Tanto el Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM-Jujuy) Carlos Santillán, como Santiago Seillant, Alberto Arias y Álvaro Sandoval, miembros de la comisión directiva del gremio municipal, fueron condenados por una causa armada por “usurpación” de tierras en el barrio Campo Verde.
Los hechos se remontan a mayo del 2015, cuando miembros del SEOM y de otros gremios, como Yolanda Canchi de ATSA junto a cientos de familias sin techo fueron parte de una toma de tierras en un terreno aledaño al barrio Campo Verde que se encontraba ocioso de aproximadamente 140 hectáreas.
De esta toma surgió el llamado “Barrio Obrero”, donde actualmente viven miles de personas aún con muchas necesidades, sin acceso a muchos servicios básicos, sin tener respuesta de parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy o el gobierno provincial que aluden que los terrenos son privados para no realizar obras de urbanización.
La falta de vivienda es una crisis estructural en la ciudad y la provincia, que se expresó en las nuevas tomas de tierras durante el año 2020 en distintos sectores del Barrio Alto Comedero o en las localidades de Palpalá y Libertador General San Martín, que obtuvieron como respuesta del gobierno la inmediata represión.
La falta de vivienda se traduce en un hacinamiento donde llegan a vivir, dos, tres o más familias en una sola casa. Esta situación crítica se expresó con toda su magnitud durante la cuarentena dictada por la pandemia del Covid-19; donde los sectores populares sufren esta realidad, mientras una minoría de rentistas amasa fortunas cobrando alquileres a altos precios.
Muy lejos quedó la promesa de Gerardo Morales al asumir el gobierno provincial de construir tres mil viviendas por año. Por el contrario, desde el Ministerio Público de la Acusación condenan a dirigentes sindicales como los del SEOM, luego de seis años de causas por un reclamo justo como es la exigencia de una vivienda digna.
Desde el PTS-Frente de Izquierda, nos solidarizamos con los dirigentes gremiales atacados y rechazamos estas condenas, que no son más que otro ataque de parte del régimen policiaco de Gerardo Morales y sus aliados del PJ, contra los sectores sociales que salen a luchar por sus derechos y los que se oponen a sus políticas. El derecho a la vivienda genuina es una demanda estructural de miles de familias trabajadoras, que no puede estar por detrás del negocio inmobiliario de un puñado de especuladores de terrenos, es necesario cambiar las prioridades. | 
