El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque y su par de Nación, Daniel Arroyo
Daniel Arroyo asegura que "no es momento" de volver a pagar el subsidio. Andrés Larroque pidió que se restituyera cuanto antes. Mientras, sufren las 19 millones de personas pobres del país.
Los últimos días se transparentó la "pluralidad" de voces dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos. La interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Federico Basualdo, en torno al aumento de las tarifas de luz, dejó ver claramente las tensiones al interior del oficialismo.
En este contexto se coló el debate sobre si es necesario o no un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Desde el presidente, pasando por Guzmán y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya advirtieron que "no es momento" de un nuevo IFE, aunque dada la crítica situación, aseguran que el Gobierno siempre evalúa la posibilidad de tomar nuevas medidas.
"Hoy, el principal problema que tenemos, sacando al Covid-19, es el precio de los alimentos", afirmó Arroyo este lunes, en una entrevista en A24. Para responder a la situación, en cambio, aseguró que se aplicaron "un conjunto ayudas sociales que se han puesto en marcha desde la semana pasada: un bono de 15 mil pesos para un millón de familias, el Repro (pago de 18 mil pesos a parte de los trabajadores del sector privado), y el aumento del salario mínimo que pasó a 24 mil pesos en mayo; más la cobertura y la ampliación de la tarjeta alimentaria y la cobertura de los comedores y los merenderos".
El sábado Arroyo habló con Marcelo Bonelli en radio Mitre. Allí dijo que el Gobierno aumentó un "50 % la tarjeta Alimentar y los aportes a los comedores, que ya atienden a 10 millones de personas".
A tono con el discurso del presidente Alberto Fernáncez, fuentes de Casa Rosada aseguraron a Ámbito Financiero, que "hoy la situación es muy distinta a la de marzo del 2020, la mayoría de las actividades están en funcionamiento, por eso estamos ante el desafío de focalizar los instrumentos" para la asistencia. Según las mismas fuentes citadas en dicho artículo, a lo sumo se puede analizar volver a entregar un bono de 15 mil pesos por única vez, como los que están cobrando titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y monotributistas A y B que cobren Asignación Familiar, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Arroyo también dejó abierta esta posibilidad y dijo que es una de las medidas que el Gobierno estaría evaluando.
Pero dentro del Frente de Todos cada cual atiende su juego. Sectores que se dicen más progresistas, ligados a La Cámpora y al kirchnerismo, desde este lunes salieron a marcar la necesidad de volver a entregar el IFE. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, sostuvo en declaraciones a radio Provincia que es "indispensable que continúe una política como es el Ingreso Familiar de Emergencia y creemos que debemos reconvertir esas instancias en políticas para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos". "Toda persona que acredite necesidad requiere presencia del Estado. Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia", agregó.
El "piso de dignidad" que Larroque dice querer elevar con el IFE, es lo que Arroyo cree sostener con la política asistencial actual: "Hay que tener en cuenta que tenemos 10 millones de personas en los comedores, y hay que ver que el que hace changas mantiene algún pequeño nivel de actividad y después va a los comedores".
"La Cámpora pide el retorno del IFE y aumenta la presión sobre Martín Guzmán", tituló el diario La Nación, luego de que trascendieran las declaraciones de Larroque. "Larroque advierte que la situación de demanda social es dramática en la provincia" porque "la necesidad de la gente" más pobre "es mucha y estamos ante un escenario de preconflictividad, de preestallido social, entonces su línea es; ‘che, la situación es muy dura por lo que necesitamos un IFE’", señalaron fuentes cercanas a la cartera de Desarrollo Social bonaerense ante la consulta de BAE Negocios. Según el mismo medio, voceros graficaron que "hay sectores sociales que están en una situación comparable con la época de (Mauricio) Macri, el escenario es muy delicado y eso lo están advirtiendo tanto Andrés, como Axel (Kicillof)".
Daniel Menéndez, es el coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social de la cartera que conduce Arroyo. "Los comedores están al borde del colapso", sostuvo este lunes a Radio con Vos. "El IFE se discute en términos del incremento de restricciones para cuidarnos y evitar el colapso del sistema sanitario. Si vamos a convivir un tiempo con restricciones, la gente tiene menos posibilidades de rebuscársela. Hay que pensar compensaciones", consideró. La semana pasada había dicho a La Nación que "Guzmán hace un enorme trabajo, pero la gente no puede ser rehén de la discusión por la inflación".
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en A24
El rechazo a la restitución del IFE es una de las definiciones de Guzmán desde fines de 2020. Cuando se aprobó el Presupuesto 2021, el Gobierno hizo los cálculos en base a suponer que este año no habría pandemia y entre los ajustes que se realizaron respecto del gasto del año pasado, se quitó el IFE y el ATP. El Gobierno sigue repitiendo la misma frase que en aquel entonces: "no es momento". Guzmán asegura que reducir este tipo de gastos tiene como fundamento el combate a la inflación, requisito indispensable en el marco de su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los medios de comunicación masivos como La Nación o Clarín, acostumbran hacer mella en este tipo de debate interno, buscando mostrar cómo la autoridad presidencial es eclipsada por el poder de Cristina Fernández, que pisa fuerte en la coalición vía La Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo no mencionan un aspecto en el que están de acuerdo las distintas alas de la coalición gobernante, la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y los mismos medios al servicio de los poderosos: para la población más pobre solo puede destinarse miseria, mientras los intereses del gran empresariado, los bancos y las multinacionales, son intocables en lo sustancial. Tampoco cuestionan la atadura del país de pies y manos al saqueo de la deuda externa y el ajuste contra la clase trabajadora para destinar los recursos a pagarla.
La discusión planteada desde los sectores del Gobierno que cuestionan la política de Guzmán, no tiene que ver con enfrentar la privatización de los servicios, ni con retrotraer el precio de las tarifas a los valores previos a los brutales tarifazos que implementó el gobierno de Mauricio Macri. En el fondo, todos están de acuerdo en que tarde o temprano habrá que subir las tarifas. El problema es si se hará antes o después de las elecciones.
Tampoco tiene que ver con buscar salidas de fondo para la población más pobre y vulnerable. Las propuestas para elevar "piso de dignidad" del que habla un ala y los "instrumentos" vigentes para la asistencia que reivindica otra, no son soluciones reales para las 19 millones de personas que viven en la pobreza, según el Indec: el 42 % de la población argentina. De un lado y otro están de acuerdo en seguir subsumidos a los designios del FMI, organismo internacional de saqueo y expoliación de países dependientes del imperialismo, como el nuestro. A lo sumo las diferencias versan respecto de los plazos y las vías para avanzar en el ajuste, a la par que especulan con el impacto de tales medidas en el plano electoral.
