Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2020 más de 2,7 millones de personas murieron en el mundo a consecuencia de accidentes y enfermedades laborales. Si a esta cifra sumamos las 7.000 muertes de profesionales sanitarios que fallecieron por la pandemia, el total asciende a 3,4 millones de muertes registradas pr accidente o enfermedad laboral.

En el Estado español, tomando los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, vemos que las cifras de accidentes laborales son alarmantes. En 2020 se produjeron 485.365 accidentes laborales con baja, un 23,6% menos que en 2019; sin baja, se registraron 518.979 accidentes laborales, un 28,3% menos respecto al año anterior. Auqnue ambas cifras son menores que el año anterior no dejan de ser significativas. Sin embargo, llama la atención, el número de accidentes mortales que sí aumentó con respecto al año anterior de 542 a 595. Un verdadero crimen social.

Estas cifras alarmantes, que sin embargo, deben ser puestas en cuestión, puesto que la realidad de la siniestralidad laboral ofrece un panorama real más grave. Estas cifras deben ser tomadas como “aproximativas”, puesto que el mundo laboral del Estado español ha impuesto una serie de filtros que reducen con mucho nuestro conocimiento de la siniestralidad real, dejando fuera a todas aquellas muertes que se dan bajo circunstancias de economía sumergida.

Unas cifras, y su aumento, que chocan al tratarse de un año particular, en el que ha habido un parón de la economía importante y en especial de algunos de los sectores que mayor mortalidad por accidente laboral registraban. Es por ello que las cifras son aún más alarmantes e indican que si la explotación, mata; la precariedad lo hace aún más. Es en este mismo año en el que la sed de mantener las ganancias por parte de los empresarios, ha hecho que la precariedad aumente especialmente.

Hace pocos días se viralizó en redes sociales la denuncia que hacía un familiar de un joven de 19 años que murió trágicamente a causa de una negligencia laboral. En este caso, como en muchos otros, la prevención de riesgos laborales no existía en la empresa donde trabajaba este joven. El impacto del caso generó gran indignación en redes sociales y en la ciudad donde sucedió, Cornella, donde hubo movilizaciones.

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El caso de este joven responde a una realidad que nos puede tocar un día u otro a toda la clase trabajadora. La desidia y la codicia de la patronal y las administraciones que les protegen no tiene muchos reparos en pasar por encima de nuestras vidas. No podemos seguir dejando que la crisis, y la voracidad sin escrúpulos de los empresarios, nos cueste diariamente nuestra salud e incluso nuestra vida. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.