Socialismo en un solo país

Para entender cómo fue posible que surgiera la burocracia estalinista, y su correlato pretendidamente teórico sobre el socialismo en un solo país, debemos entender que la revolución no triunfó en un país desarrollado industrialmente como Marx esperaba, sino en uno atrasado, en etapa de desarrollo cultural, económico, social y tecnológico inferior y sin mano de obra altamente calificada.

La extensión del capitalismo a escala planetaria posibilitó que la toma del poder por la clase obrera fuera posible en un país como la Rusia zarista, que combinaba estos elementos de atraso con su estrecha vinculación al mercado mundial y el desarrollo de un poderoso proletariado en las ciudades; sin embargo, al quebrarse la dominación capitalista por su “eslabón más débil” (la atrasada Rusia), planteaba el problema de que el nuevo estado obrero dependía, para avanzar hacia el socialismo y, aún más, para mantenerse, del triunfo de la revolución en por lo menos uno de los países más desarrollados, nutriéndose de su tecnología y de su cultura de trabajo experimentada para superar en poco tiempo la miseria cultural y material que la URSS heredó del viejo régimen. De no ser así, la URSS se vería aislada, con todos los monstruos que de ello se despertaron. [1]

Así, los jefes bolcheviques basaban su programa totalmente en el triunfo de la revolución obrera internacional, donde la revolución rusa era, en todo caso, sólo el prólogo. Pero la revolución mundial no triunfó. El consecuente aislamiento y el bloqueo económico-militar de 14 ejércitos imperialistas al primer Estado Obrero de la historia obligó a los bolcheviques a dirigir una descarnada guerra civil contra las fuerzas de la reacción. El costo de la victoria fue muy alto.

El aislamiento económico, la derrota de la revolución mundial, la herencia de siglos de atraso, cuatro años de la Primera Guerra Mundial sumados a los tres años de insurrección y guerra civil. [2] Estas condiciones fueron el caldo de cultivo para el surgimiento de la burocracia estalinista, una capa parasitaria que surgió en el Estado y se expresó al interior del Partido Bolchevique, encumbrándose en el gobierno soviético.
El desarrollo de las fuerzas productivas –expresión de la superioridad de la economía planificada y del propio estado obrero– y la administración del estado permitió a esta casta acceder y mantener privilegios en el terreno de la distribución y el consumo, que no tenía ni gozaba de la propiedad de los medios de producción. Para garantizar esto, se consolidó el autoritarismo y la expropiación política de los trabajadores, impidiendo todo atisbo de democracia proletaria; se avanzó a una planificación burocrática de la economía y se impulsó una política exterior profundamente conservadora y reaccionaria.

Para 1924, Stalin planteó, abiertamente, la concepción de “Socialismo en un Solo país” [3] en oposición al internacionalismo bolchevique y la teoría de la Revolución Permanente. Gregory Zinoviev, sostuvo que la Unión Soviética, aun enfrentando un largo aislamiento, lograría un proceso considerable de construcción socialista, pero siendo pobre, atrasada y expuesta a peligros externos e internos, no tenía esperanzas de alcanzar el socialismo pleno. En este punto, estaba en juego la orientación del Partido Comunista, pues suponer que la URSS podría construir el socialismo en un solo país, era abandonar la perspectiva de la revolución internacional, y abandonarla implicaba negarse a laborar por ella y privilegiar los pactos y alianzas con sectores de la burguesía internacional, obstruyendo la extensión de la revolución a otros países. [4]

En este sentido, Lenin siempre apostó por la vía internacionalista, pues consideraba que “Nosotros siempre subrayamos que vemos las cosas desde un punto de vista internacional y que es imposible llevar a cabo en un solo país una empresa como la revolución socialista” y luego continuó afirmando lo siguiente “La victoria completa de la revolución socialista es inconcebible en un solo país, pues ella requiere la cooperación más activa de varios países, entre los cuales no se puede contarse a Rusia”. [5]

Esta concepción nacionalista y conservadora partía del supuesto de que en Rusia se había logrado un salto a una forma socialista básica de organización societal. Pero esta suposición es errónea, ya que, desde los tiempos de Marx, se concebía como prerrequisito del socialismo el amplio desarrollo de las fuerzas productivas a nivel internacional y con una riqueza material, suficientemente, alta para cubrir todas las necesidades sociales, espirituales y culturales.

Justamente, en Rusia esto era lo que no existía, por el contrario, la nación estaba sumergida en la pobreza generalizada. Aunque la producción estaba nacionalizada, el consumo estaba restringido por la escasez y las relaciones sociales seguían regidas por la ley de valor. Aún más, la construcción socialista debía partir del punto más avanzado en el desarrollo capitalista, que era justamente la internacionalización de las fuerzas productivas, por lo cual solo a esa escala se podía concebir un sistema social superior.

Trotsky, en su crítica hacia esta posición política, sostuvo que:

Se reduce a la concepción extraña a la historia y más bien estéril, de que las riquezas naturales de la URSS permiten construir el socialismo dentro de sus fronteras geográficas… En realidad, la nueva teoría trataba de imponer una consciencia social que…la revolución había terminado definitivamente: las contradicciones sociales tendrán que atenuarse progresivamente: el campesino rico será asimilado […] la evolución seguirá siendo regular y pacifica. [6]

Pretendió ocultarse que las revoluciones sólo pueden ser por la fuerza, pues no hay otra manera de desalojar a las clases poseedoras del poder, ya que se resistirán con uñas y dientes a la perdida de sus privilegios. Al final, el socialismo en un solo país no cumplió con lo prometido, sino que desembocó en su contrario, hecho verificable a partir de la disolución de la URSS y la restauración burguesa de la década de los 80 y 90. Trotsky lo anticipó de la siguiente manera en 1936:

Las normas políticas y jurídicas establecidas por la revolución ejercen, por una parte, una influencia favorable sobre la economía retrasada y sufren, por otra, la acción deprimente de un medio retrasado. Mientras más largo sea el tiempo que la URSS permanezca rodeada por un medio capitalista, más profunda será la degeneración de los tejidos sociales. Un aislamiento indefinido provocará infaliblemente, no el establecimiento del comunismo nacional, sino la restauración del capitalismo. [7]

Sobre la legalidad revolucionaria

Desde 1917 los soviets se erigieron como los órganos legislativos locales que tenían los decretos como principal herramienta. Su legitimidad venía no de una constitución (según Umberto Cerroni pocas veces se hacía referencia a la constitución soviética de 1918) [8], sino de la política y acción revolucionaria de las masas y del partido bolchevique. Los decretos tenían, a su vez, el objetivo de generar una organización práctica y ágil dirigida a la población de obreros y campesinos. El soviet tenía la forma de una cámara única, legislativa, ejecutiva y judicial a la vez.

Recordemos que los Soviets (consejos) eran organismos de autoorganización de las masas trabajadoras y campesinas. Eran una forma de democracia directa de los productores, en donde en cada centro de trabajo y aldea se elegían representantes, luego de una discusión y votación, se encargaban de ejecutar los mandatos de la base. Estos representantes eran revocables en todo momento y responsables ante sus electores. Una de las más destacadas características de los Soviets, fue que su poder de decisión alcanzó todos los aspectos de la vida política y económica durante los primeros años de la revolución, lo que les permitió expresa el sentir de las masas como nunca antes en la historia.

Luego de la Revolución de Octubre, el nuevo régimen no operó como una democracia parlamentaria, sino basado en la democracia de los soviets, así, la redacción de extensas leyes y códigos no fue una prioridad; sin embargo, los grandes problemas políticos como los conflictos de la vida cotidiana que exigían la intervención estatal seguían existiendo. Para dar una salida, lo primero que se intentó fue que los jueces populares resolvieran los litigios según su “sentimiento de justicia socialista”.

Esta etapa fue denominada por P. I. Stucka como Legalidad revolucionaria. [9] Cuando un territorio caía en manos de los rojos y se empezaba a organizar la vida cotidiana y las nuevas relaciones de propiedad, la aplicación práctica de la política revolucionaria se enfrentaba a problemas previstos e imprevistos. Los revolucionarios tuvieron que aplicar una noción de legalidad; [10] no obstante, al ser un tanto ambiguo el término generaba cuestiones sobre cómo debía ser la impartición de justicia o si debía organizarse un sistema judicial, por ejemplo.

Empero, no nos encontramos ante una simple adjetivación lingüística, sino a una delimitación política respecto a otras clases. La apropiación de la idea y la práctica implica, al mismo tiempo, mostrar sus límites en función de las relaciones de producción y relaciones de propiedad. En el caso de la Revolución Rusa, “legalizar” no significó solamente seguir rígidas cadenas de validez de normas abstractas, sino motivar procesos de discusión, organización y lucha colectiva con el objetivo de eliminar la explotación. He aquí la fundamentación objetiva, la que funge como premisa para la creación y la aplicación concreta de normas.

El 22 de noviembre de 1917 se promulgó el Decreto núm. 1, referente a los tribunales. Se abolieron todos los tribunales prerrevolucionarios, se abrogaron las leyes que contrariarían los principios de la revolución, pero se permitía aplicar las normas que fuera acorde con la revolución y con la “consciencia jurídica revolucionaria”. [11]

Luego, en marzo de 1918 se fundaron los tribunales populares. Los jueces y demás trabajadores judiciales recibían el salario promedio de un obrero y su actuar estaba en constante escrutinio por parte de los votantes que los habían elegido para la función y, en todo momento, podían ser removidos del cargo. Esta forma de proceder garantizó que los puestos judiciales no fueran objeto de codicia, por parte de sujetos que los buscaban sólo por las altas remuneraciones y el poder político que representaban.

En esta etapa, los jueces elegidos para los tribunales populares eran obreros y soldados, en parte porque la mayoría de los abogados estaban impregnados por la ideología burguesa y se negaban a ejercer los cargos, pero la razón más de fondo de esta situación era el carácter social de la revolución. Puesto que los trabajadores ahora dirigían sus destinos, también tomaron en sus manos el problema de la impartición de justicia. Stucka señalaba que casi no existían conocimientos técnicos de parte de los nuevos jueces, no obstante, al final lo que se analizaba eran relaciones humanas y cualquier persona era capaz de cumplir con esa tarea. [12]

Cuando los obreros leyeron las leyes ya tenían incorporado en su ser el programa revolucionario, entonces fueron capaces de resolver y dictar sentencias verosímilmente bien. Si un caso requería de conocimiento especializado para su solución, se recurrieron a los técnicos jurídicos, pero estos siempre controlados desde la base. Así fue posible afrontar muchos de los problemas de la cotidianidad que, si bien mostró tener algunos problemas como la falta de planificación de la impartición de justicia, fue un avance respecto a la justicia burguesa que nunca solucionaba los grandes problemas de fondo.

La legalidad “socialista” como colofón del socialismo en un solo país

En el duro contexto económico, político y social de inicios de los 20 del siglo pasado, los bolcheviques impulsaron la llamada Nueva Política Económica (NEP). Los mismos revolucionarios consideraban abiertamente que, al abrir el juego al comercio privado y permitir de manera muy acotada ciertos mecanismos propios de la economía capitalista, representaba un retroceso obligado y coyuntural. En ese contexto, y al calor de las tendencias a la burocratización ya planteadas, la idea de la “legalidad socialista” empezó a tomar mucha fuerza. Para 1922 empezaron a promulgarse los códigos civil, familiar, laboral, forestal, entre otros, así como sus respectivos pares de procedimientos. Al autorizarse el comercio privado, la contratación de mano de obra y la propiedad privada de ciertas industrias, se volvió una necesidad técnica y política tener codificaciones que permitieran la resolución de conflictos. Así, se reveló que el fortalecimiento de la forma jurídica va de la mano del fortalecimiento de la circulación mercantil, de las relaciones de propiedad capitalista y el decaimiento de la democracia directa de los productores.

Cerroni señala que, en 1922, Lenin declaró que era necesario respetar la legalidad socialista y poner fin al localismo, instaurando una legalidad “única”, [13] centralizada, debido a que el adjetivo “revolucionario” se había convertido en una muletilla, al que se le atribuía condiciones casi místicas, capaz de justificar cualquier acto. Es decir, Lenin, consideraba que la legalidad socialista tenía el mismo carácter transicional que el Estado y la NEP, que debía usarse, pero sólo por un tiempo en lo que se daba la recuperación económica, la reconstitución de la democracia soviética y el estallamiento de la revolución en occidente, así la legalidad socialista se iría extinguiendo junto con el Estado, por supuesto que los bolcheviques declaraban que este proceso podía tardar muchos años, pero al final sucedería.

La organización del poder en una sociedad en transición también requiere de normas estandarizadas y una serie de pasos formales, para ser considerado válido en su sentido material. Esta situación implica la disciplina, es decir, el cumplimiento certero y permanente de actividades designadas y en caso de incumplimiento, se aplicaba la sanción correspondiente.

Las reglas formales a veces pueden parecer estrechas, restrictivas, triviales o burocráticas, cadenas que pueden atar el trabajo y el pensamiento libre, pero no necesariamente deben ser así, ya que dependen del programa político al que estén ligadas. No es lo mismo obedecer normas que imponen la dominación capitalista que normas que busquen la liberación de esa dominación. La formalidad jurídica es un instrumento, no es único por supuesto, para que se cumplan los acuerdos, que pueden combatir el capricho de ciertos individuos o la abierta insubordinación contra las decisiones de la mayoría. Asimismo, el respeto a las decisiones no puede basarse solamente en la confianza entre los miembros de un colectivo, sino requiere referenciarse a procedimientos previamente establecidos en el programa político.

Aquí se abrió un debate, pues por un lado había algunos que aseguraban que las leyes debían someterse a un “fin revolucionario”, lo que implicaba la posibilidad de desobedecer la ley siempre y cuando se cumpliera con este “fin”. El contraargumento fue que los que exigían el “fin revolucionario” en el fondo deseaban el privilegio de la “excepción”; o sea, la capacidad de desobedecer las normas sin consecuencia alguna.

A la larga, el finalismo fue utilizado por el estalinismo para romper con la legalidad revolucionaria y socialista, tanto la posrevolución de octubre como la que se construyó en tiempos de la NEP, acomodando la legalidad a las necesidades de la burocracia reinante.

Criticando esta postura, Trotsky señaló que la relación entre el “fin” y los “medios” es mucho más compleja y no admite el argumento simplista “el fin justifica los medios”. El revolucionario ruso afirmó que “Quien dice que el fin justifica los medios, dice también que el fin ‘rechaza’ ciertos medios por ser incompatibles con él. El socialismo no puede favorecer por medio del fraude, el engaño y la adoración a los ‘jefes’ que humillan a las masas, ni puede imponerse a los obreros contra su voluntad. Para que crezca trigo hay que sembrar un grano de trigo.” [14]

Hacia la segunda mitad de la década de los 20, la lucha política al interior del partido gobernante desembocó en la victoria de la fracción estalinista y la imposición de la política de “Socialismo en un solo país” que, a su vez, implicó el fortalecimiento de la maquinaria estatal. Su principal teórico y técnico jurídico era Adrei Vyshinski [15] quien elabora la versión estalinista de la legalidad socialista y que, a la postre, fue la perspectiva que dominó en todo el campo del “socialismo real”.

Partiendo del llamado marxismo-leninismo desarrollado por la burocracia estalinista como la ideología dominante sobre el proletariado, Vyshinski indicó que “las normas jurídicas expresan las condiciones de vida material y la dominación de clase que en ellas están contenidas. El punto de inicio de las relaciones legales, religiosas, políticas y su desarrollo están definidas por la estructura económica. El derecho es una superestructura”. [16] Cómo es posible apreciar, se parte de una visión mecánica entre las diferentes dimensiones de la realidad, pues hay un determinismo total, de lo económico respecto a lo jurídico, político, etc.

A diferencia de Stucka y Pashukanis, que vincularon en última instancia al derecho con la forma de producción capitalista, Vyshinsky negó los aportes marxistas y reivindicó como única definición correcta una idea formalista. Lo que lo acercaba más al positivismo de Hans Kelsen.

A partir de esta definición simplista, propia del dogma estalinista, se construyó una idea degenerada y burocrática de la legalidad socialista, Vyshinsky piensa que:

El estado soviético es la forma históricamente integrada del estado durante el período de transición del capitalismo al comunismo. Es el más poderoso factor más decisivo de la construcción socialista. Garantizó a las masas del pueblo tal desarrollo de sus poderes creativos en todos los campos de construcción social, económica y estatal como condicionó aún más los triunfos del socialismo en la URSS triunfa ahora como parte de la historia mundial. [17]

Con esto, se parte de un unívoco: que en la Unión Soviética ya se encontraba en la fase socialista. [18] Esta situación no es sostenible si recordamos que el socialismo implica, por una parte, la abundancia de los medios materiales para acabar con la esclavización del trabajo asalariado; por otra, también presupone la más profunda consciencia de construir el socialismo por medio de la democracia obrera que dirija los asuntos políticos, como la producción de la vida en general. La existencia del socialismo en Rusia es insostenible si consideramos los elementos planteados al inicio de este trabajo, que en realidad recogen las consideraciones en las cuales coincidían todos los marxistas rusos antes de 1924. Lejos de tener cualquier sustento teórico, el socialismo en un solo país y la llamada “legalidad socialista” son ideologías justificatorias de la burocracia estalinista, le sirven para imponer la idea de que su programa se identificaba con el programa socialista con la intención de legitimarse. En este caso, al asignarle un papel descomunal al Estado, pretendían encubrir sus privilegios.

Con esto podemos identificar a la legalidad socialista con el socialismo en un solo país:

La Constitución de Stalin significa el último fortalecimiento del orden soviético, de la dictadura proletaria, que descansa sobre una base socialista aún más poderosa que la que jamás había existido en los veinte años anteriores de la historia de nuestra revolución socialista. Lo revela la esencia última de la democracia socialista, que es la consecuencia directa del triunfo de la dictadura proletaria y la integración del desarrollo del orden estatal socialista soviético… La solución de los grandes problemas es posible sólo con la condición de tener un Estado poderoso e invencible. [19]

En seguida, tratando de explicar y justificar el tipo de sociedad desigual y el derecho que se estaba dando en la URSS, Vyshinsky dijo que “El cerco capitalista es un hecho real, cuyo significado para la construcción socialista en la URSS no debe ser en lo más mínimo grado subestimado. Stalin expuso la esencia de esta cuestión en el XVI Congreso del Partido (1930) cuando demostró que ‘el cerco capitalista no es una mera noción geográfica.’” [20] Entonces, por decreto se estableció, dentro de sí, la existencia de un orden socialista: la Unión Soviética.

Así, el Procurador de la URSS reivindicó la necesidad de la “legalidad socialista”, un aparato estatal capaz de garantizar estabilidad social; es decir, la política del socialismo en un país específico. Consideró que se necesita un Estado y su maquinaria de represión, pero no tocó la cuestión de los cambios en las relaciones de producción, en eliminar la mercancía y la ley del valor, en la democracia obrera, sino que todo se trata de fortalecer la fuerza militar, el aparato represivo y los altos puestos burocráticos.

Nos encontramos ante una antinomia, ya que los trabajadores tenían garantizado el derecho de ejecutar las normas y órdenes emitidas desde arriba, pero no a discutirlas ni aprobarlas. Hay una expropiación de la política, pues al evitar las discusiones se perpetuaba un profundo autoritarismo.

Asimismo, se consolidaba una mediación jurídica creada contra los trabajadores, cuya normatividad no era posible violar pues había sido creada –en apariencia– por la propia sociedad socialista, que la ideología dominante (el marxismo-leninismo) se encargaba de identificar con el aparato de Estado. Esta confusa interpretación intentó eliminar, discursivamente hablando, las contradicciones que vivía la sociedad soviética, donde la pobreza se había generalizado y se afianzaron las prerrogativas de la burocracia.

Por último, los debates que hemos sintetizado tuvieron como fin recuperar una polémica poco estudiada entornó al derecho y el Estado en la URSS. De ahí, que tratamos de responder a la pregunta de cómo fue el proceso político y social que dio como resultado la legalidad en su fase revolucionaria, socialista y burocrática. Este debate, a su vez, se encuadró en una de las grandes polémicas de la posrevolución de octubre: la perspectiva marxista que impulsaba el internacionalismo proletario versus el socialismo en un solo país. El problema sobre la legalidad en la URSS también implicó preguntas de orden práctico de cómo debía organizarse la maquinaria estatal bajo el poder de obreros y campesinos.

Así se reveló que, después de la primera etapa de la revolución, era de suma importancia la disciplina y el cumplimiento de la ley de parte de los trabajadores; es más, quedó evidenciado que la construcción socialista requiere mayor disciplina, consciencia y acatamiento de la norma que en el capitalismo. Sin embargo, la burocracia estalinista usó a su conveniencia la disciplina y abnegación que se habían construido, declarando eternos conceptos y prácticas que originalmente se veían sólo como transitorios. La legalidad “socialista” fue un ejemplo de esta situación. Al final, los altos burócratas aseguraron privilegios y fueron actores activos de la restauración burguesa de 1991 en la Unión Soviética.