zaiat profundice cuál es el proyecto de país del que habla. En ese escepticismo acumulado hace 13 años que reconoce, abona a la idea de que el negocio agroexportador es intocable. Hoy, el gobierno del Frente de Todos es esa “alianza amplia, diversa y contradictoria” que reclama como “salida”. La cuestión, parece ser, que no tienen una orientación para el país distinta a la existente.
Pablo Anino en el Semanario Ideas de Izquierda propone una orientación, con medidas concretas para revertir el atraso estructural de la economía argentina. Frente a “la fuga de capitales de la burguesía nacional a paraísos fiscales y la consiguiente escasa inversión productiva” plantea por ejemplo la necesidad del “monopolio estatal del comercio exterior, bajo control de los trabajadores”. Porque “sería la única manera de poner en caja a esa asociación ilícita que lucra con los alimentos en un país en el que crecen la indigencia y la pobreza”.
Hartazgo
Diego Genoud describe algo del show mediático. Con el debate de las clases presenciales “Larreta logró así lo que no había podido en el tiempo de la triple alianza con Fernández y Kicillof: usar la pandemia para potenciar su perfil nacional y al mismo tiempo encolumnar detrás suyo a los halcones del PRO”. Pero ese cálculo electoral, dice, “le rinde en el reino del corto plazo”. Si sigue escalando la crisis sanitaria, la jugada del titular porteño, puede volverse un boomerang.
Martín Rodríguez Yebra en La Nación, cuenta que un funcionario del gabinete porteño confesó que “todos tenemos que bajar un cambio. Lo que viene es delicado. Horacio ordenó bajar el nivel de la confrontación y actuar de acuerdo a los datos”.
De todas formas, como vimos, la preocupación de Juntos por el Cambio no es por la salud de la población. El desgaste del gobierno nacional en la administración pandemia les recuerda que también puede alcanzar a Horacio Rodríguez Larreta.
Genoud pone en números ese alerta para el peronismo de la provincia de Buenos Aires, con el último trabajo de abril de la consultora Circuitos. “Creció 9% el total de los que juzgan como “muy mala” la gestión del gobierno, en un panorama general donde la opinión negativa es bastante más alta que la positiva”. Agrega que crecieron quienes no se sienten identificados con ningún espacio político. “Hace un mes y medio eran el 29,9%, pero ahora son el 32,5%, la fuerza electoral más potente del sistema político en la inmensidad bonaerense”.
El hartazgo de esa polarización que le da la espalda a la realidad de millones de ocupados y desocupados, ya se viene sintiendo por abajo en los procesos de lucha y organización que recorren el país. Sólo la izquierda interviene y apoya esos reclamos populares.
Lucho Aguilar vuelve con sus crónicas sobre la rebelión de los precarios en el Semanario Ideas de Izquierda. “A pesar de la pandemia, sigue la oleada de luchas, con mucho peso en el interior. Nadie puede decir acá no pasa nada”. Describe el importante papel de la Comunidad de La Izquierda Diario: “solo de lunes a viernes nuestros corresponsales publicaron 150 notas. No solo de marchas, cortes o ataques patronales. También denuncias sobre cómo impacta el covid en los lugares de trabajo”.
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