Este lunes, miles de dominicanas inundaron las calles de Santo Domingo exigiendo su derecho a decidir. La marea verde llegó al Mar Caribe para denunciar la criminalización que existe sobre quienes intentan decidir sobre sus cuerpos y maternidades, imposibilitadas de interrumpir embarazos de riesgo para la madre, el feto o cuando son producto de violación.
Esta marcha fue parte de las acciones impulsadas por el campamento feminista que mantiene presencia permanente hace dos meses afuera del Palacio Nacional, a la luz de la discusión de la iniciativa de despenalización en las cámaras legislativas. La de Diputados aprobó un tramposo borrador para modificar el Código Penal dominicano, que plantea que los embarazos podrán interrumpirse cuando corra riesgo la vida materna siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos médicos posibles.
Es muy probable que ese borrador sufra sensibles modificaciones por parte de los grupos provida que cuentan con representantes en los distintos partidos del Congreso que, como se expresó en la primera votación, impedirán a toda costa el avance de la despenalización en “defensa de las dos vidas”.
Aun así, todavía requiere la aprobación de la cámara de senadores y del presidente Abinader, integrante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien ha declarado en múltiples entrevistas que apoyaría la despenalización bajo estas tres causales, pero que desaprueba el “aborto libre”. Este tema es muy polémico en una sociedad con fuerte influencia conservadora, al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No obstante, también ha anunciado que someterá la decisión a un referendum popular, anulando la posibilidad de que las mujeres y personas gestantes decidan sobre sus propios cuerpos, y demostrando que su “apoyo” al derecho a decidir es más retórico que verdadero.
En el continente, solo algunos países como México, Cuba, Puerto Rico, Guyana, Ecuador- y Uruguay contemplan algunas causales para la interrupción legal del embarazo. República Dominicana, al igual que la gran mayoría de los países de América Latina prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus causales, siendo las secuelas de abortos clandestinos una de las primeras causas de muertes maternas en la región.
La despenalizacción sería un gran paso en la conquista del derecho a decidir, pero es insuficiente para garantizarlo. Hace falta exigir al Estado que financie y otorgue todos los recursos necesarios para implementar este derecho en cada clínica y hospital del país, sin ninguna objeción de conciencia por parte del personal médico.
Recuperando las lecciones de la Marea Verde argentina, las dominicanas no pueden depositar ninguna confianza en un gobierno que tiene pactos con las Iglesias y los empresarios, pueses claro que no otorgará beneplácitamente el derecho a decidir. Solo siendo miles organizadas y en las calles, codo a codo con quienes enfrentan los mandatos patriarcales, como las personas LGBT+, junto a la clase trabajadora y popular que se lleva la peor parte de la penalización (pues mientras las ricas abortan, las pobres mueren) podremos arrancar este derecho al aborto legal, libre, gratuito y seguro en República Dominicana y en todo el continente.
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